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El Gobierno colombiano inicia un proceso de paz con el ELN, la segunda guerrilla del país

VIOLENCIA. Presidente Santos remarcó que estas negociaciones serán muy distintas a las sostenidas con las FARC.
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El Gobierno de Colombia y el grupo rebelde Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrila del país, anunciaron ayer el inicio formal de un proceso de paz que contempla la instalación de una mesa de conversaciones en Ecuador para dar fin a medio siglo de violencia política.

El anuncio fue hecho desde la sede de la Cancillería venezolana en Caracas por Frank Pearl, jefe de la delegación del Gobierno colombiano, y el jefe rebelde "Antonio García", luego de más de un año de conversaciones.

Gobierno y ELN, única guerrilla que continúa alzada en armas en Colombia, "han convenido instalar una mesa pública de conversaciones para abordar los puntos que se establecen en la agenda, con el fin de suscribir un acuerdo final para terminar el conflicto armado y acordar transformaciones en búsqueda de una Colombia en paz y equidad", según un documento leído por Pearl y García.

La mesa también tendrá sesiones en Venezuela, Chile, Brasil y Cuba, países que serán los garantes del proceso.

El Presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que el proceso de paz con el ELN y con las FARC son muy distintos, pero que el fin del conflicto en Colombia "es solo uno".

Entre otros puntos, las delegaciones estudiarán las condiciones de seguridad para el ELN, garantías de su participación en política y la discusión de la situación de los guerrilleros del ELN que están presos.

Según cifras oficiales, el ELN tiene en sus filas a unos 1.500 combatientes. Las FARC, por su parte, conservan a más de seis mil combatientes, pero desde hace meses cesaron unilateralmente toda hostilidad.

Presidenta Dilma Rousseff busca el apoyo de sus otros aliados tras la salida del PMDB

BRASIL. La Mandataria volvió a calificar como un "golpe" el juicio político promovido en su contra y aseguró que la quieren "derrocar" para "golpear los derechos conquistados por la población".
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La Presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, busca el apoyo de los otros partidos de su coalición de Gobierno después de que el martes la abandonara la formación política más grande del país, en momentos en que enfrenta un juicio político que podría provocar su caída.

Según informaron medios locales, la Mandataria planea usar las vacantes que dejarán los miembros del PMDB en el Ejecutivo para reforzar el apoyo de las seis agrupaciones que permanecen en la coalición junto con su Partido de los Trabajadores (PT).

Los líderes del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) anunciaron el martes que sus miembros renunciarán a sus seis puestos en el gabinete y unos 600 empleos en el Gobierno federal, pero ayer parecía que al menos tres ministros permanecerían en el gabinete.

Según el diario O Estado de S. Paulo, el ministro de Salud, Marcelo Castro, y el de Ciencia y Tecnología, Celso Pansera, buscaban un acuerdo para permanecer, en tanto que la ministra de Agricultura, Katia Abreu, podría desvincularse del PMDB para seguir en el gabinete.

Rousseff necesita al menos 172 de los 513 votos en la Cámara de Diputados para detener el juicio político por supuesta violación de leyes fiscales. Se prevé una votación a mediados de abril, y sin los 69 votos del PMDB, las probabilidades de sobrevivencia de la gobernante parecen disminuidas.

La popularidad de Rousseff ha caído en picada en medio de la recesión más grave en varias décadas y un escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras que se acerca al círculo gobernante. Ayer, un nuevo sondeo reveló que solo un 10% de la población apoya a la Presidenta, un ínfimo aumento con respecto a su popularidad el año pasado. La encuesta, elaborada por la agencia Ibope, también mostró que la desaprobación de la Mandataria llega a un 69%.

"no habrá golpe"

En un acto en el que anunció nuevas metas para un programa de construcción de viviendas populares, Rousseff volvió a calificar ayer a calificar como un "golpe" el "impeachment" promovido en su contra por la oposición y aseguró que la quieren "derrocar" para "golpear los derechos conquistados por la población".

La máxima autoridad del país fue respaldada por activistas de movimientos sociales al grito de "no habrá golpe", que se repite en cada manifestación en favor de la Mandataria y ayer se escuchó en los salones del Palacio presidencial de Planalto.

"Tenemos que estar atentos, porque quien no tiene razones para sacar a un Gobierno con base en la Constitución, quiere sacarlo para golpear los derechos conquistados por la población", aseguró.

Rousseff incluso planteó que si eso ocurre con una Presidenta elegida democráticamente, "qué no harán contra el pueblo" aquellos que, en su opinión, "no aceptaron nunca" los programas sociales que han beneficiado a millones de brasileños en los últimos años.

La oposición promueve un juicio político contra Rousseff bajo la acusación de que incurrió en un "delito de responsabilidad", que la Constitución prevé como causa de destitución de un Jefe de Estado, al avalar unas maniobras contables para supuestamente maquillar los resultados del Gobierno en los dos últimos años.

Rousseff reiteró que eso "no es un delito de responsabilidad" y que las cuentas que pueden ser juzgadas son solo las de 2014, ya que las de 2015 aún no han sido siquiera recibidas por el Congreso, que las debe aprobar o rechazar cada año.

Abogados de Lula defienden el fuero

Los abogados del ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva alegaron que el ex Jefe de Estado necesita de fuero privilegiado para poder desempeñarse de forma independiente como ministro de la Presidencia y no para huir de las investigaciones por corrupción. El argumento consta en un documento enviado por los defensores del ex Mandatario a la Corte Suprema y en el que rebaten el parecer en el que el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, propuso que el nombramiento de Lula sea mantenido pero sin el fuero privilegiado que lo blinda ante los tribunales comunes.

69 escaños en la Cámara Baja tiene el PMDB. Rousseff necesita 172 votos para evitar un juicio político.

10% de popularidad tiene la Presidenta Rousseff, según un sondeo divulgado ayer por la agencia Ibope.