Confirmando lo resuelto por el Tribunal de Letras de Castro después de una prolongada disputa judicial que se extiende por más de 50 meses, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt determinó en los últimos días mantener la condena de 30 millones de pesos contra el Servicio de Salud Chiloé por el daño moral ocasionado a una joven que perdió a su hija tras el parto realizado en el Hospital de Achao.

El caso se remonta al 30 de noviembre del 2008, cuando la mujer identificada como Luz Marina Cárcamo Vivar ingresó al recinto asistencial achaíno para dar a luz a su primogénita teniendo 41 semanas de gestación. Después de un par de días de atenciones y observaciones se determinó el 2 de diciembre someterla a maniobras de parto normal, pese a no existir las condiciones para ello.

Ante las complicaciones de las acciones, el equipo médico le practicó una cesárea, quedando en evidencia la mortal negligencia.

Así lo describe la abogada Vanessa Pérez, quien representa a la afectada en este proceso que pese a los años aún no parece finalizar.

Jaime Monsalves, jefe del departamento jurídico del S.S. Chiloé, existe la convicción que las actuaciones médicas se enfocaron a lo establecido en los protocolos.

El Consejo Regional de Los Lagos aprobó el proyecto de defensa fluvial del Río Blanco que atraviesa la ciudad de Chaitén, obra que será liderada por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del Ministerio de Obras Públicas.

Durante su primera visita a la Provincia de Palena, en septiembre de este año, el intendente de Los Lagos, Leonardo de la Prida, se comprometió ante los vecinos para avanzar con este proyecto.

Supone construir una defensa fluvial tipo enrocado en la parte izquierda del río Blanco, específicamente en el ribera sur del río aguas abajo del puente El Blanco.

Felipe Guerrero

La Corte de Apelaciones de Valdivia se pronunció ayer respecto de la solicitud de desafuero presentada en contra del gobernador de la provincia de Osorno, Gustavo Salvo Pereira, querella interpuesta por Efraín Antriao Marileo por el supuesto delito de injurias graves y porque no habría sido reconocido como autoridad indígena de Rahue por el personero de Gobierno, lo cual finalmente fue desestimado en forma unánime por la sala.

La controversia se remonta al 13 de abril de 2015, cuando Salvo, en su calidad de gobernador, realizó declaraciones a un medio de comunicación que llevaron a Antriao Marileo a querellarse.

La sala -integrada por los ministros Emma Díaz, Mario Kompatzki, Darío Carretta, Ruby Alvear, Juan Correa, Loreto Coddou y Marcelo Vásquez- determinó que "no se hace lugar a la formación de causa en contra del señor gobernador de la Provincia de Osorno, Gustavo Salvo Pereira, por el delito de injurias graves con publicidad atribuido, en virtud de los hechos consignados en la solicitud de desafuero".

Hecho aislado

Al respecto, el jefe provincial se mostró conforme tras la lectura del fallo: "Esto es una buena noticia para nuestra provincia y sus distintas culturas. Estoy bastante tranquilo, esta acusación es un hecho aislado, quiero dejarlo muy claro, no involucraba a las comunidades indígenas con las que hemos tenido una relación de mucho trabajo y respeto", comentó Salvo.

Sobre la autoridad del demandante, el gobernador indicó que acá "hay una institucionalidad reconocida por la ley", añadiendo que "ellos notifican al Gobierno de quienes son sus autoridades y acá tenemos cuatro caciques que representan a las comunidades".

Salvo recalcó que a la Gobernación llegó una carta oficial "en la cual he basado mis dichos", donde Antriao no figura como autoridad ancestral. "Como persona me merece el mayor de los respetos", dijo.

Disculpas

En contraposición, Efraín Antriao Marileo asegura ser otro cacique más de Rahue, a pesar de que la institucionalidad esgrimida por Salvo no lo reconozca así.

"Yo hice la demanda para que este caballero solamente se disculpe conmigo, mi intención no es que deje de ser gobernador o sea desaforado, porque eso no me va ni me viene", enfatizó.

Antriao asegura que su comunidad lo eligió y que "siempre ha habido más que cuatro caciques" que representan a los indígenas de la zona.

"Soy un cacique autónomo, no respondo al Estado y trabajo con las leyes ancestrales", argumentó, señalando que tiene sus propias comunidades y gente que trabaja con él, "porque tengo tierras en Rahue", alega.

Sin embargo, y a pesar de los reclamos, tanto Salvo Pereira como Antriao Marileo afirmaron dar por cerrada esta polémica.

14 de mayo Efraín Antriao Marileo interpuso la querella en contra del gobernador provincial.