El 68% de los chilenos está convencido de que la violencia en los estadios es la principal razón por la cual la gente ya no asiste a estos escenarios a ver los partidos del campeonato nacional de fútbol. Así lo reveló el último estudio de la Plaza Pública Cadem, dado a conocer a principios de esta semana.

La opinión de los encuestados es lapidaria, y hay antecedentes concretos para justificar ese divorcio entre la gente y los estadios, como los episodios ocurridos en Valparaíso en diciembre pasado, cuando se suspendió el duelo entre Wanderers y Colo Colo.

Lamentablemente, destruir bienes de uso público sale casi gratis, al no recibir sanciones ejemplarizadoras. De esta forma, es muy difícil erradicar la violencia, que también es alentada en las redes sociales, donde además de las groserías hay agresiones escritas y descalificaciones circulando al amparo del anonimato.

Los hechos que están ocurriendo en los estadios, construidos o remodelados con recursos de todos los chilenos, son una muestra más de ese clima odioso que causa destrucción material y personal, y que afecta expresiones como el fútbol. Se aleja así a las familias y a quienes buscan sana distracción en la emoción de un cotejo.

En el caso del fútbol, se ha legislado estableciendo normas para lograr estadios seguros, con una estructura responsable de esta tarea y con la aplicación de tecnologías y medidas preventivas, que siempre son insuficientes. El resultado ha sido nulo, según lo comprueban los hechos. Incluso cuando se logra identificar y detener a los culpables, el castigo es leve -si es que existe- y no intimida a quienes insisten en la violencia como conducta frecuente.

Se habla de más medidas, de sanciones más fuertes, de suspensión de partidos, de la vuelta de Carabineros al interior de los estadios, lo que significa menos personal para resguardar las calles y las poblaciones. Sin embargo, en todas estas expresiones violentistas que se viven en recintos deportivos y en las calles, es necesario que la autoridad otorgue las herramientas que se han restado en forma persistente a la policía.

Nuestra economía presenta los síntomas propios de sistemas basados fundamentalmente en la explotación de recursos naturales. Una progresiva caída de la productividad, o sea mayores costos para producir el mismo volumen de producto que antes, como consecuencia de mayores costos de extracción, energía y ambientales, escasa incorporación de nuevas tecnologías y de productos de valor agregado, y mínima especialización de la mano de obra. Esa caída en la productividad, hace que nuestros productos de exportación pierdan competitividad en los mercados internacionales, lo cual se agrava cuando además su precio cae y el margen se acerca a cero o se hace negativo. La cuestión resulta muy seria en países como Chile, cuya economía descansa en muy pocas industrias exportadoras sujetas a estas circunstancias y a las fluctuaciones propias de los mercados internacionales, comenzando a mostrar signos de agotamiento que se traducen en crecimientos cada vez menores. Chile no tiene otra opción que innovar con urgencia en sus principales industrias para desarrollar soluciones y plataformas tecnológicas que permitan producir cobre, frutas, vino y pescados, entre los principales, con menores costos, especialmente de energía, mayor calidad, mayor valor agregado y menores impactos ambientales y sociales, optando con ello a mejores precios en los mercados-objetivo, fortaleciendo la marca de sus productos estrella. Para que esto ocurra, debe incentivarse el trabajo conjunto entre Industria, Estado y Academia, de modo que se estimule el encuentro entre las necesidades de las empresas, la oferta de la academia y un adecuado marco regulatorio y de fomento productivo.

Pero innovar y mejorar la productividad en nuestras principales industrias no es suficiente, debemos incentivar la diversificación, para minimizar los impactos de los vaivenes de la economía de nuestros mercados y responder a las necesidades globales en ámbitos en que tenemos ventajas comparativas y competitivas. Se trata de buscar el desarrollo de nuevas industrias, especialmente de alta proyección futura, como energías renovables no convencionales, alimentos saludables, desarrollo del turismo e industria creativa, nuevas operaciones mineras de alto valor, como el litio, entre otros. La agenda del Gobierno se ha hecho cargo de este desafío estableciendo metas y recursos, que han permitido robustecer este tránsito con una profundidad inédita.

Adolfo Alvial Muñoz Director Regional Corfo - Los lagos