Para nadie es un misterio que la educación superior en Chile es cara. Que para acceder a ella, una importante cantidad de familias chilenas debe hacer importantes esfuerzos económicos, pasar apreturas y endeudarse con la banca. A los criterios tradicionales de selección académica, se suma entonces el del dinero. Una condicionante arbitraria que profundiza la brecha entre los que tienen y los que no tienen y perpetúa un modelo social basado en la desigualdad.
La gratuidad universitaria propuesta por el Gobierno apunta directamente a desmontar el muro que para muchos chilenos representan los aranceles de las instituciones de educación superior, devenida -en no pocos casos- en un lucrativo negocio.
No es sorpresa, en este contexto, que existan grupos activamente interesados en que la idea de la gratuidad no prospere. Algo similar ocurrió con la primera etapa de la reforma educacional con el proyecto que puso fin al lucro, al copago y a la selección.
Hoy, se persigue el mismo fin -el de frenar el cambio- con distintos argumentos. La ampliación de los criterios para otorgar gratuidad a la que apelan los detractores de esta iniciativa parece ser una excusa para mantener el status quo. En el fondo, lo que buscan es la protección del modelo de educación superior vigente, con instituciones públicas cada vez más debilitadas.
La gratuidad, sin embargo, no es un capricho del Ejecutivo. Tampoco lo es la forma de aplicar esa gratuidad. El Estado tiene, en primer término, la obligación de apoyar y de financiar a sus universidades, las que durante décadas y por diversas razones, han recibido a la mayor cantidad de alumnos vulnerables.
La inclusión de todas las universidades estatales en la gratuidad 2016 constituye, por tanto, un acto de justicia con los centros de educación superior públicos, especialmente los de regiones, que durante demasiado tiempo han sido postergados.
La gratuidad fue pensada, en su origen, para favorecer a todos los estudiantes del país. Dado que el proceso será gradual, resulta razonable que el Estado comience por financiar a sus propias universidades, especialmente a las instituciones regionales como la Universidad de Los Lagos. La gratuidad comienza por casa.
Rabindranath Quinteros, senador por Los Lagos