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Tribunal resuelve millonario pago a ex profesores del Liceo Leonardo da Vinci

JUSTICIA. Los integrantes de la Sociedad Educativa controladora del recinto, representada por Raúl Julian, la ex directora Gladys Morales y el contador David Morales, no se presentaron al juicio.
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Ana María Aceitón L.

Una sentencia que obliga a la Sociedad Educacional Leonardo da Vinci Limitada -controladora del ex establecimiento técnico profesional de Osorno-, a pagar más de $100 millones a los ex profesores del recinto, resolvió hace unos días el Tribunal Laboral local.

Los 22 profesionales que cumplían labores en el establecimiento iniciaron la demanda en abril pasado, luego que el 18 de marzo se anunciara el cierre del liceo ubicado en calle Los Carrera. El cese de sus funciones dejó además a 63 alumnos sin un lugar para seguir sus estudios, por lo que debieron ser reubicados en otros recintos técnicos.

El representante legal de la Sociedad Educativa, Raúl Julian, quien se desempeña como jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal (Daem) en la comuna de San Pablo, además de la profesora y ex directora Gladys Morales y su hermano quien figuraba como contador, Daniel Morales, y que actualmente trabaja en el Gobierno Regional de Los Ríos, nunca se presentaron al tribunal como tampoco enviaron a algún representante frente al juez.

Así lo comentó el abogado que lleva la causa de los ex profesores, Luis Reyes, quien detalló que el paso siguiente es el cumplimiento de la sentencia, donde el organismo debe hacer efectivo el pago de lo adeudado que incluye los pagos previsionales pendientes desde 2014 e indemnizaciones por años de servicio de los profesionales que tenían más de una década de trabajo en la institución.

La cancelación debe hacerse efectiva de forma monetaria directa o a través del embargo y remate de los bienes de la Sociedad Educacional.

Probidad

Samuel Angulo y Nancy Rauque trabajaron por más de 10 años en el establecimiento, donde cumplían labores como profesores de las asignaturas de Contabilidad y Administración, respectivamente.

A cada uno le corresponde una indemnización superior a $10 millones, además del pago de sus cotizaciones previsionales.

Aseguran que durante estos meses la situación económica familiar ha sido compleja, ya que los compromisos monetarios continúan al igual que las necesidades básicas del hogar. Así lo relató Nancy, quien luego de 11 años en el recinto se quedó sin su fuente laboral de un día para otro.

"No entiendo cómo estas personas que forman parte de la Sociedad Educativa pueden seguir sus vidas como si no hubiera pasado nada. No se presentaron al juicio ni tampoco nos han hablado de forma particular. Ahora el tribunal dice que nos deben pagar, pero nadie se hace cargo de que eso se cumpla", expresó la mujer, al demostrar su desazón ante un hecho que se ha prolongado por siete meses.

Esa misma reflexión es la que efectuó el contador Samuel Angulo, quien reprochó la falta de probidad de quienes conforman la Sociedad Educativa, pues expresó, siguen realizando sus labores en diferentes áreas de la administración pública.

Pese a los reiterados intentos por comunicarnos telefónicamente con el jefe del Daem de San Pablo, Raúl Julian, no hubo respuesta. El alcalde de dicha comuna, Omar Alvarado, aclaró que pese a no compartir las prácticas que realizó el funcionario municipal y solidarizar con los profesores, no puede intervenir en el proceso legal que lleva a cabo y menos iniciar un sumario por algo que está fuera de la comuna que administra.

Compromiso ético

Los afectados lamentan que en este tipo de situaciones sean los trabajadores los que quedan en desamparo, pues pese a que el Tribunal Laboral acogió la demanda y falló en contra de la Sociedad Educativa, las personas que la componen no han demostrado ningún compromiso ético con quienes fueron parte del proyecto educativo durante más de una década.

"Lamentablemente en este tipo de situaciones no quedan muchas opciones para los trabajadores y es ahí cuando una siente el desamparo de las leyes, porque perfectamente ellos pueden declararse en quiebra o no pagar nada, sin ningún castigo personal", remarcó Nancy Rauque.

Por ello, y en busca de una "sanción social" para los integrantes de la Sociedad Educativa, los profesores buscaron el apoyo regional del Partido Demócrata Cristiano (DC), donde militan los tres implicados en el caso y dirigieron una carta al presidente Carlos Martínez. Pese a ello, no han recibido respuesta.

Por problemas de salud del presidente regional de la DC, el concejal osornino Emeterio Carrillo asumió la dirigencia. Éste sostuvo que desconoce la existencia de la misiva y se limitó a lamentar la situación y a asegurar que las prácticas de los representantes del liceo no son respaldadas ni compartidas por la colectividad.

"No entiendo cómo estas personas que forman parte de la Sociedad Educativa pueden seguir sus vidas como si no hubiera pasado nada".

Nancy Rauque, Ex profesora de Liceo da Vinci

63 alumnos tuvieron que ser reubicados luego del cierre del Liceo Leonardo da Vinci el 18 de marzo pasado.

11 años trabajó Nancy Rauque en el liceo, por lo que le corresponde una indemnización por años de servicio.