Mauricio Mondaca

La Corte Suprema ordenó ayer al Gobierno que solicite a la Organización de Estados Americanos (OEA) la constatación del estado de salud de Leopoldo López y Daniel Ceballos, líderes opositores venezolanos encarcelados, al acoger un recurso presentado por dos ciudadanos chilenos a favor de los dirigentes opositores detenidos en ese país. Los líderes de la oposición al Presidente Nicolás Maduro están presos en los penales de Ramo Verde y Guarico, en Caracas, como responsables de incitar violentas protestas en 2014 contra su administración.

"Resulta visible que operan en este caso todos los requisitos exigibles para que actúe la jurisdicción universal protectora de los derechos humanos", afirmó el fallo.

El abogado Alex Caroca, que presentó el recurso a nombre de dos abogados chilenos, dijo ayer a CNN Chile que "la Corte Suprema no se ha quedado de brazos cruzados e inició un proceso internacional". El profesional agregó que el máximo tribunal "no dio al fallo un carácter político. No hay personas u organizaciones ideológicas detrás de esto, y yo siempre he sido un profesional que ha abogado por los DD.HH."

Críticas a justicia local

Los tribunales venezolanos "no aparecen actuando con suficiencia en la protección de los derechos de sus ciudadanos ya individualizados; y hasta se podría sostener con al menos cierta connivencia con los propósitos políticos del Gobierno local", agregó el documento, que hace especial mención a la necesidad de proteger la garantía constitucional del derecho a la vida de López y Ceballos.

La petición expresa

El recurso instruye a La Moneda que requiera a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA hacer las evaluaciones correspondientes en Venezuela, donde se encuentran privados de libertad López y Ceballos.

El máximo tribunal agregó en su resolución que pide que se "constate el estado de salud y de privación de libertad de ambos protegidos, recoja sus impresiones y evacue un informe a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos".

Una vez concretado el informe, dicho documento será entregado a la Asamblea General de la OEA respecto del cumplimiento de los tratados internacionales sobre la materia, "a fin de que este organismo adopte todas las medidas aconsejables a la adecuada protección de sus derechos esenciales, respecto a lo cual se informará" a la Suprema.

El secretario general de Gobierno, Marcelo Díaz, le restó conflictividad a las tensiones al interior de la Nueva Mayoría por las diferencias existentes respecto de las listas de concejales y quienes en la Democracia Cristiana plantean llevar un candidato presidencial propio a la primera vuelta.

"Yo no veo ninguna ruptura. Lo que veo es un diálogo que algunos les puede parecer más intenso, a otros menos intenso, pero un diálogo entre los líderes de los partidos en un contexto de un desafío electoral que va a ocurrir en menos de un año. No hay que darle dramatismo, ni ribetes más allá de los que tiene esta discusión", afirmó el secretario de Estado.

Para el titular de la Segegob, "lo que sea el curso de las conversaciones y diálogos entre los partidos en relación a las elecciones municipales nos parece que es parte de las tareas propias de los partidos, en las que el Gobierno por cierto no se involucra, no le corresponde".

El ministro añadió que "esperamos sin duda que ellos alcancen los acuerdos que permitan enfrentar de manera unida las próximas elecciones municipales".

Disputa presidencial

En la Nueva Mayoría, la discusión sobre el tema presidencial alcanzó un tono más álgido en la Democracia Cristiana.

El ex senador y presidente de la tienda, Ignacio Walker, y el actual presidente del partido, Jorge Pizarro, se enfrascaron en una discusión sobre la alianza de la DC y el resto de los partidos oficialistas a propósito del acuerdo de llevar un candidato único de la Nueva Mayoría a la presidencial del 2017.

Walker aseguró que "acá no hay nada personal, aquí no hay ningún gallito, aquí hay una sola idea: Convocar a una junta nacional para definir una línea política del partido para los próximos años. Porque los acontecimientos del domingo, del lunes, con los socios de la Nueva Mayoría, la parte de izquierda, precipitaron las cosas".

El senador y presidente de la DC, Jorge Pizarro, insistió en que aún no es el tiempo de las definiciones presidenciales y que, al parecer, hay algunos "ansiosos" por el tema.

La presidenta de la Asociación Nacional de Empleados del Registro Civil de Chile (Anercich), Nelly Díaz, anunció ayer que interpondrá un recurso de protección por los descuentos que se les aplicará a los trabajadores que fueron parte de los 39 días de paralización.

Como forma de manifestarse en contra, los funcionarios del servicio retrasaron nuevamente ayer en 30 minutos la apertura de las puertas del servicio en reclamo por el mecanismo de recorte de sueldos.

La dirigenta reclamó por la presencia de carabineros de Fuerzas Especiales en la oficina central, quienes abrieron las puertas del edificio de avenida Manuel Rodríguez para la atención de público.

"Podrán decir que no hubo desalojo ni nada, pero yo llegué al trabajo y estaba Fuerzas Especiales abriendo las puertas a las 7.45 horas, cuando el horario de atención parte de las 8.30", explicó al canal 24 horas.

Díaz pidió "respeto" por su cargo y descartó que los trabajadores estén actuando por hubiera "capricho".

"Aquí estamos los funcionarios del Registro Civil, no soy solo Nelly Díaz. Yo soy la presidenta de los funcionarios del servicio. No soy ni una caprichosa ni nada, entonces más respeto también con las autoridades", afirmó.

"obstáculo"

El director del Registro Civil, Luis Acevedo, dijo a radio Cooperativa que retrasar la hora de apertura es un "obstáculo ilegal" y enfatizó que la situación de ayer "generó un clima de pánico absolutamente innecesario para lo que significa la atención de público".

39 días duró la paralización de los trabajadores del Registro Civil en todas las oficinas del país.