En un fallo dividido el pleno de la Corte Suprema revocó ayer el desafuero del diputado de la UDI Gustavo Hasbún, luego de que el pasado 20 de noviembre la Corte de Apelaciones de Santiago diera razón a la querella presentada por la familia de Rodrigo Avilés y admitiera la medida contra el parlamentario.

El padre del joven que el pasado 21 de mayo resultó gravemente herido tras ser golpeado por el carro lanzaaguas de Carabineros en Vaalparaíso, Félix Avilés, fue quien presentó la querella por injurias y calumnias en contra de Hasbún.

La acción judicial fue presentada luego de que el parlamentario gremialista se refiriera a Avilés como un "delincuente" y un "violentista" y asegurara que el joven estudiante de Literatura de la Universidad Católica, había participado de saqueos "encapuchado". Esto luego de que la Presidenta Michelle Bachelet acudiera a visitar al joven que se encontraba hospitalizado.

En su defensa Hasbún argumentó que sus palabras no habían estado dirigidas en contra de Avilés, sino como una forma de criticar al Gobierno de la Presidenta.

Tras conocer el dictamen el parlamentario afirmó que "la Corte Suprema viene a rectificar que la Corte de Apelaciones emitió un fallo de carácter político que atentaba contra la libertad de expresión".

"En relación a la querella de injurias viene a ratificar que esto era un show mediático de operadores políticos que justifican la violencia como un mecanismo legítimo para poder protestar. Yo no me voy a referir a los dichos del señor Avilés, porque yo nunca me he referido a él", agregó.

Por su parte, el padre del joven, Félix Avilés, criticó la resolución del máximo tribunal, y manifestó que "aquí lo que hay en este fallo es que cualquier persona que tenga fuero hoy día puede decir lo que se le ocurra frente a cualquier ciudadano".

Carolina Collins

Luego de que surgieran nuevos antecedentes que vincularían al ex candidato presidencial de la UDI Pablo Longueira al caso SQM, el secretario general del partido, Guillermo Ramírez, aseguró que tiene total confianza en el ex ministro.

"Yo confío absolutamente en la autoridad y en la entereza moral de Pablo Longueira (...) No hemos conversado con él, pero podríamos hacerlo en los próximos días, la verdad es que no lo hemos conversado", dijo.

El dirigente cuestionó que surjan nuevos antecedentes esta semana. "Llama la atención que estas filtraciones se produzcan en el momento en que el caso Caval está en su peak de sintonía", aseveró.

Esto luego de que revista Qué Pasa publicara que existió una serie correos electrónicos entre el ex senador el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, cuando se tramitaba la ley del royalty minero.

El intercambio de correos, según la publicación, ocurrió en agosto de 2010 cuando el ex Presidente Sebastián Piñera decidió establecer un impuesto específico a la gran minería para financiar la reconstrucción, lo que finalmente no se concretó.

Serían cuatro correos que vinculan a Longueira con el ex ejecutivo de la minera, que fue formalizado el año pasado por los delitos de evasión tributaria en el marco del caso SQM.

Uno de los vicepresidentes del partido, el diputado Javier Macaya, defendió a Longueira y aseguró que en los correos "uno ve que hay una comunicación de comentarios y opiniones sobre un proyecto de ley, no vi que existiera una situación de 'oye, a cambio de esto, esto otro', o sea, no existe eso".

Sorpresa de Lagos Weber

En el primero de los mails, que permanecían en una carpeta secreta de la investigación, Longueira le envió un documento escrito por el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), que le había manifestado reparos respecto al royalty y le planteaba algunas ideas para concretar un acuerdo con el entonces bloque opositor.

Lagos Weber se mostró "sorprendido" a través de una declaración que emitió tras conocer que Longueira había incluido un documento suyo. "Desconozco el motivo y me siento sorprendido por la decisión del Sr. Longueira de compartir esa información a una persona ajena a la conversación oposición gobierno y que se vería afectada por la regulación que estábamos legislando", manifestó.

"Considero que no procedía, ya que nuestro interlocutor era el Gobierno y la opinión del sector minero debía ser a través de sus representantes gremiales", añadió.