El Congreso de Brasil acelera proceso de juicio político en medio de tensión
CRISIS. La policía militarizada salió a la calle para dispersar las protestas y el Congreso decidió acelerar el trámite para un posible juicio político contra Rousseff.
Mientras en Sao Paulo miles de personas se manifestaban para exigir la renuncia de la Presidenta Dilma Rousseff y la policía militarizada salía a la calle para dispersar las protestas, la Cámara de Diputados de Brasil celebraba ayer una sesión extraordinaria para acelerar el trámite para un juicio político contra la Mandataria.
El presidente de los diputados, Eduardo Cunha, anunció que el organismo legislativo celebrará sesiones de lunes a viernes, dos días más de lo habitual, con el fin de acortar los plazos del posible "impeachment" que puede llevar a la destitución de la Mandataria. Con esto, el plazo de 10 sesiones legislativas para que la Jefa de Estado presente su defensa ante una comisión comenzó a correr.
Las acusaciones contra Rousseff se fundamentan en supuestas irregularidades cometidas por el Gobierno entre 2014 y 2015 en sus balances. Sin embargo, el trámite será netamente político, según EFE.
un tribunal de Río de Janeiro anuló ayer la segunda de las dos cautelares presentadas contra el nombramiento del ex Mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como ministro.
La decisión judicial permite al ex gobernante volver a ejercer su cargo de jefe de gabinete, según confirmaron a EFE desde la Abogacía General de la Unión (AGU).
Lula fue nombrado ministro de la Presidencia el miércoles pasado, al día siguiente fue investido, pero 40 minutos después dos jueces ordenaron suspender los efectos de su posesión, atendiendo a sendas demandas presentadas por partidos y grupos opositores.
La primera cautelar, tomada en un tribunal de Brasilia, fue anulada el jueves, y la segunda, que procedía de una corte de Río de Janeiro, fue reprobada por el Tribunal Regional Federal de la Segunda Región, corte de segunda instancia.
En su decisión, el vicepresidente de la corte, Reis Fride, argumentó que la corte de Río no es competente para impugnar un acto decidido por la Presidenta, que solo podría ser contrariada por el Tribunal Supremo.
Además, Fride consideró que "no le cabe al judiciario inmiscuirse en consideraciones de carácter políticas" y sugirió que la suspensión del nombramiento podría acarrear una "grave lesión" al orden público y a la economía, considerando "el riesgo de agravamiento de la crisis político-social que atraviesa la nación".
Los opositores creen que la designación es ilegal porque se trata de una supuesta maniobra para que Lula evite ser juzgado por corrupción en los tribunales comunes.
Además, la oposición sostiene que Lula no puede ser ministro al estar bajo investigación en diversos procesos y haber sido acusado formalmente de delitos de enriquecimiento ilícito, blanqueo de dinero y falsificación de documentos.
En Sao Paulo, la capital financiera del país, miles de personas volvieron a manifestarse en la principal avenida de la ciudad para exigir la renuncia de Rousseff. La policía militarizada dispersó las protestas lanzando chorros de agua y bombas de gas lacrimógeno. El episodio refleja el aumento de la tensión en un ya convulsionado Brasil.
Más tarde fue el turno de movimientos sociales de izquierda, sindicatos, y militantes del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), que se manifestaron en 20 estados del país en defensa del Gobierno de Rousseff.
Aceleran "impeachment"
Mientras, la Cámara de Diputados celebró ayer una sesión extraordinaria para acelerar el trámite para un juicio político a Rousseff.
PT presionó para evitar prisión
Una escucha telefónica divulgada ayer reveló que el presidente del Partido de los Trabajadores (PT), Rui Falcão, presionó al Gobierno para que tomara medidas para evitar el cumplimiento de una orden de prisión contra Lula. "Tienen que moverse", dijo Falcão el 10 de marzo al entonces ministro de la Presidencia, Jaques Wagner. La divulgación de audios alimentó la polémica sobre los límites entre los poderes en el país. El Ejecutivo anunció que investigará si se realizan escuchas telefónicas en el Palacio de Planalto.