Verónica Salgado
Dos familias fueron desalojadas por Carabineros la mañana de ayer de un terreno municipal ubicado en Rahue Alto, lugar donde hasta el año pasado estuvo emplazado el campamento Nueva Esperanza, cuyas 26 familias fueron erradicadas hacia el proyecto social habitacional de Pisa Traiguén, ubicado en el mismo sector, luego de años de espera por su casa propia.
Las precarias viviendas fueron desarmadas a petición de las autoridades municipales y del Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), ya que en la zona se van a iniciar obras de recuperación del terreno justamente para evitar que nazca un nuevo asentamiento irregular en el área.
En el terreno aún permanecen dos familias realizando la ocupación ilegal, las cuales no fueron sacadas mediante el uso de la fuerza pública, ya que tienen niños pequeños.
Sin embargo, también deben abandonar el espacio municipal a la brevedad.
Sin solución
Desde las 9 de la mañana personal de Carabineros comenzó a trabajar en desarmar la mediagua donde vivía Héctor Barría, quien no opuso resistencia a la acción. El hombre explicó que llevaba poco menos de un año viviendo en la casa que compró en 100 mil pesos a una familia que pertenecía al campamento Nueva Esperanza.
"Quedé en la calle y no tengo otra opción de morada, es difícil para mí tener otra casa y estaba trabajando para tener mi casita. Pero bueno, veremos qué solución podemos tener", dijo barría.
La segunda vivienda estaba sin moradores, pero igualmente fue desarmada por personal municipal quienes trasladaron las pertenencias de forma provisoria a la espera de que sus dueños las retiren.
En el terreno municipal aún quedan dos viviendas de familias que llegaron a fines del año pasado y que tampoco han aceptado subsidios de compra de casa usada o trasladar su morada a un nuevo terreno.
Camila Jara, una de las afectadas, comentó que no confía en las ofertas de dejar el terreno a menos que sea para una casa definitiva, "es verdad que me han ofrecido diversas opciones de solución, pero no existe un compromiso firmado y nada asegura que si saco mi casa después vayan a cumplir", dijo la mujer.
Proyecto
Claudio Donoso, director de la Secretaría de Planificación Comunal (Secplan), explicó que en esa zona se realizará una obra de cierre del campamento donde se invertirán 130 millones de pesos entregados por el Serviu al municipio gracias a un convenio de colaboración entre ambos.
"Cuando hay erradicación de un campamento el Ministerio de Vivienda entrega recursos para ejecutar en el terreno alguna obra y evitar justamente que familias se vuelvan a instalar en la zona", dijo el profesional.
Precisó que el proyecto Miradores Nueva Esperanza consistirá en senderos peatonales, instalación de máquinas de ejercicios, juegos infantiles y habilitar unos miradores, todo inserto en la recuperación del área. La obra está licitada y la empresa comenzará los trabajos en estos días.
Marcelo Vera, encargado regional del Programa Campamentos del Serviu, explicó que en ningún momento se ha dejado de trabajar con las familias buscando una solución, las cuales fueron rechazadas constantemente.
Precisó que con todos los asentamientos que se logran soluciones habitacionales el trabajo se realiza durante años, "no es justo ni para los dirigentes ni las familias que hacen un tremendo esfuerzo por tener su vivienda durante años que personas que llegan a última hora obtengan beneficios similares", dijo el funcionario.
Precisó que se seguirá intentando ayudar a las familias que permanecen en el terreno, pero que lo ocurrido es parte de un problema que afecta a todos los campamentos en proceso de cierre y donde las personas no aceptan ninguna solución.
Hardy Grandjean, director regional del Serviu, argumentó que "cuando erradicamos un campamento como ocurrió en 2015, es parte de nuestra política habitacional realizar la construcción de obras para sanear el terreno, evitar que vuelvan familias a vivir y mejorar el entorno de los vecinos del sector", dijo el director del Serviu.