El autodenominado operador político y ex recaudador de fondos de la Nueva Mayoría, Giorgio Martelli, realizó un depósito de $ 500 mil al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, con el fin de "reparar con celo el mal causado", en el marco del caso SQM.

El ex militante de PPD hizo llegar el dinero el pasado 15 de enero al tribunal que tiene sus oficinas en el Centro de Justicia de Santiago.

El monto fue aceptado por el juez titular de la instancia judicial, Sergio Córdova Alarcón, el que en su resolución señala "téngase por acompañado el comprobante de depósito por la suma de $ 500.000 realizado por el imputado Giorgio Martelli Roba".

El texto agrega que la finalidad de la acción tiene como "fin reparar con celo el mal causado".

Asimismo, solicitó que se "notifique por vía de correo electrónico a los intervinientes".

Cargos formalizados

El 14 de septiembre pasado, Giorgio Martelli fue formalizado por el caso SQM por los delitos de facilitación de boletas ideológicamente falsas, apropiación indebida y otorgamiento de contratos simulados en carácter "reiterado y consumado", según detalló el Ministerio Público.

En ese entonces, el dueño de la empresa Asesorías y Negocios (AyN) quedó con arresto domiciliario total, pero en octubre, tras la revisión en dos oportunidades de las cautelares, la medida fue rebajada a arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional.

En noviembre del año pasado, Martelli declaró ante la fiscal Carmen Gloria Segura, oportunidad en la que admitió préstamos por $ 32 millones al director administrativo de La Moneda, Cristián Riquelme, dineros que habrían tenido como destino la campaña electoral de la hoy Presidenta Michelle Bachelet.

Asimismo, habló del rol que habría cumplido el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, en la empresa AyN, señalando que "yo cumplí las instrucciones de Peñailillo, porque él me lo pidió y además porque (Jorge) Rosenblut, cuando me reconecta con Peñailillo, me dice que voy a trabajar con él, y que busquemos alguna figura legal que sirva para ayudar a estos profesionales", aludiendo al grupo que trabajó en la campaña de la entonces candidata presidencial de la Nueva Mayoría.

Mabel González

El Gobierno y la Nueva Mayoría respaldaron ayer a la jefa de gabinete de la Presidenta Michelle Bachelet, Ana Lya Uriarte, luego que la nuera de la Mandataria, Natalia Compagnon, la vinculara con Caval, empresa investigada por la presunta compra irregular de terrenos en Machalí.

"No les quepa ninguna duda de que no hay ningún hecho que merezca algún tipo de reproche", afirmó el ministro secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, al ser consultado sobre si la asesora cuenta con la confianza de la Jefa de Estado.

"De hecho nadie lo ha formulado así", agregó. "Yo agradezco que incluso en medio de estos tiroteos que se producen y esta discusión enredada en términos de la política y estos hechos que se investigan, mucha gente haya tenido la franqueza de decir que qué tiene que ver esto que ocurrió el 2012", sostuvo Díaz.

En su declaración del 11 de enero pasado ante la Fiscalía de Rancagua, la nuera de la Presidenta admitió una serie de pagos por asesorías a la empresa de la que es socia, entre ellos a la hoy jefa de gabinete de la Mandataria.

Según detalló Compagnon, la mayoría de los trabajos de la firma eran externalizados y en ese sentido se requirieron los servicios de Uriarte, los que datarían del año 2012.

"También contratamos a Ana Lya Uriarte porque Gonzalo Vial estaba interesado en comprar la central termoeléctrica Los Guindos y se necesitaba saber si la planta era lo que se ofrecía, y se le pagó a ella desde la cuenta corriente de Mauricio Valero", socio de Caval, se consignó en la declaración.

El ministro Díaz recordó que en la fecha en que trabajó para Caval, Uriarte "era una abogada privada que ejercía su profesión en una oficina de abogados, y de acuerdo a su experiencia profesional ella brindaba un servicio a cualquier empresa".

La funcionaria fue respaldada por los jefes de partido de la Nueva Mayoría, entre ellos la timonel del PS, senadora Isabel Allende, quien acusó la existencia de una "operación política" que busca perjudicar al Ejecutivo.

"La información de los medios tiene que ser verosímil y tiene que ser más cercana a la verdad que ninguna cosa, y es una responsabilidad señalarle una vez más a la ciudadanía: no nos confundamos, acá hay una operación para intentar mezclar una situación del 2012 con la del 2014", dijo la parlamentaria, aludiendo al estallido del caso Caval.

Mientras, el presidente del PPD, senador Jaime Quintana, consideró que la vinculación de Uriarte en el caso es "injusta, porque no tiene ninguna relación ni en el tiempo ni en el fondo con los hechos que está investigando la justicia, y esto es un tema que está en sede judicial y es ahí donde debe permanecer".

El Tribunal de Garantía de Rancagua rechazó la solicitud del síndico de quiebras Herman Chadwick Larraín para suspender la formalización de cargos en su contra por el caso Caval.

El abogado será una de la decena de personas a los que el fiscal Luis Toledo imputará cargos el próximo 29 de enero en la capital de O'Higgins.

Según informó T13, Chadwick sostiene que la solicitud de Toledo no tenía los requisitos para ser aceptada por parte del tribunal, debido a que no se habría consignado con claridad la fecha y el lugar en que se habrían cometido los ilícitos que se le imputa (ventajas indebidas del síndico).

A través de su abogado Ciro Colombara, el profesional acusa que existe una "vaguedad" en la presentación, argumentando que en la solicitud de formalización para los imputados no se indica con claridad si el lugar de comisión de los delitos es la comuna de Machalí o Rancagua.

En ese sentido manifiesta que la solicitud del persecutor "se limita a indicar que los delitos habrían sido cometidos en los años 2012, 2013, 2014 y 2015, sin distinguir cuál de los cuatro delitos, atribuidos a diez imputados distintos, fue cometido en cada uno de los años citados".

A juicio de Chadwick, la supuesta ambigüedad de la solicitud "impide afrontar adecuadamente la audiencia de formalización y conculca el derecho al debido proceso de mi representado y los demás imputados en esta causa".

No obstante, el jueves pasado el tribunal respondió la acción señalando que estimaba que la solicitud de audiencia de formalización sí "cumple los requisitos previstos en el artículo 231 del Código Procesal Penal".

Ahora Chadwick deberá esperar hasta mañana la decisión del Tribunal Constitucional acerca de la petición que realizó la semana pasada, también para suspender la investigación en su contra.