Las autoridades mexicanas investigan si el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán invirtió dinero en un negocio de la actriz Kate del Castillo.

En una entrevista con el diario El Universal publicada ayer, la procuradora (fiscal) general de México, Arely Gómez, indicó que se investiga un posible lavado de dinero, aunque dijo que aún no se tiene ninguna certeza jurídica.

La funcionaria confirmó que Del Castillo fue citada a declarar sobre la reunión que tuvo con Guzmán junto al actor estadounidense Sean Penn, lo que podría ocurrir en algún consulado de México en EE.UU., donde la actriz está radicada.

"Nosotros tenemos una investigación en el caso del tequila", dijo la procuradora en relación a una marca de esa bebida de la actriz.

Interrogada sobre si había datos para creer que el capo, considerado líder del cartel de Sinaloa, habría dado recursos a ese negocio, la funcionaria dijo que sí. "Tenemos indicios, pero necesitamos certeza jurídica", añadió.

La procuradora aseguró que a Penn no se le investiga por ningún delito.

Del Castillo señaló la semana pasada en su cuenta de Twitter que "muchos han decidido manipular la información y fabricar historias falsas".

La actriz y Penn se reunieron en octubre con "El Chapo" y, según las autoridades mexicanas, eso les permitió ubicar en aquel momento al capo, aunque logró evadirse. Poco más de dos meses después Guzmán fue detenido en la ciudad norteña de Los Mochis y recluido en la misma prisión de máxima seguridad de la que se había fugado en julio.

La procuradora mexicana dijo que también investigan los gastos de la actriz durante el viaje que hizo al estado norteño de Durango, donde las autoridades dijeron que se realizó la entrevista.

"Tenemos que cerciorarnos quién le proporcionó el avión, quién lo pagó, toda la logística del viaje", indicó.

La procuradora dijo que se decidió extraditar a Guzmán a EE.UU., aunque otros funcionarios han sugerido que el proceso puede durar por lo menos varios meses.

La titular del partido opositor Vente Venezuela, María Corina Machado, exigió ayer que sea destituido el encargado de la cárcel donde se encuentra el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, acusado de vejar a la esposa y a la madre de este en presencia de sus dos hijos menores.

La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), desde este mes controlada por la oposición, "tiene que exigirle al ministro (de Defensa, general Vladimir) Padrino que destituya e investigue de inmediato al coronel Viloria, responsable de estos hechos infames", exigió Machado a través de Twitter.

Agresión

Lilian Tintori y Antonieta Mendoza, esposa y madre de López, respectivamente, denunciaron la noche del lunes en las oficinas en Caracas del canal de televisión colombiano NTN24 que, en presencia de Manuela y Leopoldo, de seis y tres años, ambas fueron desnudadas y revisadas hasta en sus partes íntimas por orden del coronel identificado solo con su apellido.

"Infame práctica de 'requisar' a miles de mujeres venezolanas que visitan a familiares presos es la más cruel representación del régimen depravado. NO MÁS", añadió Machado.

La titular del Partido Vente Venezuela les dijo a Tintori y a Mendoza que "todas las mujeres venezolanas" sienten "en carne propia la agresión que sufrieron" el pasado domingo en la cárcel militar de Ramo Verde, próxima a Caracas.

Mabel González / Agencias

El Tribunal Supremo de EE.UU. decidió ayer que revisará la apelación presentada por el Gobierno para poder poner en marcha las medidas ejecutivas migratorias del Presidente Barack Obama, que buscan suspender temporalmente la deportación de más de cinco millones de indocumentados.

Esas medidas, anunciadas por Obama en noviembre de 2014, fueron bloqueadas hace casi un año a raíz de una demanda presentada por un total de 26 estados, en su mayoría gobernados por republicanos y liderados por Texas.

Se espera que los jueces del Supremo, el máximo tribunal del país, escuchen los argumentos del caso en abril para adoptar un fallo hacia finales de junio, apenas un mes antes de las convenciones demócrata y republicana para seleccionar a sus candidatos presidenciales de cara a las elecciones de noviembre.

El asunto de la inmigración, y en particular las medidas ejecutivas de Obama, está siendo muy debatido en esta campaña electoral.

La mayoría de los precandidatos republicanos a la Casa Blanca se opone a esas medidas de Obama para beneficiar a los indocumentados, mientras que los aspirantes demócratas prometen ir incluso más lejos que el Mandatario para reformar el sistema migratorio.

El plan migratorio de Obama consiste en la ampliación de un programa ejecutivo de 2012 conocido como Acción Diferida (DACA) y cuyo objetivo es evitar la deportación de los jóvenes "dreamers" (soñadores) que llegaron a EE.UU. siendo niños en el seno de familias de indocumentados.

La otra parte del plan es el programa Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA), que busca amparar a los padres indocumentados de ciudadanos estadounidenses o con residencia permanente.

En febrero pasado, un juez federal de Texas bloqueó las medidas de Obama a raíz de la demanda presentada por 26 estados y en noviembre la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones, con sede en Nueva Orleans, decidió mantener dicha suspensión.

El Gobierno de Obama decidió entonces presentar una apelación ante el Tribunal Supremo.

Si el Supremo falla a favor del Gobierno, Obama tendrá apenas medio año para tratar de poner en marcha sus medidas migratorias, ya que su mandato concluirá en enero de 2017.