Balance y proyecciones
Contenidos sin entregar y procesos de aprendizaje inconclusos, a eso se enfrentarán los estudiantes de las escuelas y liceos municipales. "Deberemos enfrentar en 2016 la discusión de la ley de educación superior que fije nuevas reglas y promueva la transformación del sistema"
El 2015 fue un año complejo, titubeante, tenso y con bemoles, y con cuestionamientos a la clase política y empresarial. Colusión y corrupción fueron los términos más utilizados en 2015.
En educación superior no estuvimos exentos de complicaciones. El anuncio presidencial de gratuidad en mayo se vio empañado por las presiones de las universidades privadas para entrar a la gratuidad. Ante la limitación de recursos, se redujo el porcentaje de alumnos favorecidos del 60% a 50%. Se cuestionó la fórmula utilizada por el Ejecutivo en la glosa del presupuesto 2016, por lo que se acudió al Tribunal Constitucional. Se cuestionaron los años de acreditación de tres universidades estatales, incluida la nuestra, y debimos enfrentar días donde paradójicamente quedábamos fuera de la gratuidad, considerando que somos una de las instituciones que atiende a un mayor porcentaje de alumnos vulnerables.
2016 se plantea más auspicioso, esto pese a que los pronósticos económicos no son favorables: el precio del cobre sigue disminuyendo y la proyección de crecimiento es baja. No obstante, será el primer año en que cerca de 160 mil estudiantes accedan a la gratuidad, lo que marca un hito histórico, considerando que en nuestro país todavía prevalece el modelo educativo de mercado más privatizado del mundo. Por lo mismo, deberemos enfrentar en 2016 la discusión de la ley de educación superior que fije nuevas reglas y promueva la transformación del sistema.
Como representantes de las instituciones estatales, los rectores realizamos una serie de propuestas específicas tendientes a revitalizar el sistema público, documento que entregamos al Ejecutivo. En él se fundamenta la necesidad de establecer una relación específica entre éste y sus universidades, y el rol de éstas al servicio del avance científico regional y nacional. Bajo la convicción que debe existir un uso adecuado de los recursos públicos, hemos realizado propuestas específicas para asegurar un rol activo del Estado en la fijación de estándares de calidad, transparencia y rendición de cuentas a las instituciones no estatales.
Esperamos un 2016, si bien no exento de dificultades, sí de acciones concretas que nos permitan transitar a un modelo donde se establezca de forma permanente la educación como un derecho social.
Óscar Garrido, rector de la
Universidad de Los Lagos