Rodrigo Alarcón

La que pasó fue una semana crítica para el futuro de la Reforma Educacional, luego del anuncio presidencial de que el proyecto entraría sin urgencia al Congreso. Hay dos aspectos centrales que han concitado la atención: la gratuidad y la fijación de aranceles. El proyecto de ley entra al Legislativo sin el respaldo de los rectores de planteles tradicionales, quienes, entre otras cosas, critican que sigue manteniendo la educación superior bajo un modelo de mercado y sin un rol estatal gravitante, sobre todo en lo que respecta a las universidades estatales.

Uno de los más críticos con el proyecto fue el rector de la Universidad de Los Lagos (ULagos), Oscar Garrido, quien plantea que estas universidades funcionan en desventaja en el sistema actual y que la Reforma tampoco asegura que las privadas sigan quedándose con el pedazo más grande de la torta de recursos que reciben de la banca y del Estado.

-¿Qué postura tuvo la ULagos dentro del Cruch frente a la propuesta de Reforma Educacional?

-Nosotros la semana pasada en el Consejo de Rectores en Talca tuvimos acceso a la minuta con los asesores del Ministerio de Educación y, francamente, las estatales le quitamos el piso al proyecto. Las principales críticas que le hicimos son, primero, que no parece configurado en el proyecto de ley un verdadero sistema universitario. Si se avala un sistema mixto, uno esperaría que (la matrícula) sea un 50% privado y un 50 por ciento estatal. Pero en Chile la matrícula de las estatales no supera el 15 por ciento. Y ese porcentaje está determinado por la Ley de Universidades de 1981, que colocó restricciones para que el sistema estatal creciera con la finalidad de que el sistema privado fuera un referente importante.

-Apenas un 15 por ciento....

-Esa es una de las peleas nuestras. Nos parece que la reforma tiene que considerar condiciones de base para que el sistema estatal crezca más. No es posible que hoy día en las postulaciones un 48 por ciento de estudiantes que, pudiendo entrar, no puedan ser recibidos en las universidades estatales por falta de infraestructura o por vacantes que están limitadas en términos de crecimiento. Otra es que el proyecto no indica cuándo realmente se concretará la gratuidad universal. Un tercer aspecto crítico es que nosotros buscamos que el Estado se apropie de sus universidades y las mandate con un financiamiento basal a cumplir tareas relevantes para el desarrollo del país y regiones.

-Da la impresión que antes el Consejo de Rectores estaba mucho más monolítico que ahora. ¿Hay división en su interior?

-Claro que tenemos posturas distintas. Y es que en el Consejo convergen 18 universidades del Estado y 9 universidades privadas tradicionales. Ello, a pesar de que reciben recursos del Estado y más inclusive que las propias estatales. De hecho, reciben un tercio más de recursos. Además, las estatales tienen que rendir cuentas a través de Contraloría. Están sometidas a la Ley del Lobby, a la Ley de Transparencia y cada peso público que entra a una estatal nosotros tenemos que rendirlo y ellos no. Por eso consideramos que todo recurso del Estado que ingrese a una univerdad debiera someterse a rendición.

-¿Juegan en desventaja?

-Efectivamente, porque tenemos mayores limitaciones. Estamos muy amarrados con el control administrativo y por eso, otra de las consideraciones que planteamos, es flexibilizar la normativa vigente porque nosotros formamos personas, a diferencia de un municipio, por ejemplo, o de otros servicios públicos.

-¿Estas divisiones al interior de Cruch no debilitan su gestión?

-Por nuestro quehacer, evidentemente tenemos un mayor nivel de proximidad con las universidades tradicionales privadas del Consejo de Rectores, el G9. Por otro lado, hemos tenido un sistema bastante jibarizado en Chile a través de la Ley General de Universidades y eso obviamente evidencia diferencias. Por eso nos preguntamos cómo se justifica que antes de 1981 la matrícula de las estatales en Chile era del 40 por ciento y hoy estamos en 15%.

¿Y por qué según usted?

-Por las restricciones propias de la ley del '81 que impidió el crecimiento de las estatales. Se les restringió crecer para generar un sistema de mercado con más participación del mundo privado en educación superior. Pero esas diferencias no son para asustarse. Jamás ha estado en riesgo su quiebre.

Aranceles

-¿Cuál es su postura sobre la gratuidad?

-Las estatales creemos en la gratuidad. De hecho, nosotros éramos de la idea que ésta partiera primero con las universidades del Estado, como ocurre siempre en otros ejemplos internacionales. Hoy en Chile está prohibido lucrar con la educación superior, pero se lucra. Y tenemos 12 universidades privadas que están siendo investigadas por la Fiscalía y por el Ministerio de Educación.

-A su juicio, ¿cómo se explica eso?

-Es que aún cuando la ley lo establece jamás se ha generado un cuerpo legal que permita efectivamente aplicar sanciones al lucro. Entonces, muchas de estas universidades investigadas han generado empresas relacionadas a las que transfieren recursos, como las inmobiliarias, y luego se reparten esas utilidades. Por eso decimos "creemos en la gratuidad, pero debe haber un marco que regule". Primero distingamos cuáles son universidades y cuáles no. Entonces, hace falta un marco regulatorio que no tenga estos resquicios legales para lucrar.

Yo puedo mencionar como ejemplo a las universidades Santo Tomás, San Sebastián, Andrés Bello, AIEP, Universidad de las Américas, Viña del Mar, Diego Portales, Autónoma, sólo por nombrar algunas, que están siendo investigadas por lucro.

-¿Qué opinión tiene de la fijación estatal de aranceles?

-Yo estoy de acuerdo con que se fijen aranceles regulados, pero diferenciados en base a la realidad de cada institución. Me parece que todas las instituciones que reciban plata del fisco deben estar sujetas a algún tipo de rendición de cuentas.

-¿Y eso garantiza la calidad?

-Es que eso es relativo. Yo tengo mi opinión, pero creo que lo más idóneo sería que el sistema pueda mezclar, por ejemplo, a alumnos de distintos estratos sociales, de distinto origen y que su futuro no esté determinado por dónde estudió ni de dónde viene.

-¿Cuánto afecta politizar esta discusión para llegar a un acuerdo?

-Es que una discusión de este tipo tiene una variable ideológica importante. Pero creo que Chile hoy debiera plantearse que hay muchos aspectos de la sociedad donde tenemos poca presencia del Estado, no sólo en la educación, sino en salud, previsión y otros. El proyecto no entra con urgencia y se va a discutir de aquí a marzo.

-¿Quedará su aprobación al próximo Gobierno?

-No, creo que se va a resolver en este período. Yo diría que se van a buscar los acuerdos. El planteamiento de las universidades estatales es generar simetría entre el mundo público y privado.

15 por ciento de la matrícula de alumnos del país pertenece a las universidades estatales. Sus rectores sostienen que se debe a restricciones impuestas por la Ley General de Universidades.

60 universidades existen hoy día en Chile. De ellas sólo 18 son estatales y 9 privadas tradicionales que integran el Consejo de Rectores. Las 33 restantes son privadas no miembros de Cruch.

12 planteles privados no miembros del Consejo de Rectores están siendo investigados por lucro por el Ministerio de Educación. La actividad está prohibida, pero se persiguen resquicios legales para retiros.