Plan regulador y participación
La comunidad osornina tiene que responder positivamente a la opción de evaluar el instrumento de planificación territorial que se conocerá en enero. El plan regulador permitirá guiar el desarrollo urbano de Osorno para que se adecue a las nuevas exigencias y vele por la calidad de vida de las personas. "Los recursos fiscales son de todos y por lo tanto todos somos responsables de velar por su correcta utilización"
Luego de más de una década de estudios para que Osorno logre al fin tener su nuevo plan regulador, en enero del próximo año este instrumento de planificación territorial entrará a una etapa decisiva con la posibilidad de que la comunidad evalúe y comente las propuestas que estarán contenidas en él. Esta fase de participación ciudadana contempla un protocolo -establecido en la normativa- que incluirá a organizaciones sociales, agrupaciones profesionales y otros que tendrán la oportunidad de revisar las proposiciones acerca del desarrollo de la comuna, para luego realizar las observaciones y sugerencias que más tarde el equipo técnico debería analizar y eventualmente incluir.
Aunque durante muchos años se estimó que los planes reguladores de las ciudades eran la plataforma de salvación para el habitual desorden que exhibían las ciudades del país, creyendo que con su sola aprobación se solucionarían problemas relativos, por ejemplo, a la congestión vial o la absorción de tierras de alta riqueza agrícola para fines habitacionales, lo cierto es que se trata de una herramienta de planificación territorial que debe orientar las determinaciones de los organismos públicos a la hora de pensar un conjunto urbano. Este instrumento realiza una especie de localización de la comuna, asignando sus usos y previendo cuáles serán las tendencias de futuro, pero para su correcta aplicación se necesita también que los diversos organismos gubernamentales se pongan a tono con los deseos de la ciudad expresados en el plan, pues la experiencia ha mostrado la existencia de subterfugios que muchas veces permiten saltarse este ordenamiento.
En el caso del plan regulador de Osorno, viene discutiéndose desde 2006 y en 2011 tuvo que adecuarse a seis variables medioambientales que nio habían sido consideradas en sus inicios. Por ello el retraso que será puesto a prueba en un mes más, cuando la comunidad pueda evaluar qué es lo que se piensa hacer con el desarrollo urbano osornino.
En lo inmediato, lo importante es que la comunidad haga uso de su derecho y evalúe conscientemente las propuestas que se harán sobre la ciudad, conscientes de que no es la plataforma de salvación y que el ordenamiento pasa también por otros organismos.
Universidades y fútbol: negocio redondo
Recientemente nos enteramos que las anunciadas vacaciones de Sergio Jadue no eran tales, sino un requerimiento de la justicia norteamericana, debido a que reconoció su participación en los sobornos que recibieron en la Conmebol por los derechos de televisación de la Copa América. La salida de Jadue puso en cuestionamiento el control de cuentas de la ANFP. Según ha transcendido, en 2015 se repartió a los clubes más de $33 mil millones provenientes de las utilidades anuales del Canal del Fútbol (CDF) y se recibieron $7.500 millones de la Conmebol por la Copa América. De acuerdo con el Ciper (Centro de Investigaciones Periodísticas), en el marco de la compra de 20% del canal que se ha congelado por la salida de Jadue, se devela una fórmula para lograr una mayor repartición: declarar menos utilidades y pagar menos impuestos. El costo al final lo asume el Fisco.
Pero la corrupción al interior de la ANFP no debe extrañarnos. Ya en 2010 Jorge Segovia protagonizó un escándalo que involucraba contratos entre su universidad y colegios SEK con el club de su propiedad, Unión Española, lo que terminó inhabilitándolo de la presidencia. Segovia además fue partícipe del escándalo por la entrega de acreditaciones fraudulentas a universidades privadas, que desencadenó el procesamiento de dos rectores y del ex-presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) por cohecho, y fue la razón por la cual huyó a España.
Lamentablemente, nuestro sistema educativo, al igual que el fútbol, no ha estado exento de hechos cuestionables y de dudosa ética. La laxitud de la normativa y la falta de fiscalización han permitido la operación de una red de relaciones empresariales cuyas actividades se apartan del quehacer universitario y que logran esconder rentas cuantiosas en negocios colaterales como inmobiliarias. Coincidentemente, las universidades privadas reciben 85,8% de las donaciones a instituciones de educación superior (40 mil millones aproximadamente), recursos que pueden descontarse de impuestos.
De ahí que sea importante velar porque los recursos de la gratuidad no recaigan en instituciones que lucran o traspasen sus ganancias a terceros.
Los recursos fiscales son de todos, de la sociedad en su conjunto, y por lo tanto todos somos responsables de velar por su correcta utilización.
Óscar Garrido, rector de
la Universidad de Los Lagos