El futuro de Rousseff está en manos de 65 diputados
BRASIL. Cámara puso en marcha la comisión que determinará si la denuncia contra la Presidenta es motivo para que ésta deje el cargo.
El Congreso brasileño puso ayer en marcha un complejo proceso para la posible destitución de la Presidenta Dilma Rousseff, el que estará en manos de 65 diputados de 23 partidos, quienes decidirán si la Mandataria es sometida a un juicio político.
Esos legisladores formarán la comisión especial que prevé la Constitución para juicios de esa naturaleza y determinarán si las maniobras fiscales denunciadas por la oposición y censuradas por órganos de contraloría del Estado constituyen un motivo para despojar a Rousseff del cargo para el que fue reelegida en 2014.
La comisión, según se acordó ayer, se instalará el próximo lunes y ese mismo día notificará oficialmente sobre el proceso a Rousseff, quien tendrá un plazo de diez sesiones, aún no definidas en términos de días, para presentar su defensa.
Sus alegatos y los de la parte acusadora serán debatidos durante otras cinco sesiones y luego la comisión votará el informe que preparará el diputado instructor del caso.
Si la comisión es favorable al juicio político, la palabra pasará al pleno de los 513 diputados, en el que el proceso avanzará si es respaldado por al menos dos tercios. En caso de que los diputados lo aprueben, Rousseff deberá separarse del cargo por 180 días, plazo que tendrá el Senado para realizar el juicio político definitivo.
El proceso fue aceptado a trámite por el titular de la Cámara, Eduardo Cunha, un polémico legislador enemistado con Rousseff pese a que pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el vicepresidente Michel Temer.
El oficialismo en pleno ha puesto el grito en el cielo en defensa de Rousseff, pero en medio de las protestas sorprendió el silencio del ex Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, su antecesor y padrino político, quien se ha limitado a compartir en redes sociales las quejas de otros sin hacer pública una opinión propia.
Cunha acogió una solicitud de cuatro partidos opositores que se fundamenta en irregularidades cometidas por el Gobierno en 2014 y 2015 en sus balances, de los que ocultó unas deudas acumuladas con la banca pública.
El jefe de los Diputados integra la lista de medio centenar de políticos salpicados por el caso Petrobras y puede perder su escaño en un juicio iniciado por esa causa en el Consejo de Ética de la Cámara baja, que ayer fue motivo de acusaciones mutuas entre el Gobierno y Cunha que agriaron aún más el clima político.
Cunha afirmó que emisarios del Gobierno buscaban un acuerdo con el cual ellos lo apoyaban en las investigaciones sobre sus supuestas implicaciones en los delitos detectados en Petrobras, a cambio de que él no aceptara que la Presidenta fuera juzgada.
Sin embargo, ayer aseguró que se negó a aceptar ese trato y acusó a Rousseff de "mentirle a la nación" cuando dijo que ella no aceptaba negociaciones.
Gobierno niega oferta a Cunha
El Gobierno, que respondió a través del ministro de la Presidencia, Jaques Wagner, aseguró que desde el Ejecutivo no se le propuso nada a Cunha y atribuyó su decisión de promover el juicio contra Rousseff a que el gobernante Partido de los Trabajadores (PT) decidió votar por la pérdida de su escaño. Wagner consideró además que un juicio contra Rousseff permitiría al Gobierno probar que no hay "nada" que justifique las acusaciones y trabajar sin sufrir las "amenazas" o "chantajes" de Cunha.