Un tribunal aceptó ayer las denuncias que fueron formuladas contra el ex Presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y otras seis personas, acusadas formalmente de intentos de "obstrucción a la justicia" vinculados al escándalo de Petrobras.

Esas acusaciones fueron aceptadas a trámite por el juez federal Ricardo Leite y afectan a Lula, al ex senador del Partido de los Trabajadores (PT) Delcidio Amaral y a su asesor Diogo Ferreira, al banquero André Esteves, el empresario José Carlos Bumlai y a su hijo Mauricio Bumlai, y al abogado Edson Ribeiro, según confirmó el tribunal.

Los cargos se refieren a supuestos intentos de soborno a uno de los ex directivos de Petrobras implicados en las corruptelas en esa estatal, a cambio de que se negara a cooperar con la justicia en las investigaciones.

La acusación, que por primera vez convierte a Lula en reo de la justicia, fue aceptada un día después de que el ex Mandatario acudiera, a través de sus abogados, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, con sede en Ginebra, para denunciar que es víctima de una "persecución política y judicial" en Brasil.

La base del proceso está en un acuerdo de cooperación que el ex senador Amaral pactó con la justicia, por medio del cual denunció que Lula le encargó pagar 250 mil reales (unos US$ 77 mil) para "comprar el silencio" del ex director de Petrobras Nestor Cerveró, arrestado por el caso de corrupción en la petrolera estatal.

Amaral, quien era el jefe del oficialismo en el Senado, también implicó en ese asunto a la Presidenta Dilma Rousseff, suspendida de sus funciones desde el 12 de mayo pasado para responder a un juicio de destitución. Rousseff no fue citada en el proceso iniciado ayer por el juez Ricardo Leite.

Según la denuncia presentada por el Ministerio Público, los otros acusados en este caso colaboraron con ese intento de soborno, con lo que responderán por el mismo cargo de obstrucción a la justicia que ahora pesa contra Lula, uno de los líderes más carismáticos que ha tenido Brasil y quien gobernó entre 2003 y 2011.

Queja ante la ONU

Poco antes de que se conociera la decisión del tribunal, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU confirmó que recibió la queja anunciada el jueves por Lula da Silva por "persecución judicial".

Fuentes del Alto Comisionado explicaron a la agenia de noticias EFE que el personal de la Oficina examinará la petición, hará un resumen legal de la misma y la enviará a los miembros del Comité de Derechos Humanos para que la examinen.

Los miembros examinarán si puede ser registrada o no en función de varios criterios, como si se agotaron todas las opciones legales en el país sudamericano, entre otras. Si el Comité decide registrarla, entonces se convierte en un caso pendiente.

Duración del proceso

El proceso, que es confidencial, podría durar hasta dos años, dado que el Comité tiene 500 casos pendientes. Una vez registrada la queja, los miembros analizan primero si la se puede admitir a trámite o no.

Si es admitida, los integrantes analizan si ha habido alguna violación de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de la cual Brasil forma parte.

El Comité no es un órgano permanente, sino que se reúne de forma regular tres veces al año y analiza en promedio 40 casos por sesión. Los miembros son los que deciden el orden y pueden decidir avanzar un caso concreto, por ejemplo cuando una persona esté condenada a la pena de muerte o esté a punto de ser expulsada de un país.