El 8º tribunal de Garantía de Santiago se declaró incompetente para analizar la querella presentada el martes por el empresario Andrónico Luksic, quien interpuso la acción legal por el delito de injurias graves con publicidad contra el diputado independiente Gaspar Rivas, quien lo insultó en el hemiciclo.

El juzgado no se pronunciará sobre la querella porque la agresión verbal de Rivas conrta Luksic ocurrió en el Congreso Nacional en Valparaíso, por lo que el principio de ejecución del ilícito está en esa ciudad.

Por eso, los antecedentes de la causa seráneviados a esa ciudad, con el fin de que un juzgado de Valparaíso pueda tramitar la querella.

La acción judicial fue presentada por el empresario el martes, acompañado por su abogado Hugo Rivera, contra el parlamentario, quien en una intervención en el hemiciclo se refirió a Luksic usando duros epítetos.

Luksic dijo en principio que analizaría si presentaba una querella, que luego confirmó cuando Rivas volvió a pronunciar insultos en su contra en una entrevista concedida a The Clinic.

En la querella, el empresario además pidió que Rivas fuera desaforado. La Fiscalía no tomará parte en este caso por tratarse de una demanda privada, según consignó Emol.

El presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, volvió a referirse a las críticas que generó que se le otorgara la libertad condicional a más de dos mil reos, e insistió que no revisará la decisión tomada por los jueces en uso de sus facultades legales.

Asimismo, el presidente del máximo tribunal aseveró en el marco de la cuenta pública de la Contraloría que no se "anda arrancando", tras las críticas en su contra por no asistir el miércoles a la sesión de la Comisión de Constitución del Senado, donde se analizó el tema junto al director nacional de Gendarmería, Tulio Arce y la ministra de Justicia Javiera Blanco.

"El Poder judicial y el presidente de la Corte Suprema en particular, jamás va a andar arrancándose de la realidad, de las situaciones", afirmó.

Dolmestch señaló que si se le invitara a conversar sobre el problema "en general" , "yo encantado". El ministro insistió que "se cumplió con la ley".

Al ser consultado por lo expuesto por Arce en la comisión, que explicó que se liberó a reos que tenían informes negativos de la institución penitenciaria, Dolmestch comentó que "yo no conozco los antecedentes ni los voy a pedir, porque los jueves ponderaron aquello". "Ese problema para mí está resuelto", enfatizó.

El presidente de la Suprema sostuvo que "el sistema, la forma, a lo mejor no es la más adecuada" y que si lo invitan a revisarlo, iría un representante del Poder Judicial o él mismo, "pero yo no me ando arrancando ni me ando oponiendo ni soy una persona que no tenga sensibilidad de país", refutó.

Respecto al llamado a dar explicaciones que hizo la ministra Blanco, señaló que "las opiniones que puedan dar las autoridades, no me afectan".

"Yo que es bueno que conversemos, que se transparenten las cosas, pero en el tono que corresponde", insistiendo que no revisará las decisiones adoptadas por los jueces "en uso de sus facultades legales".

2.258 reos fueron liberados este mes a nivel nacional, según un reporte entregado por Gendarmería.

Carolina Collins

La Presidenta Michelle Bachelet valoró el anuncio de ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) respecto a que se sumarán al proceso constituyente que promueve el Gobierno.

Los dirigentes empresariales definieron participar de los cabildos, que comenzaron el pasado 23 de abril, pero de manera individual y no como gremio o corporación.

La Mandataria calificó como "extraordinario" que los empresarios hayan decidido participar del proceso.

"Los invito a sumar sus esfuerzos como empresarios en una cuenta conjunta y me parece extraordinario lo que ha señalado Jorge Mas en el sentido del interés de la Cámara de participar en lo que se ha llamado el proceso constituyente, creo que esa es la mejor garantía de que tengamos una Constitución que sea la casa común en donde todos podamos participar y hagan oír su voz", dijo Bachelet durante su participación en el Desayuno Anual de los empresarios de la Construcción.

"Estoy segura que con las cosas que estamos haciendo todos vamos a salir ganando, el país, los ciudadanos, las empresas y sus trabajadores y trabajadoras", agregó la Presidenta.

Según publicó ayer El Mercurio, los dirigentes empresariales de la SNA, Sofofa, CChC, CNC, ABIF y Sonami, acordaron motivar la participación ciudadana de todos los sectores.

Con ese objetivo, ya comenzaron un proceso de orientación a las empresas asociadas, que consiste en la entrega de información técnica y práctica para quienes quieran participar.

Pese a haber decidido hacerse parte del proceso para una nueva Carta Magna, el tema no ha estado exento de controversia al interior de los gremios. Porque mientras algunos ven esta definición como una validación de la iniciativa de Gobierno, otros ven como necesario hacerse parte para resguardar el derecho a propiedad, consignado en la actual Constitución, así como los principios y valores del empresariado, como la libertad para emprender.

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) hizo un documento con los principios empresariales más importantes que hay que resguardar en el proceso, que fue entregado ayer a la Presidenta.

La Presidenta Bachelet destacó que el Gobierno, así como también los empresarios, esán cumpliendo con su labor para lograr que el país tenga un mayor crecimiento económico.

"Estamos haciendo nuestra parte, impulsando incentivos, movilizando recursos, creando equilibrio y cohesión social, desarrollando programas de productividad de largo plazo, estos son hechos concretos y merecen confianza", destacó la jefa de Estado.

Luego de que la Corte Suprema ratificara el miércoles el desafuero del senador Jaime Orpis, el Ministerio Público solicitó una audiencia para formalizar al parlamentario, que es investigado en el marco del caso Corpesca.

La solicitud fue ingresada por la fiscal a cargo del caso, Ximena Chong, ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, que ahora deberá fijar la hora y fecha de la audiencia, en la que también se presentarán cargos en contra de el ex gerente de la pesquera, Francisco Mujica, y a la ex diputada, Marta Isasi.

En la instancia, la Fiscalía le informará al desaforado parlamentario que se le está investigando por su presunta participación en delitos tributarios, fraude al Fisco y cohecho. No así por lavado de activos, como había señalado anteriormente el Ministerio Público, debido a que ese ilícito fue descartado en su fallo por el máximo tribunal, puesto que determinó que no existían los antecedentes suficientes para presumir su participación en ese delito.

Esto por los pagos por un total de $264 millones, que recibió Orpis de la empresa, que renunció a la UDI en enero, durante la tramitación de la cuestionada Ley de Pesca entre 2009 y 2013.

Asimismo, el parlamentario es investigado por fraude al Fisco por el uso ilícito de sus asignaciones parlamentarias, perjuicio calculado en $151 millones.

Los pagos habrían sido hechos por parte de la pesquera a través de Mujica, quien será formalizado por delitos tributarios y de soborno.

La fiscal Chong había explicado que esperarían el pronunciamiento de la Corte Suprema respecto al desafuero de Orpis para solicitar la audiencia de formalización. Esto porque el fuero parlamentario le impedía al Ministerio Público pedir medidas cautelares, como la prisión preventiva, contra el legislador. De ahí que la persecutora anunciara el mismo miércoles, que se conoció el fallo, que presentaría cargos por la causa.