Un importante avance en materia de descentralización se concretó esta semana en el Senado con la aprobación unánime del informe elaborado por la Comisión Mixta que despejó las discrepancias en torno al proyecto que permite la modificación de las plantas municipales y entrega nuevas competencias a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, Subdere. Una vez que esta iniciativa sea ley, cada municipio podrá fijar sus plantas de funcionarios de acuerdo a las necesidades, siempre dinámicas, de cada comuna. Se trata de una materia de primera importancia, en tanto las plantas de los municipios chilenos no han experimentado cambios desde 1994, debido a que se trataba de una facultad privativa de la Presidencia de la República.

Esa realidad, reflejo de un comportamiento decididamente centralista, está cambiando de manera sustancial con la nueva legislación, que permitirá a los alcaldes crear o modificar las plantas de sus municipios, con el acuerdo de dos tercios del Concejo Municipal y previa consulta a un comité bipartito-paritario compuesto por representantes de los funcionarios y del propio jefe comunal.

La iniciativa, además, establece normas de responsabilidad fiscal y probidad para proceso de fijación de plantas y aumenta el gasto en contrata del 20% al 40% del gasto total en personal. Asimismo, se promueve la profesionalización de los municipios -un 75% de los nuevos cargos que se creen deberán ser técnico o profesionales-, se conceden asignaciones profesionales por estamentos y se mejoran las remuneraciones de funcionarios de plantas de técnicos, administrativos y auxiliares, además de un conjunto de beneficios adicionales. Para financiar estas medidas se dispondrá de un aporte de $ 34.000 millones el año 2016 y de $ 36.000 millones el año 2017. A partir de 2018, se cuadruplicará el aporte que el Estado debe efectuar al Fondo Común Municipal. Esa es una antigua y sentida aspiración de los alcaldes.

Adicionalmente, la legislación faculta a las municipalidades para que -en su reglamento interno- puedan crear nuevas unidades, asignándose funciones que la ley le otorga a las unidades de Dideco, Secplan, Salud, Educación, Medio Ambiente, Aseo y Ornato, y Finanzas Municipales, siempre que cuenten con disponibilidad presupuestaria, con acuerdo del concejo y con normas de protección a los funcionarios que sean destinados a estas nuevas unidades.

Esta nueva legislación -ya en su etapa final de tramitación- implica un cambio absoluto en la forma de trabajo y organización de personal en las administraciones comunales, y hace justicia -por primera vez en la historia- reconociendo la importancia del trabajo de los municipios.

Rabindranath Quinteros Lara, senador por Los Lagos

Apesar de los incontrastables efectos positivos que ha significado para la población chilena la rigurosa política de vacunación iniciada hace varias décadas, y que ha posicionado al país, junto a los planes de nutrición, a la cabeza mundial en cuanto a la reducción de la tasa de mortalidad infantil, se ha instalado desde hace un tiempo, en una pequeña parte de la opinión pública, la idea acerca de los perjuicios de las inoculaciones a menores para prevenir enfermedades. Sin contar con estudios científicos serios más que una que otra publicación en Internet, o el debate que hubo acerca de la presencia del timerosal, hay familias que se han formado la convicción de que sus hijos estarán más seguros si se les evita vacunar contra la tuberculosis, la rubeola o la influenza, echando por la borda la historia y las recomendaciones que sobre la materia no hace sólo el Ministerio de Salud, sino que la propia comunidad nacional e internacional de médicos.

Este debate se ha hecho particularmente sensible en Osorno, donde ya dos familias se han negado a vacunar a sus hijos recién nacidos. Respecto del primer caso, ventilado el año pasado, la Corte de Apelaciones de Valdivia ya acogió un recurso de protección presentado por el hospital de la ciudad en beneficio del menor; y en cuanto al segundo, conocido la semana pasada, el centro asistencial ya interpuso una acción judicial similar para forzar a los padres de la guagua, nacida el 27 de enero de este año, a someterla al plan de vacunaciones.

No obstante, y aunque se supone debiera haber premura para cumplir con un fallo judicial de esta importancia, el primer niño sigue sin ser inoculado. Es más, hay vacunas que ya no podrán aplicársele por el tiempo transcurrido, arriesgando su salud y la de su entorno. ¿Qué pasará, por ejemplo, cuando ese menor en unos años más vaya a un jardín infantil y, ojalá así no sea, adquiera una de las enfermedades contra las que no tiene protección?

Para que el recurso de protección tenga reales consecuencias se requiere que el recurrente sea muy proactivo en esta materia y que la familia comprenda que debe cumplirlo. En otros lugares a esto se le llama desacato. De lo contrario, continuarán surgiendo casos y los beneficiarios de los recursos (las guaguas) seguirán cayendo en la burocracia del sistema.