Aniveles no conocidos anteriormente, y por lo mismo muy inquietantes, está llegando el déficit hídrico que se vive en el sur del país, y que en la provincia de Osorno específicamente ha provocado que incluso en esta época otoñal, antaño ya caracterizada por abundantes lluvias, se esté distribuyendo agua en los sectores rurales en grados incluso superiores a lo que se realiza durante el verano. Las cifras de precipitaciones caídas están dando cuenta de un fenómeno que se viene arrastrando desde hace años, pero que ahora está alcanzando ribetes de extrema preocupación, pues de no mediar transformaciones mayores, la zona tendrá que habituarse a una nueva realidad y, con ello, a la readecuación forzada de su sistema agrícola y de los ciclos productivos.

De acuerdo a los datos meteorológicos oficiales, en los primeros cinco meses de este año cayeron 250,6 milímetros de agua en Osorno, lejos ya de los 337,5 mm. del año pasado; y más distante todavía del promedio para igual período, que alcanza a los 482,4 mm. Esta drástica disminución se está expresando incluso en que los pozos superficiales, a los que habitualmente recurrían los agricultores y habitantes de zonas rurales cuando asolaba una sequía, estén ya prácticamente sin agua, agotándose entonces las últimas reservas de un territorio que antes era pródigo en la disponibilidad de agua a todo evento.

Una prueba de esta realidad está en las solicitudes de captación de pozos profundos, que en voz de las empresas del rubro ha experimentado un incremento de un 30 por ciento. Si ya no hay agua a una profundidad de 10 metros, se está buscando aún más abajo, a los 40 ó 50 metros, echando mano a reservas que pueden datar de hace unas tres décadas.

Además del peligro vital que implica recurrir a estas reservas, lo que se ha hecho evidente es que el clima está en una fase de cambios que demanda la atención inmediata de las sociedades, tanto para realizar ahora los ajustes que a todo nivel permitan tender hacia un mayor ahorro del recurso hídrico, como a la búsqueda e implementación de tecnologías para hacer un uso más eficiente del agua, que con toda certeza será el oro del siglo XXI.

Para nadie es un misterio que, en momentos de desaceleración económica, las grandes empresas del país optan por cautelar celosamente sus inversiones. Bajo el argumento -por cierto debatible- de que estamos viviendo tiempos de "incertezas jurídicas" e "incertidumbre económica", buscan justificar una posición defensiva, incluso a costa de reducir salarios o empleos para -según ellos- garantizar la productividad.

La inversión en innovación, investigación y en capital humano quedan a trasmano, reducidas a alguna mención superficial en las memorias de gestión, pero ajenas al propósito de fondo, que parece ser el de obtener ganancias con el menor esfuerzo posible.

En Chile -y salvo honrosas excepciones- la investigación y la innovación no la hacen las empresas. La hace el Estado, a través de instituciones públicas, y la hacen las universidades, algunas de ellas también estatales.

Hasta hace muy poco, las empresas preferían tomar el camino más corto posible.

Para qué investigar e innovar, si basta con saltar la valla de la legalidad para coludirse.

El proyecto de ley que fija normas para la defensa de la libre competencia y sanciona penalmente la colusión -actualmente en trámite- constituye una medida potente para poner freno a las empresas que traspasan los límites de la libre competencia y que prefieren poner su creatividad y esfuerzo en encontrar atajos y hacer trampas.

Esta iniciativa no busca sólo cumplir un rol punitivo. También debería provocar un efecto positivo en la actividad económica, alentando la competitividad y la innovación, y contribuyendo de esa forma a recuperar la confianza de los actores económicos y entre éstos y la ciudadanía.

La desconfianza es hoy una característica instalada en toda la sociedad chilena y no se limita ni circunscribe sólo al ámbito de lo público. La colusión es probablemente la más vistosa del catálogo de malas prácticas del sector privado al que se hace imprescindible poner atajo.

A Chile no le hacen bien los empresarios que abusan de sus trabajadores, del medio ambiente y de los consumidores, que prefieren coludirse y conformar verdaderos carteles que controlan el mercado para aumentar sus ganancias. El país necesita mejores empresas, más modernas, más innovadoras y más dispuestas a invertir en capital humano.

Rabindranath Quinteros Lara, senador por Los Lagos

Para nadie es un misterio que, en momentos de desaceleración económica, las grandes empresas del país optan por cautelar celosamente sus inversiones. Bajo el argumento -por cierto debatible- de que estamos viviendo tiempos de "incertezas jurídicas" e "incertidumbre económica", buscan justificar una posición defensiva, incluso a costa de reducir salarios o empleos para -según ellos- garantizar la productividad.

La inversión en innovación, investigación y en capital humano quedan a trasmano, reducidas a alguna mención superficial en las memorias de gestión, pero ajenas al propósito de fondo, que parece ser el de obtener ganancias con el menor esfuerzo posible.

En Chile -y salvo honrosas excepciones- la investigación y la innovación no la hacen las empresas. La hace el Estado, a través de instituciones públicas, y la hacen las universidades, algunas de ellas también estatales.

Hasta hace muy poco, las empresas preferían tomar el camino más corto posible.

Para qué investigar e innovar, si basta con saltar la valla de la legalidad para coludirse.

El proyecto de ley que fija normas para la defensa de la libre competencia y sanciona penalmente la colusión -actualmente en trámite- constituye una medida potente para poner freno a las empresas que traspasan los límites de la libre competencia y que prefieren poner su creatividad y esfuerzo en encontrar atajos y hacer trampas.

Esta iniciativa no busca sólo cumplir un rol punitivo. También debería provocar un efecto positivo en la actividad económica, alentando la competitividad y la innovación, y contribuyendo de esa forma a recuperar la confianza de los actores económicos y entre éstos y la ciudadanía.

La desconfianza es hoy una característica instalada en toda la sociedad chilena y no se limita ni circunscribe sólo al ámbito de lo público. La colusión es probablemente la más vistosa del catálogo de malas prácticas del sector privado al que se hace imprescindible poner atajo.

A Chile no le hacen bien los empresarios que abusan de sus trabajadores, del medio ambiente y de los consumidores, que prefieren coludirse y conformar verdaderos carteles que controlan el mercado para aumentar sus ganancias. El país necesita mejores empresas, más modernas, más innovadoras y más dispuestas a invertir en capital humano.

Rabindranath Quinteros Lara, senador por Los Lagos

Aniveles no conocidos anteriormente, y por lo mismo muy inquietantes, está llegando el déficit hídrico que se vive en el sur del país, y que en la provincia de Osorno específicamente ha provocado que incluso en esta época otoñal, antaño ya caracterizada por abundantes lluvias, se esté distribuyendo agua en los sectores rurales en grados incluso superiores a lo que se realiza durante el verano. Las cifras de precipitaciones caídas están dando cuenta de un fenómeno que se viene arrastrando desde hace años, pero que ahora está alcanzando ribetes de extrema preocupación, pues de no mediar transformaciones mayores, la zona tendrá que habituarse a una nueva realidad y, con ello, a la readecuación forzada de su sistema agrícola y de los ciclos productivos.

De acuerdo a los datos meteorológicos oficiales, en los primeros cinco meses de este año cayeron 250,6 milímetros de agua en Osorno, lejos ya de los 337,5 mm. del año pasado; y más distante todavía del promedio para igual período, que alcanza a los 482,4 mm. Esta drástica disminución se está expresando incluso en que los pozos superficiales, a los que habitualmente recurrían los agricultores y habitantes de zonas rurales cuando asolaba una sequía, estén ya prácticamente sin agua, agotándose entonces las últimas reservas de un territorio que antes era pródigo en la disponibilidad de agua a todo evento.

Una prueba de esta realidad está en las solicitudes de captación de pozos profundos, que en voz de las empresas del rubro ha experimentado un incremento de un 30 por ciento. Si ya no hay agua a una profundidad de 10 metros, se está buscando aún más abajo, a los 40 ó 50 metros, echando mano a reservas que pueden datar de hace unas tres décadas.

Además del peligro vital que implica recurrir a estas reservas, lo que se ha hecho evidente es que el clima está en una fase de cambios que demanda la atención inmediata de las sociedades, tanto para realizar ahora los ajustes que a todo nivel permitan tender hacia un mayor ahorro del recurso hídrico, como a la búsqueda e implementación de tecnologías para hacer un uso más eficiente del agua, que con toda certeza será el oro del siglo XXI.