Las presidentas de la democracia Cristiana y el Partido Socialista, Carolina Goic e Isabel Allende, respectivamente, ratificaron ayer el pacto electoral para competir en una misma lista de concejales en las elecciones municipales de octubre de este año. "Queremos reiterar nuestra mejor voluntad de trabajar este pacto municipal, donde por supuesto esperamos que nuestros secretarios generales avancen en las conversaciones", dijo Allende. "Hemos venido como mesa a rectificar un trabajo que tiene que ver con muchas conversaciones, algunos momentos más difíciles, pero que nos permitió llegar a un acuerdo en cómo enfrentamos la campaña de concejales en conjunto y también con candidaturas únicas de alcalde dentro de los partidos de la Nueva Mayoría", sostuvo por su parte Goic, quien debutó como timonel de la DC tras la renuncia del senador Jorge Pizarro el sábado. En los próximos días los otros partidos de la Nueva Mayoría deberán suscribir acuerdos electorales para la elección de concejales y una nómina única para los postulantes a alcaldes.

Hasta ahora lo habitual era que la Prueba de Selección Universitaria (PSU) se rindiera durante los primeros días de diciembre y los resultados se entregaran cerca de Año Nuevo. Por eso, el Consejo de Rectores decidió adelantar el calendario del proceso de admisión.

Con esto, los estudiantes rendirán el examen en noviembre y los resultados de este serán dados a conocer antes de Navidad, con el objetivo de que los jóvenes no pasen las festividades con la incertidumbre sobre su futuro.

Así, este año la PSU se aplicará los días lunes 21 y martes 22 de noviembre. El primer día a las 9 horas será tomada la prueba de Lenguaje y Comunicación y a las 14.30 horas la de Ciencias. Al día siguiente se rendirá a las 9 horas el test de Matemática y a las 14.30 horas el de Historia, Geografía y Ciencias Sociales.

Los resultados de las pruebas serán dados a conocer el lunes 19 de diciembre a las 8 horas y las postulaciones comenzarán a contar de es mismo día y se extenderán hasta el viernes 23 de diciembre a las 13 horas.

En 2015 los resultados se entregaron el 28 de diciembre, a sólo tres días de Año Nuevo.

El próximo 14 de abril se entregará el folleto "Contenidos de las Pruebas de Selección Universitaria" y el 9 de junio las "Normas y Aspectos Importantes del Proceso de Admisión", que contendrá la información necesaria para que los estudiantes puedan estar al tanto de sus derechos y deberes; además de la "Nómina de Carreras y Ponderaciones".

El plazo de inscripción para rendir la PSU, que se hará a través del sitio del Demre, comenzará el 13 de junio y concluirá el viernes 5 de agosto, lo que implica una semana más de plazo que el año pasado.

El sistema para calcular el puntaje del ranking será igual al del año pasado, considerando todos los colegios en los que estuvo el estudiante en la Enseñanza Media, para evitar que se cambien en el último año.

El ex jefe del Ministerio Público, Sabas Chahuán, interpuso ayer una querella masiva ante el 8º Juzgado de Garantía de Santiago por los delitos de estafa, lavado de activos e infracción a la Ley de Bancos en contra del dueño de AC Inversions y sus socios, quienes se encuentran en prisión preventiva por el fraude que afectó a más de 10 mil personas por más de $ 70 mil millones. El recurso es en nombre de 800 víctimas, y según informó el ex fiscal nacional, es en representación de víctimas de Antofagasta, Iquique, Arica, Rancagua, Concepción y Punta Arenas. "Es una causa que creemos que tiene una complejidad que la hace atractiva", dijo Chahuán.

El subsecretario del Interior Mahmud Aleuy, confirmó ayer que se aplicará sanciones a los padres de los menores de edad que cometan delitos. Fue el Consejo de Defensa del Estado (CDE) el que aprobó la medida, que permite al Estado iniciar acciones legales en contra de los padres para aplicar acciones civiles. "Queremos recuperar la totalidad o parte del costo del daño de infraestructura pública que se producen", explicó ayer la autoridad. Aleuy descartó que se trate de una medida contra los movimientos sociales. "No hacemos demandas contra organismos sociales que se manifiestan públicamente. Lo hacemos en aquellos casos en donde hay un delito y en donde hay daño de infraestructura pública", dijo. La medida fue aceptada luego de que Interior le hiciera la solicitud al CDE para establecer responsabilidades civiles de padres o tutores de menores.

Carolina Collins

Los seis imputados en el denominado caso Tsunami aceptaron ayer ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago las condiciones para optar a la suspensión del proceso acordado con el Ministerio Público, y así poder evitar el juicio oral y lograr ser sobreseídos definitivamente en un plazo de un año.

El acuerdo incluye al ex subsecretario del Interior, Patricio Rosende, la ex directora de la Onemi, Carmen Fernández, el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi, Johaziel Jamett, y los marinos del SHOA Andrés Henríquez, Mariano Rojas y Mario Andina.

Según detalló durante la audiencia el fiscal José Luis Pérez Calaf, el acuerdo consiste en el pago de $ 235 millones, cuyo pago será efectuado en cuotas y será repartido entre los querellantes.

Rosende tendrá que pagar $ 80 millones, Fernández $ 40 millones y Jamett $ 5 millones. En tanto, los otros tres marinos entregarán una indemnización de $ 40 millones.

En total $ 235 millones serán repartidos entre las familias de las 104 personas que resultaron fallecidas producto de la fallida alerta de tsunami tras el terremoto del 27 de febrero de 2010 en la zona centro-sur del país. El resto, equivalente a $ 10 millones, será destinado para financiar un seminario de Plan de Protección Civil.

El acuerdo incluye la lectura de una declaración pública que explique su labor el día de la tragedia, que será leída una vez que se concrete la suspensión del proceso, en caso de que el tribunal la acepte. Esa declaración no contempla un reconocimiento de responsabilidades.

La jueza del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, Carolina Gajardo, ahora deberá resolver si aceptará o no suspender el proceso, luego de escuchar los testimonios de los 140 querellantes.

Los familiares de las víctimas rechazaron el acuerdo y lo calificaron como "inaceptable", anunciando que se opondrán al acuerdo alcanzado entre las defensas de los imputados y el fiscal regional occidente, José Luis Pérez Calaf.

En total 33 personas entregaron su testimonio ayer y culparon a las autoridades de la época de haber actuado negligentemente. Los querellantes argumentaron su rechazo a la suspensión del proceso.

"Hubo negligencias claras y precisas de las personas que estaban a cargo de la seguridad de nuestro país", dijo Silvana Sanzana, quien perdió a su padre, según consignó Emol.

"Me quitaron lo más importante de mi vida, nunca más pude decirle feliz cumpleaños ni celebrar la Navidad con él", dijo Tania González quien perdió a su hijo de cinco años en Constitución.

Se espera que las audiencias de testimonios se extiendan por tres semanas.

"Esta es una propuesta hecha por el Ministerio Público, la cual nosotros creemos que es totalmente legal dentro del procedimiento".

Luciano Fouillioux Abogado de Carmen Fernández.