Los resultados de la última Encuesta Cadem nos demuestran que la ciudadanía no está de acuerdo con la forma en que el Gobierno está actuando.

Por eso no extraña que el 63% de los encuestado opine que el país va por mal camino, que el 59% piense que la economía está estancada y que aumenten los que piensan que no es un estancamiento el problema, sino que está retrocediendo. Los que creen que la economía está progresando llegan a un escaso 14%.

¿Son una sorpresa estos resultados? No. No puede sorprenderle a nadie que las personas tengan esta impresión cuando han podido ver en las últimas semanas el actuar del gobierno en la ley más importante que se discute en el Congreso, la ley de presupuesto.

En esta discusión hemos podido ver cómo las prioridades del Gobierno no tienen que ver con las prioridades de las personas. Es más, en aquellas materias en donde los chilenos tienen mayores preocupaciones como salud y educación, hemos visto desorden e improvisación.

La promesa incumplida de 60 hospitales públicos, siete planes diferentes inconclusos con personas contratadas con altos sueldos son evidencia de mala gestión y clientelismo.

En educación, la falta de respeto al Congreso y al país, por reducir una discusión tan importante como es el sistema de financiamiento de la educación superior, fue dejado en una simple glosa de la ley. Así se sepultó la posibilidad de hacer un debate de fondo, conociendo la opinión de los parlamentarios elegidos por sus electores, de los expertos en materia educacional, de los alumnos, de sus padres. Todo reducido a una nota al pie de la ley.

Esperemos que en unos meses más, cuando empiece el verdadero segundo tiempo del Gobierno, comience también una forma de hacer política distinta, sin miedo al debate, con una discusión seria de los temas relevantes para las personas, para que podamos discutir sobre seguridad ciudadana, salud, educación y empleo.

Por ahora, falta terminar de discutir la última parte de la ley de presupuesto, luego el reajuste del sector público, que podría ser una difícil discusión por los intereses particulares de ciertos grupos de presión que tienen mucho poder (basta recordar el paro del Registro Civil) y luego por fin, poder abordar temas relacionados con las urgencias sociales y no las urgencias del gobierno de turno.

diputado por la Región de Los Lagos

Felipe de Mussy Hiriart,

Hace poco más de nueve años, unos 21 mil osorninos participaron en una inédita consulta ciudadana en la que debían pronunciarse si querían ser parte de la nueva Región de Los Ríos, con Valdivia como capital, o permanecer en la Región de Los Lagos que se escindía, y que mantenía a Puerto Montt como su ciudad cabecera. La jornada consultiva, realizada el domingo 19 de noviembre de 2006, tuvo todas las formalidades correspondientes a un régimen democrático, y fue el corolario de una intensa campaña, con debates incluidos, que enfrentó a dos claros movimientos políticos y sociales que trataron de convencer con argumentos (y también con cuotas de emocionalidad que atravesaron cuestiones deportivas) la adhesión de los ciudadanos.

El resultado final fue una abrumadora mayoría de electores, cercana al 92 por ciento, que prefería que Osorno siguiera como parte de Los Lagos, en parte quizás por la seguridad que les daba una región que ya estaba en marcha, y a pesar de los ofrecimientos que se hicieron desde Valdivia en cuanto a relocalizar en esta provincia algunas de las nuevas direcciones de servicios. Si primó más la razón o la emoción será materia de los historiadores, que seguramente hurgaran más adelante, cuando los años otorguen mayores perspectivas, en lo que aconteció durante aquellos días.

En lo que respecta al presente, lo que corresponde es evaluar el desempeño de la provincia de Osorno como parte de Los Lagos en estos nueve años posteriores a la división regional. Más que en especular acerca de lo que habría pasado si se hubiese optado por Los Ríos, lo relevante es examinar el trato que ha recibido la provincia desde las autoridades regionales, partiendo, por ejemplo, por la evolución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (Fndr) que se le ha destinado desde 2005 a Osorno en comparación con sus pares de Llanquihue, Chiloé y Palena.

En este análisis debieran primar los números y los compromisos hechos, en un camino que debiera desembocar en un año más, cuando se cumpla la primera década de la decisión de los osorninos.