La Corte de Apelaciones de Temuco revocó el sobreseimiento de la investigación contra el senador Jaime Quintana, que había establecido el pasado 28 de septiembre el Juzgado de Garantía Local, por la muerte del cabo de Carabineros Jonathan Garrido, tras el atropello ocurrido en febrero pasado en Vilcún.

La Segunda Sala del tribunal de alzada, en un fallo dividido, aceptó el recurso presentado por el abogado querellante de la familia del fallecido uniformado, Rafael Poblete. Esto implica que la investigación por el caso continúa abierta.

El parlamentario PPD había sido sobreseído luego de que la fiscalía determinara en su investigación que Quintana no realizó ninguna maniobra imprudente.

El senador impactó al funcionario de Carabineros cuando éste cruzó la calzada para controlar al chofer de un camión que conducía en estado de ebriedad.

Según estableció la indagatoria a través de un alcotest y posterior alcoholemia, que fue realizada en presencia del fiscal a cargo, tampoco existió consumo de bebidas alcohólicas. Ambas pruebas arrojaron 0.0 gramos de alcohol en la sangre del parlamentario, lo que además concordaba con lo observado por el médico.

Tras conocer la decisión de la justicia, Quintana manifestó que "esta resolución no se aparta en nada de lo que se ha venido estableciendo durante el curso del proceso, que es mi inocencia".

"Aquí lo que se ha generado es una discusión jurídica en torno a cuál es el órgano que debe cerrar la causa: si los tribunales de justicia o la fiscalía", explicó, descargando que la Corte de Apelaciones esté cuestionando si tuvo o no responsabilidad de los hechos.

Carolina Collins

La Fiscalía Nacional solicitó ayer el desafuero del senador de la UDI Jaime Orpis, quien está siendo investigado por su presunta participación en delitos tributarios a través de la emisión por parte de sus asesores, de boletas supuestamente falsas a Corpesca y SQM.

La petición fue presentada por el propio fiscal nacional, Sabas Chahuán, ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El senador gremialista es indagado por los delitos de cohecho, lavado de dinero y fraude al fisco, por pagos de la empresa Corpesca, que controla el grupo Angelini, a asesores y cercanos a Orpis.

De ahí que se le esté investigando por presuntos delitos tributarios, pues dichos pagos habrían sido utilizados para financiar la campaña senatorial del parlamentario. Orpis se encuentra con licencia médica luego de sufrir un infarto.

La solicitud de desafuero busca poder solicitar medidas cautelares sobre el legislador ante una inminente formalización, ya que al contar con fuero parlamentario la fiscalía está impedida.

Los pagos se habrían hecho entre 2009 y 2013 y corresponden cada uno a cifras cercanas a los $2 millones, aunque también se encontraron transferencias por $5 y $10 millones, los que se llevaban a cabo mediante la emisión de boletas de terceros por servicios que no se habrían realizado. En total habría recibido $300 millones.

La defensa del senador de la UDI, encabezada por el abogado Carlos Cortés, calificó de una "decisión apresurada" la solicitud de desafuero de la Fiscalía Nacional.

Según argumentó el profesional, la investigación aún se está desarrollando, por lo que restarían declaraciones de Orpis sobre algunos de los antecedentes que se encuentran en la carpeta de la indagatoria.

"Nos hubiera gustado saber qué antecedentes existen para tomar una decisión de esta magnitud", manifestó Cortés en declaraciones citadas por Emol.

"Entiendo que el Ministerio Público esté con algún apuro, entiendo que el Fiscal Nacional se esté yendo, pero la verdad es que yo entiendo que lo que está operando aquí es una institución, y esa institución tiene una continuidad", aseveró.

"Dentro de ese contexto, me hubiese gustado que a lo menos se le permita el derecho a defenderse en una investigación que es secreta, respecto de la cual no hemos tenido ningún derecho a conocer los antecedentes de la misma", agregó.

El abogado además apuntó sus críticas a la fiscalía. "No hemos podido ejercer el más mínimo derecho a defensa, y por tanto, dar cumplimiento a lo que señala la ley que es el Ministerio Público se rija por las líneas de la objetividad", agregando que le habría gustado conocer con anterioridad los antecedentes que fundamentan la solicitud de desafuero.