La glosa que trata la gratuidad en educación superior se votará esta semana y aún no genera acuerdos, ni cuenta con la mayoría necesaria para aprobarla. Las críticas sobre su constitucionalidad y la discriminación entre estudiantes, instituciones y regiones han sido recurrentes.
Algunos antecedentes: el Gobierno partiría con una gratuidad focalizada en el 50% más vulnerable de un conjunto de instituciones que cumplan con criterios sin lógicas razonables. Beneficiaría a 200 mil alumnos de un total que supera el millón 200 mil del sistema; es decir, a menos del 20%, muy lejos de la promesa de "gratuidad total". Lo haría a través de una glosa de la Ley de Presupuesto y no de una ley que defina el sistema permanente, generando un precedente imposible de revertir e innumerables presiones presupuestarias, como ya está sucediendo.
Se oculta que hoy existen becas que cubren hasta el 70% de la población más vulnerable, quienes sólo deben cumplir con requisitos académicos y tienen la libertad de elegir dónde estudiar. Un ejemplo es la beca Juan Gómez Millas, otorgada al 70% más vulnerable que cumple con requisitos académicos de PSU, cubriendo hasta $1.150.000 del arancel anual. El estudiante tiene la posibilidad de recurrir al Crédito con Aval del Estado (CAE) por la diferencia entre el arancel real y el de referencia. En el caso de las carreras técnico profesionales, está la Nuevo Milenio que otorga un beneficio de $600.000 al 70% más vulnerable, con un rendimiento académico mínimo; quien también puede acceder al CAE.
A más abundamiento, las condiciones del CAE fueron drásticamente cambiadas en 2012 para hacer su pago más que razonable, a tasas muy subsidiadas, quedando sujeto a máximos de acuerdo a los futuros ingresos de los profesionales.
En suma, la "gratuidad" de la educación ya era un hecho hace tiempo. ¿Qué es lo que se quiere entonces? Cambiar la lógica de una provisión mixta de educación a una provisión estatal o sujeta a reglas estatales. Sin embargo, presupuestariamente, eso es casi un imposible y un atentado a la autonomía.
¿Por qué insistir en el cambio de paradigma con una glosa presupuestaria de dudosa constitucionalidad cuando es posible lograr el objetivo de la gratuidad para la misma población objetivo -y más- a través del mecanismo ya existente de becas y créditos, sin afectar la autonomía de las Instituciones -a un costo adicional de 200 millones de dólares- y dejar las definiciones de largo plazo a la discusión definitiva?.
Víctor García Ossa Economista, Rector Santo Tomás Osorno