En mi anterior columna, hice referencia a las "lista de tareas y útiles" que tiene el Gobierno en relación a la Educación Superior y puse en duda su capacidad para cumplirla durante el 2016 y en lo que queda de mandato. Y es que, desde el discurso del 21 de mayo a la fecha, existen más de 12 modificaciones a documentos y proyectos de ley sobre Educación Superior, sin que ninguno se haga cargo de la calidad, ni de la regionalización.
La educación no es sólo un problema de platas que se inyectan en un determinado momento, es una inversión de muy largo plazo que marca a las sociedades y que -como lo demuestran los países exitosos dentro y fuera de la OCDE- han requerido largos períodos de debate para llegar a la gradualidad con mejores sistemas.
Hoy detallaré las materias (mi lista de útiles) que esos proyectos de ley tienen que afrontar, sin considerar sus respectivos reglamentos, ni la educación primaria y secundaria.
Sobre el financiamiento de estudios en Educación Superior: ¿gratuidad universal, cuándo y por qué?; regulaciones y marco institucional, fiscalizaciones; autonomía y convenios para adscribir a la gratuidad; modelo educativo (mixto, estatal, privado). Sobre el desarrollo del futuro del sistema: aranceles regulados, posibilidades de inversión, aseguramiento de la calidad y acreditaciones, desarrollo de nuevas carreras y crecimiento (¿definición de futuros profesionales de acuerdo a presupuesto fiscal coyuntural?), ¿posibilidad de co-pagos?, ¿aranceles iguales para alumnos con y sin gratuidad?, convivencia entre alumnos con gratuidad y endeudados. Por otra parte me pregunto ¿qué pasa con la masa de los ya egresados y endeudados? ¿Y qué pasa con la libertad de emprendimiento y los nuevos proyectos educativos?
El Marco General de Cualificaciones y Reforma es un disparo final a la libertad de enseñanza y proyectos ¡Ojo! El tema pasa por la exigencia de grados para ejercer la profesión, lo que determina los currículos y -en un sistema como lo que hasta ahora se sabe- sería la ENU 2.0.
Y, por último, entre las tareas pendientes está aclarar la situación de las carreras técnicas y de las instituciones pertenecientes a las universidades estatales que las imparten ya que ninguno de sus institutos o centros de formación técnica está acreditado, mientras que las instituciones privadas han invertido ingentes recursos para lograr los estándares de calidad exigidos por la acreditación.
Víctor García Ossa, economista,
rector Santo Tomás Osorno
