La mitad de las denuncias por tala ilegal en la provincia se concentran en La Costa
CONAF. Según el ente fiscalizador, la mayor parte de la madera extraída se destina al consumo de leña domiciliario. A la fecha van 65 casos, mientras que durante todo 2014 hubo 58.
El pasado mes de julio, la oficina provincial de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) ingresó una denuncia al Juzgado de Policía Local de Puyehue, respecto a la tala ilegal de 101,9 hectáreas de bosque nativo. Acción en la que aseguran los fiscalizadores del organismo, se llevó a cabo una tala rasa y un "floreo", extracción donde se escogen los ejemplares de mayor valor comercial.
Y si bien esta y otras denuncias se han dado a conocer a los medios de comunicación, es sólo una del más de medio centenar de casos que se registran en promedio al año en la provincia. Según las cifras del ente fiscalizador, la comuna de San Juan de la Costa concentra cerca de la mitad de las denuncias, con 27 casos que equivale al 46,7% del año pasado.
Distribución
De acuerdo a datos de Conaf, casi la mitad del territorio de la provincia está compuesto por bosque nativo y mixto. En detalle, existen 396.225 hectáreas de bosque nativo (que representan un 42,9% del total de la superficie en la provincia) y 72.679 hectáreas de plantaciones y bosque mixto, que equivale al 7,9 % de la superficie de la provincia.
En lo que va corrido del año ya se han registrado un total de 65 denuncias y fiscalizaciones de este tipo, superando a todo lo ocurrido durante el año pasado, cuando se registraron un total de 58 denuncias de este tipo. Si bien la mayor parte de la extracción ilegal se concentra en La Costa, le siguen las comunas de Puerto Octay con 16,7% de los casos y Río Negro (13,3%).
Según las investigaciones y fiscalizaciones en terreno, la mayor parte de la madera que se saca de forma ilegal se destina para el consumo de leña domiciliario, lo que da cuenta de un extenso comercio informal y poco regulado.
Según el jefe provincial de Conaf, Alejandro Escobar, si bien cada año se registra un número constante de denuncias en la zona, resulta complicado impedir este tipo de acciones, que ante la ley se registran como faltas y no como delitos.
Además, en muchas ocasiones la fiscalización se dificulta debido a que se debe contar con la autorización del mismo dueño, lo que complejiza el proceso.
"Si bien la mayoría de las veces el responsable es sancionado con una multa que puede multiplicar varias veces el monto de lo extraído, de no cancelarse, el infractor puede enfrentar en la mayoría de los casos a un castigo de reclusión nocturna no mayor a 15 días, lo que permite que este tipo de acciones se sigan dando", explicó Escobar.
Por ello, aseguró, el mejor trabajo radica en la prevención de este tipo de acciones, así como en la relación que se mantiene con los mismos dueños de predios y en las alternativas que se les puede entregar a éstos, para no llegar a concretar acciones de talas.
En cuanto a la alta tasa de denuncias que se registran en San Juan con respecto a otras comunas de la provincia, Raúl Soto, encargado de fiscalizaciones de Conaf señala que esto se debe a la atomización de los predios existentes en la comuna costeña, ya que hay un mayor número de pequeños propietarios, por lo que resulta más complicado fiscalizarlos.
Manejo de especies
Para reducir el número de casos de extracción ilegal, personal de Conaf trabaja con los pequeños propietarios o con comunidades establecidas, para ver alternativas que impidan la propagación de estos hechos.
A modo de ejemplo, Raúl Soto indica que hace más de una década han trabajado con las comunidades indígenas de Manquemapu, comuna de Purranque, en el adecuado manejo de especies como el alerce.
En detalle, les enseñan que deben extraer especies muertas, con las cuales los habitantes de dicha zona fabrican tejuelas.
"Se trata también de establecer normas que puedan cumplirse y que no sólo apunten a lo restrictivo, porque también hay que tomar en cuenta las realidades sociales de los sectores rurales. Hay que aterrizarlas y no sólo dar problemas, sino entregar una solución", indicó Soto.
El encargado de fiscalizaciones señala que aún así existen casos en donde la ley finalmente no puede actuar en caso de desconocimiento de la ley por parte del infractor, pero en casos muy específicos y que se denomina por la ley como "ignorancia excusable".
"Si existe el caso de una persona que vive alejada de toda población, que no tiene medios de comunicación adecuados y que pueda presentar caso de analfabetismo, es obvio que ella puede ser una excepción para un juez y para la ley", explicó Soto.
En cuanto al alza de denuncias de este año -65- con respecto a las 58 durante todo 2014, Soto explicó que se debe a una serie de cambios internos en los indicadores y metas institucionales, los que han permitido redirigir esfuerzos y recursos a la fiscalización de la legislación forestal vigente.
Escobar indicó que muchas veces este tipo de faltas se producen debido a que la legislación no sanciona con dureza a los infractores, algo que podría evitarse si se modifica.
"El hecho de que una persona sea sorprendida y que la multa sea apelable ante la justicia y que finalmente de no ser cancelada se pague con reclusión nocturna, hace que el número de infracciones se mantenga en una cifra similar o aumente todos los años", finalizó.
Sanciones
Todas las denuncias Conaf las deriva hasta el tribunal de justicia local de donde ocurre el hecho, una vez comprobada la falta.
Multas que multiplican el valor de lo talado es una de las sanciones. La otra es cumplir con 15 días de arresto domiciliario.
42,9% Del territorio de la
provincia está cubierto por bosque nativo, según cifras de la Conaf.
img13894897.eps