Los parlamentarios de la llamada banca transversal de seguridad ciudadana, acudieron ayer hasta la Iglesia de la Gratitud Nacional de Santiago, que fue saqueada durante la marcha estudiantil del jueves, y pidieron al Gobierno que le otorgue urgencia al proyecto de ley que sanciona a los encapuchados.

Durante la manifestación del jueves un grupo de encapuchados sacó de la iglesia al Cristo y la quebraron lanzándola contra el pavimento en pleno centro de la capital.

Los diputados Gonzalo Fuenzalida (RN), Claudia Nogueira (UDI) y Daniel Farcas (PPD), llamaron al Ejecutivo a darle urgencia al proyecto que ingresó al Parlamento la semana pasada y que permite detener de manera inmediata y aplicar multas de 1 a 4 UTM, a las personas que sean sorprendidas en manifestaciones ciudadanas ocultando su rostro.

El proyecto, que fue presentado por la llamaba bancada transversal antidelincuencia el pasado 31 de mayo, será analizado el miércoles en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara.

"Presidenta de Chile, Michelle Bachelet, usted es la única que puede parar esto", dijo Fuenzalida, quien añadió que "esta tramitación puede ser larga, media larga o rápida, si tiene la urgencia que usted le tiene que poner a esta ley. Esto puede transformarse en una ley que erradique finalmente a los encapuchados de las manifestaciones".

"Para terminar con los encapuchados tiene que haber una ley dura, y para ello necesitamos que el Gobierno se sume a este esfuerzo", sostuvo el parlamentario opositor.

A pesar que el proyecto plantea multas de entre 1 y 4 UTM ($43.760 a $175.040), el parlamentario aseguró que "he ido cambiando mi parecer y creo que hay que poner una pena privativa de libertad en un rango entre 541 días y 3 años y un día. Hay que poner una pena alta que sea disuasiva".

Fuenzalida afirmó que "el proyecto es muy simple", pues sólo sanciona a quienes oculten su cara en manifestaciones sociales en las que existan desórdenes públicos. "No estamos hablando de la fiesta de La Tirana ni Halloween, porque algunos van a querer caricaturizar esta discusión", aclaró.

Nogueira, por su parte, aseveró que "no basta sólo con el reproche social de los organizadores de las marchas. Ellos deben hacerse responsables y además tenemos que tener una ley antiencapuchados".

"La descomposición social que produce esta violencia que se genera al interior de las marchas, no tiene nada que ver con la demanda social legitima de los estudiantes o de cualquiera que pueda reclamar un derecho social. Perturba la convivencia social", agregó en repudio a lo sucedido en la marcha del jueves.

"Debemos dar señales concretas y severas contra aquellos que solamente se encapuchan para delinquir y hacer un profundo daño a todos y todas las chilenos", sostuvo la parlamentaria gremialista.

"Es un delito que personas se infiltren en marchas legítimas para perturbar la paz social. En ese sentido, es necesario calificar como delitos a aquellos que se cubren el rostro para causar daños y delinquir", sentenció.

Posición del Gobierno

Por su parte, el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, reiteró la postura de la Presidenta Michelle Bachelet frente al tema, destacando que "con o sin capucha estos son delitos que deben ser perseguidos por la justicia, por tanto, yo no creo que sea la ley la que resuelva el problema".

El vocero de La Moneda enfatizó que el Ejecutivo está dispuesto a discutir las iniciativas que presenten los parlamentarios, pero aclaró que el Gobierno no busca leyes que surjan desde la contingencia, "sino que sean leyes pertinentes, efectivas y que resuelvan los problemas. Vamos a discutir, vamos a conversar lo que ellos quieran plantear, pero nos interesa más la eficacia que la discusión de ideas que a veces surgen muy en caliente de hechos puntuales".

Tras la renuncia del ex ministro del Interior Jorge Burgos y el nombramiento en su reemplazo de Mario Fernández, surgieron peticiones a la Presidenta Michelle Bachelet, no sólo desde la oposición sino también del oficialismo, para que realice un cambio de gabinete.

El ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, desestimó esas solicitudes y señaló que la Presidenta está constantemente evaluando a su gabinete. A la vez, el vocero hizo un llamado a mejorar los términos del debate.

"Hay un primer esfuerzo de coordinación de dialogo político, pero también podemos hacer un esfuerzo para poder relacionarnos de un modo distinto para que nuestros debates y diferencias se procesen en las instancias que corresponden, que no tengamos siempre un debate áspero a través de los medios de comunicación, porque creo que es posible", sostuvo.

"Los desafíos que tenemos como país son muy importantes, la gente nos mira por los resultados de la acción del Gobierno, yo no sé si la gente valora este frecuente tiroteo o guerrilla que se produce en los medios de comunicación entre Gobierno y oposición", añadió.

"La gente lo que quiere es que hagamos las cosas que le corresponden al Gobierno y al Parlamento para mejorar la calidad de vida de los chilenos", sentenció Díaz.

Esto luego de que el viernes el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, deslizara que si la Presidenta lo requiriera, no sería problema que el ministro secretario de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, dejara el cargo.

El jefe de bancada de los diputados de la DC, Fuad Chahín, también criticó a Eyzaguirre, a quien apuntó como el responsable de los problemas de comunicación en el oficialismo.

"Hay un déficit de la coordinación con el Parlamento, con el Poder Legislativo y creo que ese déficit naturalmente tiene que corregirse y si pasa por cambio de nombres, habrá que hacer los cambios y para eso la Presidenta de la República tiene la facultad", dijo según consignó Cooperativa.

"Eyzaguirre es responsable justamente de la relación entre el Ejecutivo y el Congreso y ahí claramente no ha existido una buena coordinación. Yo lo veo cansado al ministro Eyzaguirre, pero quien tiene que definir su continuidad o no es la Presidenta de la República", agregó.