En enero de 1981 se promulgó el DFL 4, mediante el cual se fijaron las normas que, desde entonces, se han seguido para asignar los aportes fiscales a las instituciones de educación superior; una herencia de la dictadura que tenía por objeto reforzar el modelo de mercado. Los recursos que hasta entonces el Estado otorgaba a universidades tradicionales se convirtieron en el Aporte Fiscal Directo (AFD) y se estableció el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) como una asignación a instituciones que admitieran a los 27.500 mejores puntajes de la PSU (antes PAA).

El problema de considerar el puntaje de la PSU, es que se observa una relación proporcional entre éste y el colegio de procedencia del alumno y su condición económica. Solo por citar un ejemplo, en 2015 de los 100 colegios con mejores puntajes, 94 son privados, 4 municipalizados y solo 2 particular subvencionado; 67% del total son de Santiago. Consecuentemente, los recursos del AFI se concentraron fuertemente en Santiago. En 2015 las universidades las CRUCH de Santiago matricularon 13,5% de los alumnos de primer año; sin embargo, captaron el 37% de los mejores puntajes y 45% de los recursos AFI.

El AFI constituye una política altamente regresiva, pues entrega recursos a instituciones para financiar a los alumnos que menos lo necesitan. También explica la fuga de talentos de regiones a Santiago, perpetuando la concentración y el centralismo. De ahí que la reforma propuesta debe considerar no solo redistribuir los recursos del AFI, sino generar otros instrumentos que aseguren la retención regional de talentos, incorporando otros estímulos para estudiar en los territorios de origen, fortalecer ayudas estudiantiles a los estudiantes de regiones y mejorar la atracción de universidades regionales con fondos específicos para renovar la infraestructura y el equipamiento.

El AFI es uno de los instrumentos que constituyen una de las mayores causas de desigualdad en el sistema y ejemplifica las consecuencias indeseadas del cuestionado modelo de mercado. Es por ello en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto se pueda analizar su pertinencia como forma de financiamiento y redistribuir sus recursos para lograr mayor equidad y apoyo a universidades en regiones.

Óscar Garrido Rector de la Universidad de Los Lagos (ULagos)

Cuando se enfrentan elecciones, las cuentas a sacar para definir el voto se relacionan al grado de avance o retroceso logrado en determinado tiempo. Es el éxito o fracaso de la administración en este lapso -la mayoría de las veces- la que determina el resultado en las urnas.

Si aplicáramos esa lógica a lo ocurrido el fin de semana en Argentina, diríamos que los gobiernos de los Kirchner han llegado a su final, o al menos enfrentarán una transformación bastante potente. Los detalles serán conocidos cuando el próximo mes se concrete la segunda vuelta entre Daniel Scioli, el candidato oficialista, y Mauricio Macri, más cercano a la derecha, del bloque 'Cambiemos'.

Scioli lograba el 36,8%, frente al 34,3% de Macri, que supone una derrota para el oficialismo, que confiaba en ganar en primera vuelta y ahora enfrenta una potencial derrota.

¿Por qué es revelador? Hay variadas razones. Primero, es nuestro país vecino, tenemos una estrecha relación con Argentina.

En segundo término, Argentina, con Néstor y Cristina se había erigido como uno de los puntales de la "nueva izquierda latinoamericana", que construían Brasil, Venezuela y Ecuador.

En efecto, el gobierno trasandino ha tenido una relación muy tirante con las potencias extranjeras y con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.

Argentina ha estado en tensión hace largo rato. Los últimos años de Carlos Saúl Menem, el estrepitoso final de Fernando de la Rúa y los sucesivos gobiernos temporales dieron cuenta de la enorme fragilidad de la institucionalidad bonaerense y del profundo problema político y económico acuñado por largo tiempo.

Las malas noticias de Argentina son malas para Chile y Sudamérica, considerando el tamaño de su mercado y las enormes potencialidades que tiene. Muy lamentablemente nuestros vecinos han tomado caminos impensados y las consecuencias se han pagado caro. La que fue la séptima potencia del planeta, es hoy un pálido reflejo de aquello.

En enero de 1981 se promulgó el DFL 4, mediante el cual se fijaron las normas que, desde entonces, se han seguido para asignar los aportes fiscales a las instituciones de educación superior; una herencia de la dictadura que tenía por objeto reforzar el modelo de mercado. Los recursos que hasta entonces el Estado otorgaba a universidades tradicionales se convirtieron en el Aporte Fiscal Directo (AFD) y se estableció el Aporte Fiscal Indirecto (AFI) como una asignación a instituciones que admitieran a los 27.500 mejores puntajes de la PSU (antes PAA).

El problema de considerar el puntaje de la PSU, es que se observa una relación proporcional entre éste y el colegio de procedencia del alumno y su condición económica. Solo por citar un ejemplo, en 2015 de los 100 colegios con mejores puntajes, 94 son privados, 4 municipalizados y solo 2 particular subvencionado; 67% del total son de Santiago. Consecuentemente, los recursos del AFI se concentraron fuertemente en Santiago. En 2015 las universidades las CRUCH de Santiago matricularon 13,5% de los alumnos de primer año; sin embargo, captaron el 37% de los mejores puntajes y 45% de los recursos AFI.

El AFI constituye una política altamente regresiva, pues entrega recursos a instituciones para financiar a los alumnos que menos lo necesitan. También explica la fuga de talentos de regiones a Santiago, perpetuando la concentración y el centralismo. De ahí que la reforma propuesta debe considerar no solo redistribuir los recursos del AFI, sino generar otros instrumentos que aseguren la retención regional de talentos, incorporando otros estímulos para estudiar en los territorios de origen, fortalecer ayudas estudiantiles a los estudiantes de regiones y mejorar la atracción de universidades regionales con fondos específicos para renovar la infraestructura y el equipamiento.

El AFI es uno de los instrumentos que constituyen una de las mayores causas de desigualdad en el sistema y ejemplifica las consecuencias indeseadas del cuestionado modelo de mercado. Es por ello en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto se pueda analizar su pertinencia como forma de financiamiento y redistribuir sus recursos para lograr mayor equidad y apoyo a universidades en regiones.

Óscar Garrido Rector de la Universidad de Los Lagos (ULagos)

Cuando se enfrentan elecciones, las cuentas a sacar para definir el voto se relacionan al grado de avance o retroceso logrado en determinado tiempo. Es el éxito o fracaso de la administración en este lapso -la mayoría de las veces- la que determina el resultado en las urnas.

Si aplicáramos esa lógica a lo ocurrido el fin de semana en Argentina, diríamos que los gobiernos de los Kirchner han llegado a su final, o al menos enfrentarán una transformación bastante potente. Los detalles serán conocidos cuando el próximo mes se concrete la segunda vuelta entre Daniel Scioli, el candidato oficialista, y Mauricio Macri, más cercano a la derecha, del bloque 'Cambiemos'.

Scioli lograba el 36,8%, frente al 34,3% de Macri, que supone una derrota para el oficialismo, que confiaba en ganar en primera vuelta y ahora enfrenta una potencial derrota.

¿Por qué es revelador? Hay variadas razones. Primero, es nuestro país vecino, tenemos una estrecha relación con Argentina.

En segundo término, Argentina, con Néstor y Cristina se había erigido como uno de los puntales de la "nueva izquierda latinoamericana", que construían Brasil, Venezuela y Ecuador.

En efecto, el gobierno trasandino ha tenido una relación muy tirante con las potencias extranjeras y con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial.

Argentina ha estado en tensión hace largo rato. Los últimos años de Carlos Saúl Menem, el estrepitoso final de Fernando de la Rúa y los sucesivos gobiernos temporales dieron cuenta de la enorme fragilidad de la institucionalidad bonaerense y del profundo problema político y económico acuñado por largo tiempo.

Las malas noticias de Argentina son malas para Chile y Sudamérica, considerando el tamaño de su mercado y las enormes potencialidades que tiene. Muy lamentablemente nuestros vecinos han tomado caminos impensados y las consecuencias se han pagado caro. La que fue la séptima potencia del planeta, es hoy un pálido reflejo de aquello.