Por primera vez en nuestro país se realizó una encuesta nacional de campamentos, que nos permite conocer en profundidad cómo viven miles de familias en los asentamientos precarios.

Este instrumento único nos permite ver más allá de lo obvio, y visibilizar esa pobreza invisible que se oculta cada vez que se habla de desarrollo a nivel país, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y de tantos otros indicadores que conforman una realidad que no se adecúa a la de las más de 34 mil familias que hoy en día viven en 681 campamentos en nuestro país.

La Encuesta Nacional de Campamentos, elaborada por el Centro de Investigación Social de TECHO-Chile, nos permite demostrar de forma empírica la violencia social a la que esta obligadas a vivir miles de familias en nuestra región, porque de estas casi 2000 familias el 92,3% no cuenta con acceso a la red de agua potable; el 51,3% de las familias no tiene acceso formal a la electricidad; un 94,3% de las viviendas no tiene alcantarillado; y un 98,7% de los adultos no ha asistido a la Universidad.

Estos datos duros nos revelan una realidad muchísimo más dura, nos exige que sea un tema país, que aceptemos que los esfuerzos del Estado no han sido suficientes, y que debe ser una prioridad para el gobierno, las diferentes organizaciones y la sociedad civil.

Hoy en día discutimos sobre Educación, sobre reformas laborales, discutimos sobre la ética, la transparencia y la probidad.

Levantamos comisiones para abordarlos pero, ¿dónde queda la discusión de la ética que implica tener a miles de personas viviendo en campamentos, con sus derechos totalmente vulnerados?

Seamos consecuentes con las discusiones que hoy tenemos como país y con los cambios que exigimos y generemos transformaciones sociales donde todos tengan cabida.

Terminemos con la violencia social que implica vivir en situación de pobreza.

Giovanna Moreira Directora Regional TECHO-Chile Región de Los Lagos

Un verdadero "circulo vicioso" o "callejón sin salida" es el que por estos días se vive en Puerto Octay, debido a la crisis que afecta a la distribución del agua, actualmente a cargo del municipio de la comuna lacustre.

Una de las aristas del problema es que más del noventa por ciento de los vecinos de Puerto Octay no paga la cuenta del agua que distribuye el municipio de la comuna, lo que -según el argumento entregado por el alcalde Carlos Mancilla- es el factor gatillante de que no se pueda realizar la mantención de los equipos de filtración y purificación del agua potable usada para el consumo de 1.200 clientes. Algo que el jefe comunal resumió con claridad: "El gran tema acá es que a pesar de que las cuentas de agua son muy bajas, más del 90 por ciento de las personas no pagan su consumo. La gente está muy empoderada de sus derechos, pero olvida sus deberes", dijo.

Como contrapartida, los habitantes de varios sectores de la localidad cuestionan la calidad del agua que reciben en sus domicilios, ya que aseguran que tiene un color oscuro, sabor a barro, mal olor e incluso en algunos casos presenta gusanos.

El problema se genera específicamente en las villas Alto Puerto Octay, en el Barrio Chino, el sector antiguo, entre otras zonas de la comuna ubicada a orillas del lago Llanquihue, con más de 400 familias afectadas.

Resulta sorprendente que en nuestros días una situación tan crítica y que afecta a la distribución de este vital elemento se produzca en una de las comunas de la provincia.

Por eso, todo indica que es necesaria una solución de fondo al problema que pasa tanto por aspectos administrativos, como también por la propia responsabilidad de los afectados. Un ejemplo es que actualmente los vecinos no reciben boletas de cobro en sus casas, sino que deben acercarse hasta las oficinas municipales y con su RUT cancelar la cuenta. Con todo, es necesario evaluar también fórmulas alternativas para la distribución del agua, ya que la actual -claramente- no está funcionando.