Una semana de paralización de actividades cumplieron los funcionarios del Registro Civil e Identificación a nivel nacional, y en Osorno son 14 los trabajadores de las dos oficinas que están plegados a esta movilización.

Según la dirigente regional Marcela Menares, "el paro se debe al quiebre con la mesa de negociación con la Dirección de Presupuestos, y fueron ellos quienes se retiraron de la instancia", expuso.

Inscripciones

Si bien hay algunos trámites que se pueden hacer por internet, hay otros que siguen esperando.

Es el caso de las inscripciones de las defunciones, donde en el caso de Osorno hay cerca de 40 solicitudes pendientes.

Desde la administración de la funerario Cristo Protector indicaron que poseen más de 25 requerimientos que no se han podido cursar.

Por su parte, en la Funeraria Reino del Señor tienen más de una decena de inscripciones pendientes, mientras que la funeraria San Francisco reporta seis requerimientos.

Los administradores señalaron que los funerales se hacen sin mayores complicaciones, pero el problema se presenta en los familiares que no pueden hacer trámites legales o financieros, ya que en algunos recintos se les exige el certificado de defunción de la persona.

Una pena de ocho años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, decretó el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia al menor iniciales P. A. J. B, por el crimen de su tía abuela Edith del Carmen Gómez Saavedra, ocurrido el 26 de agosto de 2014, en la comuna de La Unión.

Los jueces del tribunal determinaron la responsabilidad del menor como autor del homicidio calificado. En el fallo se dio por acreditada la participación del imputado en el crimen de la mujer, en momentos que ésta se encontraban en su casa ubicada en calle Serrano esquina O'Higgins.

En dicha ocasión el acusado además dejó herido al hijo de la víctima fatal, Iván Gaensly, quien llego hasta el domicilio de su madre y se encontró con la mujer sin vida y con un hacha en su cabeza.

El menor que aún estaba en el inmueble, atacó al trabajador y luego escapó, siendo capturado el mismo día del incidente.

Fallo judicial

La sentencia dada a conocer por el tribunal señala que se le sanciona a ocho años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social, en calidad de autor del delito de homicidio calificado.

Además se le aplica una condena de treinta horas de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, con un máximo de tres horas diarias, durante diez días, como autor del delito de lesiones menos graves, en grado consumado, inferidas en la persona de Iván Alberto Gaensly Gómez, hijo de la víctima fatal.

Durante su condena, el sentenciado deberá cumplir con un plan de reinserción social, cuya elaboración estará a cargo del Servicio Nacional de Menores (Sename) de Valdivia.

Sergio Silva Vásquez

"En Osorno son sólo dos los funcionarios que están movilizados. Pero lamentablemente esta situación impide que otros funcionarios, que si bien comparten los motivos de medida, no pueden realizar sus actividades habituales, como es el caso del personal que debe acudir a los tribunales".

El testimonio corresponde al director de Gendarmería en Los Lagos, coronel Alejandro Troncoso, quien confirmó el inicio de un sumario administrativo contra dos suboficiales y a la vez dirigentes locales de la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería (Ansog) que se encuentran paralizados desde la jornada del martes en el marco de un paro nacional.

"Se informó a la Fiscalía de la situación que está ocurriendo y que es llevada a cabo por dos dirigentes gremiales de una de las asociaciones de Gendarmería, quienes impiden la realización de las actividades normales del personal", sostuvo el oficial de la institución.

Troncoso detalló que las medidas de protesta, como es el caso del encadenamiento de los portones de estacionamiento, impide el traslado hacia los tribunales de los internos que están en prisión preventiva.

Esta determinación nace, según indicó el director regional, tras una orden del mando nacional, donde se indica que los dirigentes deben ser sometidos a sumarios por impedir a otros funcionarios desarrollar las labores cotidianas.

"Ellos, al tener tomada el área donde se encuentran los vehículos, imposibilitan que el personal de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP) puedan ir a los tribunales a desarrollar la custodia de las audiencias de controles de detenciones", indicó el jefe regional de Gendarmería.

Tribunales

Si bien las actividades internas en la cárcel de Osorno se desarrollan en completa normalidad, la dirección regional analiza una estrategia para que personal de la USEP pueda desarrollar sus funciones en los juzgados de la zona.

"Podríamos ordenar cortar la cadena, pero no es la idea generar roces entre el personal y los dirigentes. Los actos de fuerza implicarían traspasar los límites del respeto, y esta administración no realizará acciones de esa naturaleza, entendemos sus demandas y peticiones", dijo el coronel Alejandro Troncoso.

No obstante, ante ello, se encuentran analizando la forma en que el personal que asiste a tribunales "lo pueda hacer con la cooperación de Carabineros", agregó.

Reacción y sanciones

Censura, multa y hasta la destitución son parte de las sanciones a las que se exponen los dos dirigentes locales según los resultados del sumario -a cargo de un oficial-, y las resoluciones que adopte el mando regional y nacional.

Para Juan Carlos Urrutia, representante local de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes (Ansog), los dichos del jefe regional sólo reafirman la persecución hacia los dirigentes.

"Estamos tranquilos. Supimos del sumario y vamos a esperar la resolución e informaremos a las bases nacionales. Yo creo que es una clara persecución a dirigentes que se expresan libremente. No debemos olvidar que hay asociaciones de oficiales que apoyan nuestra movilización", remarcó el suboficial Urrutia, quien es investigado junto al suboficial Héctor Henríquez.

125 son los funcionarios penitenciarios que trabajan en la cárcel de Osorno y dos de ellos están movilizados.

El fiscal militar de Osorno, Francisco Bravo, inició una investigación para establecer el grado de responsabilidad del funcionario de Carabineros de la Primera Comisaría que la noche del pasado domingo 4, dejó lesionado a un detenido con un impacto de bala en el estacionamiento del hospital base.

El abogado mantuvo detenido al uniformando, quien recuperó su libertad tras finalizar las primeras diligencias realizadas en la causa.

Las indagaciones buscaban determinar si el actuar del carabinero se ajustó al procedimiento, tras herir a un joven detenido por un caso de violencia intrafamiliar, el cual tras salir del hospital y ser subido al carro policial, atacó a tres carabineros con un bastón retráctil que le arrebató a uno de los funcionarios.