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49 municipios no dieron información según Ley de Lobby

TRANSPARENCIA. El 86% de las jefaturas comunales entregó datos de lobbistas.
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De acuerdo al último informe entregado por el sitio electrónico Infolobby.cl, administrado por el Consejo para la Transparencia, el 86% del total de municipalidades del país ha registrado información respecto de los sujetos pasivos y sus cargos desde que se sumaron a la implementación de la Ley de Lobby el 28 de agosto.

Sin embargo, se detectó que 49 municipios no han entregado esta información a la plataforma del Consejo.

Entre las jefaturas comunales que no consignaron estos datos se encuentran Arica, Buin, Frutillar, Huechuraba, Las Condes, Lo Espejo, Renca, San Fernando, Talcahuano, Tocopilla y Vallenar, entre otros.

Según la Ley de Lobby, se consideran sujetos pasivos "los ministros, subsecretarios, jefes de servicios, los directores regionales de los servicios públicos, los intendentes y gobernadores, los secretarios regionales ministeriales y los embajadores", entre otras autoridades.

De acuerdo al sitio web, que recogió datos acumulados entre el 28 de noviembre y el 31 de agosto pasado, los alcaldes, concejales, secretarios municipales, directores de obras y consejeros regionales, fueron el último grupo de autoridades que se sumaron a registrar sus actividades al igual que 5.000 autoridades más.

Hasta la fecha hay 294 alcaldes entregando información. Las localidades con mayor cantidad de registros de agenda pública informados (audiencias, viajes y donativos) son San Nicolás (22); Codegua (13); Quilicura (7); Malloa (6); Litueche (5); Puerto Octay (5); Olmué (5); Puchuncaví (5); Padre Hurtado (4); Renaico (4); Longaví (4) y Galvarino (3).

Según Infolobby, el sistema registra 796 lobbistas y 10.009 gestores de interés particular, que han participado en 7.822 audiencias con objeto de lobby o gestión de intereses.

Tarud: "No tendrán un solo centímetro con este fallo"

LITIGIO. El diputado PPD insistió en que la CIJ debe declararse incompetente ante la demanda marítima, ya que de lo contrario generaría incertidumbre internacional.
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El diputado del PPD y miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Jorge Tarud, remarcó ayer que el pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre la demanda marítima de Bolivia "enviaría una señal de verdadera alarma a toda la comunidad internacional" en caso de que la respuesta, fijada para este jueves, fuera favorable al país vecino.

El legislador explicó que el artículo sexto del Pacto de Bogotá de 1948 impide a la Corte abocarse a temas tratados antes de ese año, por lo que debería declararse incompetente.

Tarud advirtió que, aunque la CIJ determine si es o no competente en este caso, sería una señal negativa para las fronteras de otros países, ya que "cualquier país podría recurrir entonces a La Haya con tratados centenarios, provocando una total incertidumbre para todos los Tratados que rigen hoy en el mundo las fronteras".

El diputado afirmó que si la CIJ se declara incompetente para lo que dice relación con anterioridad a 1948, pero de todos modos afirma ser competente para examinar la situación posterior a esa fecha, "de igual forma estaría vulnerando el Tratado de 1904 y en consecuencia incurriría en una situación indeseable para todas las naciones del mundo arrogándose facultades que no tiene".

Apoyo a bachelet

Tarud recalcó que, ante cualquier escenario que pudiesen tomar los jueces de La Haya este jueves, los sectores políticos apoyarán al Gobierno.

"Deseo advertir a la ciudadanía que en el caso de iniciarse un proceso, Bolivia no habrá ganado absolutamente nada en consideración a que este fallo de la Corte será exclusivamente de términos procesales, pero no me cabe duda de que Evo Morales tendría un discurso triunfalista y de victoria. No obstante, no tendrán un solo centímetro con este fallo de territorio chileno", concluyó.

El canciller Heraldo Muñoz expresó en una entrevista a El Mercurio que, en caso que la respuesta sea favorable a Bolivia, "no podría celebrar nada porque no tendrá un centímetro de territorio nacional de acceso soberano al mar.

"A lo más, el resultado implicaría que el juicio dure unos años más. Y estamos seguros de que tampoco en una sentencia definitiva Bolivia podría obtener lo que pretende. Tarde o temprano, Bolivia tendrá que convencerse de que no podrá obligarnos a cederle territorio", sentenció.

Edwards acusa utilización política

El diputado RN José Manuel Edwards, aseguró que la insistencia del Presidente Morales en esta demanda tiene fines políticos, con miras a una eventual prolongación de su Gobierno. "Hemos visto la unión que existe entre este juicio y la potencial reelección hasta el año 2025 del señor Morales, quienes han dicho a través de su vicepresidente que la salida al mar de Bolivia depende de su continuidad".