Ana María Aceitón

Posiciones dividas hay entre los parlamentarios de la Región en la discusión en torno al beneficio de la gratuidad, que por estos días mantiene en alerta a la comunidad de la Universidad de Los Lagos, pues la propuesta de "ley corta" del Gobierno considera requisitos que la estarían dejando fuera del beneficio que permitiría a cerca de 5 mil estudiantes de la Región acceder a la educación superior liberados de pago.

Hoy se conocerá en detalle los motivos del fallo del Tribunal Constitucional (TC) respecto de su rechazo a los criterios que el Gobierno consideró en la glosa del Presupuesto en Educación, sobre la gratuidad para 200 mil estudiantes del país.

Por lo que el Gobierno tuvo que replantear una "ley corta" donde propone entre sus requisitos que las universidades que se adscriban a la gratuidad deben tener 4 o más años de acreditación. Condición que no cumplen las universidades estatales Arturo Prat (Unap), Universidad Tecnológica Metropolitana (Utem) y la Universidad de Los Lagos (ULagos).

Esta situación mantuvo durante toda la semana a la comunidad educativa movilizada y a la espera de que los parlamentarios de la zona no permitan que esta "ley corta" prospere.

Paralelamente el presidente del Consorcio de las Universidades del Estado de Chile (Cuech), Ennio Vivaldi, también se refirió a la situación y aseguró que de continuar la propuesta de "ley corta", las otras 13 universidades restantes que componen el organismo tampoco optarán al beneficio: "somos todas o ninguna", recalcó Vivaldi a través de diferentes medios.

División

En este contexto, el planteamiento de los parlamentarios cobra un importante factor pues serán ellos quienes deberán evaluar la nueva propuesta para luego aprobarla o desestimarla.

Es así como los diputados Fidel Espinoza (PS), Sergio Ojeda (DC) y el senador Iván Moreira (UDI) aseguran que la única forma que acepten una nueva propuesta será bajo la primicia de que todas las universidades estatales contarán de forma directa con el beneficio.

Esto porque durante los últimos días desde el Gobierno se han planteado alternativa al beneficio de la gratuidad para las casas de estudios "excluidas", como son bonos de fortalecimiento o inyecciones de recursos para lograr alcanzar el requisito de los 4 años de acreditación; propuestas que no son bien recibidas por los rectores.

Otra postura es la del senador socialista Rabindranath Quinteros, quien asegura que ninguna de las universidades estatales quedará sin recibir el beneficio pues se consideran aportes adicionales para establecer el financiamiento a las que no cumple con el requisito de acreditación.

"Todas las universidades estatales deben ser financiadas por el Estado, por eso como bancada hemos establecido un acuerdo con el ministro de Hacienda para que se presente un proyecto de revitalización de la educación para todas, especialmente para las universidades como la ULagos que requieren de un apoyo especial", recalcó Quinteros.

En esa misma postura el diputado Felipe De Mussy (UDI) estima que es necesario establecer algún tipo de diferenciación a las universidades estatales que no cumplen con los requisitos de acreditación, pues considera que el foco de la gratuidad es financiar a los estudiantes de escasos recursos que pertenezcan a instituciones que cumplan con los requisitos de calidad.

"Nosotros como chilenos no podemos financiar la gratuidad para cualquier tipo de institución, por lo que creo que es importante que de alguna manera haya un mínimo de calidad de la institución y ahí la Universidad de Los Lagos no cumple. Es necesario hacer un llamado a las autoridades de esa universidad a tomar las medidas pertinentes", recalcó.

Pese a los reiterados intentos de El Austral por comunicarse con el diputado UDI Javier Hernández, no hubo respuesta.

Nadie queda afuera

Los diputados Fidel Espinoza (PS), Sergio Ojeda (DC) y el senador Iván Moreira (UDI) no van a transar, pues bajo su perspectiva el proyecto de la gratuidad partió en las universidades estatales, más allá de si están o no acreditadas.

"Considerar la gratuidad sin incluir a todas las estatales de forma directa no es una opción, porque desde el inicio del proyecto nunca se habló de la acreditación ya que es una condición ajena a toda la filosofía de la gratuidad", comentó el diputado Ojeda, quien fue enfático en señalar que para él no existe la posibilidad de aprobar la iniciativa sin que todas las estatales estén incluidas.

Así de contundente es también el diputado Fidel Espinoza quien ratifica que "estas tres universidades no pueden quedar fuera del beneficio. Sería una aberración y tampoco se pueden considerar vías alternativas porque sería como "pasar por secretaría" a tres importantes instituciones que son líderes en sus zonas", estimó Espinoza.

Por eso hoy se reunirán para conocer el fallo de TC y luego analizar en detalle la nueva propuesta del Ejecutivo.

El UDI Iván Moreira calificó como una "mala improvisación" los cambios que se han considerado para la gratuidad.

"Esta mala improvisación que ha hecho el Gobierno terminará estableciendo más discriminaciones con los graves efectos secundarios que perjudican a miles de estudiantes del país y especialmente de nuestra región".

"No podemos financiar la gratuidad para cualquier tipo de institución (...) con un mínimo de calidad ".

Felipe De Mussy, Diputado UDI

"Esta mala improvisación que ha hecho el Gobierno terminará estableciendo más discriminaciones".

Iván Moreira, Senador UDI

Hoy al mediodía el Tribunal Constitucional dará a conocer de forma detallada el fallo a la glosa de gratuidad.

200 mil estudiantes beneficiados con la gratuidad es la promesa establecida por la Presidenta para 2016.

3 años de acreditación tiene la ULagos. El requisito considerado para la gratuidad es de 4 años o más.