Verónica Salgado

Con molestia, sorpresa y una mirada crítica reaccionaron autoridades municipales frente a los $225 millones que fueron sacados desde el Plan de Descontaminación (PDA) de Osorno, a solicitud del intendente Leonardo de la Prida.

El objetivo es sumar dicho monto a otros provenientes de reajustes presupuestarios a programas asociados a fondos regionales (FNDR) y así destinar $1.618 millones a la contingencia generada por la marea roja, que tiene a los pescadores sin fuentes de trabajo.

El PDA comunal entró en vigencia el pasado 1 de abril luego que el año 2013 la ciudad fuera declarada como zona saturada por material particulado fino. Al año siguiente se comenzó a trabajar precisamente en el plan para reducir la contaminación del aire, trabajo en el que se vincularon diferentes servicios como por ejemplo los ministerios de Medio Ambiente y Salud.

Por lo mismo, para los concejales Víctor Bravo y Daniel Lilayú de la UDI, además de los demócrata cristianos Emeterio Carrillo y Osvaldo Hernández, resulta incomprensible que sean retirados dineros de un proyecto que siempre fue catalogado como prioridad para el Gobierno, debido a que recién éste es el primero de los 10 años que dura la ejecución del PDA y que pretende reducir la polución en al menos un 80%.

Los ediles aseguran que la emergencia que afecta hoy a los pescadores artesanales, mariscadores, recolectores es claramente una prioridad y un desastre, pero que los recursos deben llegar en su totalidad del nivel central y no "desvestir un santo para vestir otro", en alusión a que la Región aportará recursos para el fondo de contingencia.

Opinión que es compartida por la administradora municipal y alcaldesa subrogante (s), Karla Benavides, quien agregó que como municipalidad rechazan la informalidad con que las autoridades a nivel central han enfrentado la emergencia que viven los pescadores así como la poca seriedad frente a un PDA.

En el mar

Actualmente el litoral de la Región de Los Lagos vive una profunda crisis económica y social, la que comenzó el 20 de abril cuando se decretó la alerta sanitaria por marea roja que a la par prohibió la extracción de una serie de productos -especialmente mariscos- debido a que están infectados con la toxina provocada por la micro alga Alexandrium Catenella, que pasa al ser humano al ingerirlos y que puede llegar a causar la muerte, independiente de si los productos están crudos o cocidos.

Nueve días después la Presidenta Michelle Bachelet decretó zona de catástrofe todo el litoral de la Región y como parte de las medidas de emergencia se resolvió la entrega de un bono de $100 mil por trabajador afectado, que fue rechazado por los pescadores que exigen $400 mil.

Paralelamente el intendente solicitó el lunes 2 de mayo al Consejo Regional $1.618 millones del FNDR para generar 1.500 cupos de trabajo a través del programa Pro Empleo, los cuales fueron aprobados el miércoles 4 en la sesión realizada en el salón azul de la Intendencia.

En la oportunidad la primera autoridad regional explicó que los dineros fueron reajustados de diversos programas que se desarrollan en la Región y que no se tocaron los dineros destinas a los proyectos municipales como era el temor de los alcaldes.

Centralismo

Emeterio Carrillo, concejal DC, señaló que es impresentable que para solucionar problemas de la Región se saquen dineros que están destinados a programas que se ejecutan en la misma zona afectada. Detalló que extraer fondos de un programa que recién comienza a desarrollarse da cuenta que las autoridades no toman en consideración los problemas regionales como importantes.

"Esto se debe resolver con recursos del nivel central. Es una situación grave, pero no por eso vamos a usar recursos del FNDR y menos del PDA, que también tiene que ver con una emergencia ambiental", dijo el edil DC.

Daniel Lilayú, médico cirujano y presidente de la comisión de Medio Ambiente del Concejo Municipal, precisó que es un despropósito sacar dineros del PDA para solucionar una crisis tan grande como la que viven los pescadores actualmente. "Se deben usar recursos del nivel central porque es una emergencia grande pero pasajero y optan por sacar recursos al PDA entre otros programas que serán un aporte mínimo para resolver el conflicto", argumentó.

Precisó que en la comuna pueden llegar a morir 40 personas al año producto de la contaminación del aire y eso tampoco es tomado con seriedad. "La emergencia de la marea roja pasará, pero nosotros tenemos un problema crónico que va en ascenso y parece que cada vez que exista una emergencia los dineros del PDA serán tocados cuando debieran estar protegidos", remarcó

Osvaldo Hernández, concejal DC, precisó que el Gobierno aprovecha la posición de la ciudadanía y las autoridades que argumentan que se debe ser solidario con los pescadores para disfrazar que ellos no han puesto recursos frescos para solucionar el conflicto, tal como ocurrió en otras emergencias como el gran incendio de Valparaíso en abril del 2014.

"Si vamos a ser solidarios con reajustes a programas que benefician a gente de regiones y más aún con un PDA recién puesto en marcha, partamos por recortar el suelo de los parlamentarios, directores de servicios y autoridades de Gobierno. Esos dineros sí son intocables, pase lo que pase en Chile", enfatizó Hernández.

Víctor Bravo, edil UDI, manifestó su molestia con el Gobierno, pues sostuvo que maneja grandes sumas de dineros producto de impuesto que todos los chilenos cancelan, pero que son usados sólo en la Región Metropolitana.

"La improvisación que ha tenido el Gobierno es vergonzosa, o sea saca recursos de programas que ellos mismos presentan como grandes promesas y no son capaces de entregar recursos para la gente de Regiones", expuso.

Karla Benavides, alcaldesa (s), señaló que si está firmado un decreto de catástrofe tiene que estar asociado a recursos y del nivel central, cosa que no está sucediendo sin reconocer la gravedad del problema.

Agregó que como municipalidad nunca estuvieron de acuerdo que existieran partidas de recambio de calefactores asociados al FNDR, porque debían ser recursos del nivel central. Ahora da cuenta que efectivamente no era lo más indicado, dijo, porque a la primera de cambios se usan los recursos, los que además no servirán para solucionar realmente la emergencia de la marea roja.

"Con $1.618 millones no solucionarán nada, lo único que lograron es dejar a medias programas, entre ellos el PDA que claramente sufrirá un retraso porque decir que volverán los recursos a fin de año o el 2017 no es real. De dónde van a reponer el dinero si hay un presupuesto nacional único cada año, por lo que si los dineros fueron sacados significa un recorte, aunque el seremi no quiera o pueda aceptar esa realidad", explicó Benavides.

Recambio

Los $225 millones fueron extraídos del programa de recambio de calefactores que estaban destinados para realizar una licitación durante el segundo semestre para lo que se disponía de $375 millones, pero ahora sólo se cuenta con $150 millones y, por lo tanto, aproximadamente 300 aparatos mejorados nuevos.

Si bien durante este año se pretenden entregar 1.593 equipos, incluidos los 400 artefactos que llegarán desde el Ministerio de Medio Ambiente, los cuales estaban contemplados desde que entró en vigencia el PDA y no guardan relación con los recursos sacos por la emergencia, igual serán menos familias las beneficiadas con fuentes de calor mejoradas.

"Vamos a llegar a los 1.500 calefactores este año como estaba presupuestado. No hemos perdido nada, vamos a retrasar un poco la licitación de este año para el próximo, pero no es un recorte significa un reajuste presupuestario", señaló Jorge Pasminio, seremi de Medio Ambiente.

Vecinos

María Eugenia Blaña, presidenta del Comité de Alerta Ambiental Vecinal, se mostró consternada porque sostuvo que dichos recursos son de suma importancia para el tema medioambiental de Osorno.

"Esos fondos y cualquiera relacionado con el PDA son sumamente importantes y parece asombroso que sean usados. Ahora el problema que existe en el mar de la Región es grave, pero el llamado a solucionarlo es el nivel central y con urgencia. Ahora da la sensación que el PDA se transformó en una caja de préstamos para la Región", manifestó.

$225 millones fueron reajustados del ítem recambio de calefactores del PDA osornino, el cual tenía disponible para este año $375 millones a solicitud del intendente Leonardo de la Prida.

2013 se comenzó a elaborar el Plan de Descontaminación Atmosférica de la ciudad, el cual entró en vigencia el 1 de abril del 2016 y tendrá una vigencia de 10 años.

$1.618 millones fueron sacados del FNDR a solicitud del intendente. Leonardo de la Prida, entre los cuales se cuentan los dineros del ítem recambio de calefactores del PDA de Osorno.