El Presidente de Argentina, Mauricio Macri, fue imputado ayer por la justicia para determinar si "omitió maliciosamente" en su declaración jurada su participación en dos sociedades offshore registradas en paraísos fiscales, una de ellas revelada en la investigación de los Panama Papers.

El Gobierno, que asumió hace casi cuatro meses, subrayó en los últimos días por diversas vías que no hubo comisión de delito porque Macri no poseía capital en la firma Flag Trading Ltd., asentada en Bahamas y difundida por los Panama Papers.

El caso llegó sin embargo a la justicia por una denuncia penal del diputado kirchnerista Norman Martínez, quien señaló que "todas estas sociedades se constituyen como vehículo para blanquear activos, concretar una evasión impositiva u otro delito, y que se registran en paraísos fiscales, como islas Bahamas, para proteger los secretos financieros de sus directores y accionistas, y mantener ocultas sus operaciones".

El fiscal federal Federico Delgado le dio curso a la denuncia y requirió al juez federal Sebastián Casanello que abra una investigación oficial.

Casanello es el mismo magistrado que investiga a Lázaro Báez, un empresario cercano a los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández que se enriqueció durante los últimos tres gobiernos y fue detenido el martes por supuesto lavado de dinero.

El Ministerio Público requirió que se investigue si Macri "omitió maliciosamente completar su declaración jurada" con su participación como vicepresidente y director de las sociedades offshore Flag Trading Ltd. y Kagemusha SA.

"Hay que chequear si Mauricio Macri con intención y voluntad omitió no declarar esa participación societaria que le atribuye el denunciante", señaló el fiscal en su escrito. También instó a determinar "si la vida social de las empresas infringió algún tipo penal y, en ese caso, si Mauricio Macri tuvo que ver en la puesta en movimiento de ese comportamiento social".

La prominente familia de Mao Zedong aparece en los "papeles de Panamá", en los que China, donde reina el silencio oficial, es el país que más ciudadanos aporta a la lista de titulares de empresas registradas en paraísos fiscales y gestionadas por el bufete panameño Mossack Fonseca.

Son ya nueve los líderes chinos cuyas familias se mencionan en las revelaciones, desde la del actual Presidente, Xi Jinping, hasta la del Gran Timonel, pasando por un antiguo primer ministro, un ex Vicepresidente o el célebre Bo Xilai, ex ministro de Comercio condenado a cadena perpetua por corrupción en 2013.

Tres de los implicados ocupan puestos en el actual Comité Permanente del Partido Comunista de China (PCCh), el grupo de siete personas que acumula mayor poder en el régimen, ya que al entorno de Xi se suman los de Zhang Gaoli, viceprimer ministro, y Liu Yunshan, jefe de propaganda del partido.

En todos los casos, familiares o socios muy cercanos de estos líderes abrieron compañías en paraísos fiscales, algo que en principio no es ilegal pero que sugiere que podrían ser empresas de papel para blanqueo de dinero o evasión de impuestos.

El PCCH prohíbe este tipo de actividades y cargos del régimen han sido castigados en la campaña anticorrupción lanzada por Xi en 2013.

Mabel González / Agencias

La oposición venezolana solicitó ayer al Consejo Nacional Electoral (CNE) entregar los formularios que darán inicio al referendo revocatorio, una de las medidas con las que pretenden adelantar la salida del Gobierno del Presidente Nicolás Maduro.

Según informó el secretario ejecutivo de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, el documento pretende "exigirle al CNE que entregue los formularios para la recolecta de las firmas del 1% que es el primer requisito, para después recabar el 20% de firmas necesario para activar el referendo revocatorio".

La ley del país caribeño indica que "transcurrida la mitad del periodo para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del 20% de los electores o electoras inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su mandato".

En el caso de Maduro, elegido en abril de 2013, cumple tres años en el poder este mes, justo la mitad de su periodo presidencial.

La oposición se propuso poner fin a la administración de Maduro antes de lo previsto en 2019 a través de varios "mecanismos constitucionales", como la enmienda constitucional, pero el Mandatario y otras autoridades gubernamentales han advertido que solo la vía del revocatorio no será considerada como un golpe de Estado.

Sin embargo, a juicio de Torrealba, el CNE ha puesto "trabas" al proceso.

"Yo quiero denunciar (...) que hay actores del Gobierno nacional que están en una agenda oscura intentando empujar el país hacia la violencia", aseguró, y agregó que "hay una intención de evitar que haya ese tránsito pacífico".

El vocero de la MUD afirmó que fueron víctimas de "agresiones por parte de un grupo muy pequeño pero muy violento de partidarios del oficialismo" que acudieron a la entrega del documento y que dejaron varios heridos.

"A ellos les decimos (...) no queremos violencia porque el pueblo venezolano va a construir su camino en paz", indicó.

Mientras tanto, miles de chavistas se manifestaron en Caracas para rechazar la ley de amnistía aprobada por el Parlamento para liberar a decenas opositores en prisión, una norma que Maduro aseguró que "jamás" promulgará.

La movilización fue convocada por los líderes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para entregar al Presidente una lista de firmas de quienes rechazan la ley.

Más tarde, el Presidente Maduro anunció ante los miles de partidarios movilizados que evaluará la posibilidad de acortar el mandato de los legisladores del Parlamento a solo dos meses si fuera necesario para "despejar" el camino.