Hace un mes conmemoramos los 50 años de la trágica muerte del Teniente de Carabineros Hernán Merino Correa, quien el 6 de noviembre de 1965 perdió la vida mientras cumplía la función de vigilancia del territorio de Laguna del Desierto y de auxilio a los colonos chilenos que allí vivían. Cualquier palabra se hace escasa para expresar el reconocimiento y la gratitud que el pueblo chileno debe a sus carabineros de frontera, cuyo espíritu de servicio y de entrega es indiscutiblemente representado por el Teniente Merino Correa. Son los carabineros de frontera los que, en la aridez del norte y/o en la inclemencia del sur austral, tienen la responsabilidad de representar al Estado, cautelar la soberanía y proteger a los compatriotas que viven aislados. En esos lugares, donde la expresión "hacer patria" se manifiesta de modo literal, Carabineros avanza por la senda de servicio que marcaron hombres como el Teniente Merino.

Su muerte es un episodio triste en la memoria histórica de Chile, no sólo por la tragedia que significó ese hecho, sino también porque puso de relieve una realidad que lamentablemente, medio siglo más tarde, sigue latente: la presencia que el Estado debe tener en los territorios más alejados y el apoyo que han de recibir los colonos que decidieron construir su hogar en ellos. Es que, a 50 años de esos lamentables hechos, queda la impresión de que no aprendimos del todo la lección. Los habitantes de las zonas fronterizas, especialmente en el sur de nuestro país, viven aún en condiciones de aislamiento y perciben cierto grado de abandono por parte del Estado, que parece omitir que, con su presencia y su trabajo, las familias radicadas en esas zonas dan real sentido al concepto de soberanía territorial y requieren de una política de integración efectiva con los países vecinos, que es lo que demanda el mundo actual. Debemos lograr que los habitantes de un lado y otro de la frontera perciban las ventajas de la cercanía, los beneficios del fluido intercambio, y no los perjuicios o carencias que hoy día significa el aislamiento. Ese es el desafío de esta hora.

El mejor homenaje que podemos tributar hoy al Teniente Hernán Merino Correa y a todos los hombres y mujeres que habitan en las zonas fronterizas es trabajar por mejores condiciones de vida para ellos y promover con nuestros vecinos verdaderos polos de desarrollo en dichos territorios, para que en el futuro cercano el abandono sea remplazado por oportunidades y la confrontación abra paso a la cooperación. Es lo que el teniente Merino hubiera querido.

Senador de la República, Región de Los Lagos.

Rabindranath Quinteros Lara.

D iversos analistas han expresado sus puntos de vista sobre los primeros pasos en el proceso de formulación de una nueva Constitución. Varios coinciden en que la comisión de observadores designada por el Ejecutivo no tendrá mayor relevancia. "Las comisiones tienen un efecto más de pirotecnia política", expresa el cientista político Pablo Lira, de la Universidad Mayor, en tanto que su colega Marco Moreno, de la Universidad Central, señala que "las comisiones quedan como un ejercicio de participación sin efectos políticos". Estas posiciones desde la academia coinciden con críticas de opositores y también de integrantes de la Nueva Mayoría.

Y ya se advierte cierta improvisación en la conformación del consejo observador, pues a los integrantes de diversos sectores y actividades nombrados inicialmente la Presidenta se sumaron dos abogados constitucionalistas.

La gran pregunta es si estos observadores tendrán potestad en su tarea de control para asegurar objetividad en el proceso, que va desde una campaña de difusión que se inicia mañana hasta la conformación de cabildos, cuya estructura y funcionamiento se desconoce.

Si la idea es un proceso participativo, quizás no basta con solo un grupo de observadores. Sería interesante también un conjunto de observadores regionales, dado que uno de los grandes problemas de nuestro país, nunca abordado con decisión, es el centralismo.

Muchos se preguntan hasta qué punto es necesario, en medio de debates y cambios pendientes, embarcarse en una discusión constitucional. El argumento de que la actual Carta tiene origen en el Gobierno de Pinochet se diluye bastante cuando varias de sus normas primitivas, como el binominal y los senadores designados, han sido eliminadas. Así, la iniciación del proceso para la confección de una nueva Constitución aparece más que nada como una operación política para satisfacer a sectores de la Nueva Mayoría.

Hay que tener presente, además, que los pasos iniciales dados por el Ejecutivo se dan cuando el rechazo a la Presidenta está en alza, 68%, y la aprobación en baja, 26%. Peores son los números para el Gobierno mismo que es rechazado por un 75% de la población y sólo aprobado por un 21%.

En ese cuadro, una comisión y los futuros cabildos parecieran no tener piso para avanzar hacia una nueva Carta Fundamental, que de ser necesaria, debe tener potencia unitaria e integradora para caminar hacia un efectivo desarrollo humano, social y económico, más allá de barreras ideológicas que distancian y confunden.