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Presidente y directorio de la ANP se renuevan en su cargo por dos años

PRENSA. Ricardo Hepp continuará a la cabeza de la mesa directiva del gremio.
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La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) realizó ayer su Junta General de Socios, en la que se confirmaron por dos años más en sus cargos a los miembros del directorio.

Este directorio, a su vez, ratificó en su cargo por un nuevo periodo de dos años al presidente de la ANP, Ricardo Hepp Kuschel, quien seguirá a la cabeza junto a Alvaro Caviedes (Consorcio Periodístico de Chile S.A.), Juan Jaime Díaz (El Mercurio S.A.P), Ricardo Puga (Antonio Puga y Cía. Ltda.) y Felipe Conn (B y C Revistas Ltda.) como miembros de la mesa directiva.

La Asociación Nacional de la Prensa, conformada por 97 medios de comunicación entre diarios impresos, digitales y revistas, realiza su junta general una vez por año y en este último encuentro dio a conocer su memoria anual, los nuevos medios asociados -Publimetro y El Libero- y se aprobaron las actas de la junta.

Asimismo, se trataron temas relacionados a la industria, como la libertad de expresión y la exposición de los medios de comunicación frente a la violencia en las zonas de conflicto de La Araucanía.

En la noche de ayer, la asociación gremial tenía previsto celebrar, además, sus 65 años de creación con la Cena de la Prensa en CasaPiedra.

Como es tradición, a la cita fueron invitados ministros de Estado, embajadores, parlamentarios, académicos y altos ejecutivos del mundo privado.

En el evento, que se realiza cada dos años, estaba previsto reconocer a Jorge Babarovic por ser el miembro del directorio más antiguo en ejercicio, quien está próximo a cumplir 40 años en funciones ininterrumpidas como representante en Santiago de los diarios "La Prensa Austral" y "El Magallanes".

Así también, se esperaba destacar al diario El Mercurio de Valparaíso como el más antiguo de Chile y de Hispanoamérica, al circular desde el 12 de septiembre de 1827.

Consejo de Rectores respalda que el Estado regule aranceles

PROYECTO. Las universidades públicas, en tanto, restaron apoyo a la reforma asegurando que "consolida la mercantilización".
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Mabel González

El Consejo de Rectores (CRUCh) respaldó ayer que el Estado regule los aranceles de todas las universidades que reciban recursos fiscales, estén o no en la gratuidad, como contempla la reforma a la educación superior, que ingresaría al Congreso la próxima semana.

"En un sistema de gratuidad y de amplio financiamiento público, tiene que haber una regulación que establezca una proporción entre las diversas necesidades de formación y los costos que estas tienen", sostuvo el vicepresidente ejecutivo del CRUCh, Aldo Valle.

El rector de la Universidad de Valparaíso criticó que lo que ha regido hasta ahora en el sistema de educación superior chileno sea la "libertad de precios sin control alguno", lo que en su opinión ha perjudicado a los estudiantes y sus familias.

Por eso el académico enfatizó que "queremos que la reforma sea explícita (en este tema), particularmente si el Estado va a seguir transfiriendo recursos fiscales a instituciones de carácter privado, que no pueden quedar en libertad para fijar los montos de los aranceles".

Valle reprochó, no obstante, el hecho de que la iniciativa no fortalezca a las instituciones que hoy no reciben aportes basales, que son principalmente de regiones. "Esa es una manera efectiva de fortalecer la educación pública y de ser consecuentes con lo que el programa de Gobierno estableció, que era fortalecer la educación pública; eso no está ocurriendo", afirmó.

El plazo autoimpuesto por el Ejecutivo para ingresar al Congreso el proyecto de educación superior concluía ayer. Sin embargo, trámite fue aplazado por novena vez y finalmente se concretaría el próximo lunes.

Al día siguiente de conocer el detalle del texto, el Consorcio de Universidades del Estado (CUECh) le quitó respaldo ayer a la iniciativa, asegurando que no recoge "ninguna" de sus propuestas y remarcando que "consolida la mercantilización de la educación superior".

"Durante meses hemos entregado sólidos argumentos criticando el actual modelo universitario y ofreciendo conceptualizaciones alternativas. Con profunda preocupación constatamos que ninguna de esas propuestas ha sido recogida", manifestó el CUECh en una declaración pública.

Agregó que el proyecto "tampoco defiende los postulados iniciales impulsados por el propio Gobierno y respaldados por la ciudadanía", sino que "muy por el contrario, busca consolidar la mercantilización del sistema de educación superior".

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, respondió a estos reparos señalando que "yo creo que los rectores no conocen bien cómo está quedando el proyecto". La secretaria de Estado, citada por T13.cl, recordó que ha sostenido reuniones con todos ellos y les pidió tener "confianza en el sistema".

300 artículos

contendrá el proyecto de educación superior que ingresará el Gobierno.

3 nuevas instituciones crea la reforma: una subsecretaría, una superintendencia y el Consejo para la Calidad.

Ex ministro Jorge Insunza declara hoy ante la Fiscalía en calidad de imputado

INVESTIGACIÓN. Ex diputado PPD comparecerá ante el persecutor Carlos Gajardo por las asesorías a Antofagasta Minerals.
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El jefe de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo, citó para hoy al ex ministro de la Segpres y ex diputado del PPD, Jorge Insunza, a raíz de la investigación en su contra por presuntos delitos tributarios, cohecho y negociación incompatible.

Según consignó Emol, el ex secretario de Estado comparecerá en calidad de imputado en compañía de su abogado, el defensor público Carlos Mora.

La declaración se desarrollará a partir de las 9 horas en las dependencias de la Fiscalía de Ñuñoa.

En la instancia, el ex titular de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) podrá optar a su derecho a guardar silencio, o bien aceptar ser interrogado por el Ministerio Público respecto de los pagos que recibió de Antofagasta Minerals por asesorías prestadas a través de su firma Virtus Consultores Ltda. entre los años 2007 y 2014, cuyo monto bordea los $ 200 millones.

La Fiscalía indaga la licitud de dichas remuneraciones, ya que estas habrían sido recibidas mientras Insunza se desempeñaba como diputado y era parte de la Comisión de Minería de la Cámara Baja.

Los vínculos laborales con la empresa derivaron en la decisión de Insunza -tomada en junio del año pasado- de renunciar al cargo de secretario de Estado, en el que alcanzó a estar solo 28 días.

La Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Oriente inició la semana pasada una investigación de oficio contra la ex autoridad de Gobierno luego de reunir antecedentes de actos que podrían ser constitutivos de delitos.

Esa misma semana la PDI realizó las primeras diligencias, que incluyó la entrega voluntaria de documentos, principalmente de información contable.

La investigación de oficio se abrió luego que parlamentarios de Chile Vamos acusaran al Ministerio Público de actuar con un "sesgo político".

Desde el PPD, partido en que milita Insunza, optaron por desmarcarse del caso asegurando que la situación responde a "responsabilidades personales" que "deben ser asumidas de manera individual por quienes corresponda".

La colectividad indicó que en caso de que un militante es formalizado, "se suspende su militancia, hasta que el caso sea aclarado".