Cinco de los siete detenidos tras la reapertura del caso quemados fueron interrogados ayer por el ministro en visita Mario Carroza. Los ex militares quedaron en prisión en el Batallón de Policía Militar de Peñalolén, en Santiago.

Treinta años pasaron antes de que surgiera un testimonio sobre lo ocurrido el 2 de julio de 1986, cuando Rodrigo Rojas de Negri y Carmen Gloria Quintana fueron rociados con combustible y quemados. Producto de esos hechos Rojas falleció cuatro días después y Quintana resultó gravemente herida.

El caso fue reabierto por el juez el martes tras el testimonio del ex conscripto Fernando Guzmán Espíndola, a quien el ministro Carroza ya interrogó, según dijo en entrevista con CNN.

El ministro explicó que cinco de los detenidos estaban en Santiago, mientras que los otros dos estaban siendo trasladados desde regiones hasta ayer. Se trata de Luis Zúñiga, Francisco Vásquez, Sergio Hernández, Julio Castañen, Iván Figueroa, Nelson Medina y Jorge Astengo. Carroza definirá mañana si somete a proceso a los detenidos o no.

El magistrado indicó que ya había una condena por cuasi delito de homicidio y cuasi delito de lesiones contra el capitán (r) Pedro Fernández Dittus, jefe de la patrulla militar que arrestó a los jóvenes, pero que las nuevas versiones cambian el caso.

Según la declaración de Guzmán, él sólo fue testigo del hecho, sin embargo, Carroza sostuvo que aún debe determinar si tuvo responsabilidad.

Respecto del llamado "pacto de silencio" que habrían guardado los implicados, el magistrado afirmó que "al parecer fue algo explícito".

El juez contó que la familia de Rojas ya había pedido antes reabrir el caso, por lo que ya se estaba investigando y tomando contacto con los involucrados en la búsqueda de nuevos antecedentes antes del nuevo testimonio. Dentro de esa lista de personas, el ministro señaló que serían alrededor de 17 los que participaron del crimen, no sólo quemando a los jóvenes sino también "en el traslado y falta de auxilio de estas personas".

El magistrado no descartó reunirse con la madre de Rojas, Verónica De Negri, quien llegó ayer a Chile. "Todo lo que sea importante para el proceso se va a realizar", afirmó.

El vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, valoró que Guzmán haya terminado con su silencio y realizó un llamado a que quienes tengan antecedentes del caso, los entreguen. "Estos son hechos que me gustaría que siguieran ocurriendo. Que rompan el pacto de silencio", dijo.

Carmen Gloria Quintana, quien sobrevivió tras ser rociada con bencida y quemada viva en 1986, hizo un llamado a los miembros del Ejército a decir la verdad. "Llamo a todos los conscriptos, a que de una vez por todas se atrevan a decir la verdad", afirmó en entrevista con ADN desde Canadá, donde reside. "Qué mejor que vivir con la conciencia tranquila, que asumir sus responsabilidad. Sobre todo los jóvenes conscriptos, que también muchos de ellos fueron víctimas", agregó, confirmando que tiene previsto viajar a Chile.

Tras la polémica desatada por el pago de "doble viático" que recibieron parlamentarios a contar de 2012 mientras viajaban al extranjero, el ministro del Interior, Jorge Burgos, y el vocero de La Moneda, Marcelo Díaz, aseguraron que devolverían el dinero de inmediato en caso de que lo hayan recibido durante su paso por el Congreso.

Ambos secretarios de Estado fueron mencionados entre los ex parlamentarios que habrían recibido el pago doble de viático nacional e internacional cuando viajaron al extranjero el año pasado.

El jefe del gabinete descartó que fuera su culpa haber recibido un pago incorrecto. "Si me los dieron, los devuelvo de inmediato, es cuestión que me digan no más. Si me pagaron mal algo, no es por mi responsabilidad, yo no pertenezco a la tesorería de la Cámara de Diputados, yo era diputado no más", afirmó.

"Si me pagaron mal algún día, lo devuelvo de inmediato cuestión que me digan de la Cámara, y si no me alcanza de inmediato le pediré plata prestada a mi señora, no hay ningún problema", añadió el secretario de Estado.

El ministro secretario de Gobierno, Marcelo Díaz, también se refirió al asunto y sostuvo que durante la cuenta pública del Congreso realizada el martes, él y Burgos "tomamos contacto con el secretario general de la Cámara de Diputados para el efecto de que nos informe de que si efectivamente tuvimos esta situación. Él nos quedó de informar y de haber vivido esta situación vamos a proceder a devolver el dinero como corresponde".

El martes, el fiscal nacional Sabas Chahuán no descartó investigar de oficio a los parlamentarios por el pago del "doble viático" ante la eventual existencia de delito de fraude al Fisco o malversación de fondos.

Consultado en ADN al respecto, el presidente del Senado, Patricio Walker (DC), descartó la existencia de delito. "El Ministerio Público debe investigar cuando hay delitos, pero en este caso hubo una pésima medida que se adoptó en el pasado, pero que no es delito", afirmó.

Walker indicó que el Consejo de Asignaciones fija los montos que se pagan y que en 2011 hizo una propuesta que establecía la "compatibilidad" entre ambos viáticos, la que fue rechazada por el Senado. "Pero el Consejo, en el ámbito privativo de sus atribuciones, decide que esto va de esta manera'", sostuvo.

La Presidenta Michelle Bachelet reiteró ayer el compromiso del Gobierno con respecto al aumento de la delincuencia del último tiempo, a la vez que asumió que es una problemática que no tiene una salida fácil.

"Nosotros tenemos un compromiso con este tema, que sabemos y lo hemos dicho siempre, no hay una 'bala de plata', no hay una solución fácil, no hay un atajo que uno pueda tomar para resolver este problema", afirmó la Mandataria durante la inauguración de la 24a Comisaría de Melipilla, en la Región Metropolitana.

La Jefa de Estado anunció que entre los esfuerzos del Gobierno por resolver el conflicto por la seguridad pública, se le pondrá suma urgencia a la agenda corta contra la delincuencia.

"Sabemos que la seguridad es un problema muy importante en la vida cotidiana de las personas, también lo es para nosotros, y por eso hemos decidido tomar medidas para aumentar la presencia policial en las calles y hemos puesto suma urgencia a la discusión de la agenda corta antidelincuencia", indicó la Mandataria.

La Presidenta destacó que el Gobierno está trabajando en un plan nacional de seguridad pública "que apunte a trabajar de forma integral y coordinada las necesidades de cada comuna, con énfasis en las que más necesiten reforzar el combate al delito", para lo que se hará un trabajo con municipios, policías y vecinos.

La Presidenta además destacó el programa 24 Horas que trabaja con menores que han infringido la ley.

Entre las medidas contra la delincuencia, además se encuentra el Fondo Nacional de Seguridad Pública, a través del que ya se les otorgó $ 3.600 millones a los municipios.

En ese mismo sentido, la Presidenta Bachelet afirmó que espera "promulgar pronto la ley que fortalece el Ministerio Público, para que puedan tener más facultades y condiciones para que quienes infrinjan la ley sean sancionados como corresponde".

"Aquí no se trata de poner mano dura por poner mano dura, el delito es un problema social que sabemos que no se soluciona únicamente con cárceles o controles efectivos, pero vamos a enforcarnos también en todo lo que sea necesario para disminuir las causas de la delincuencia en el corto, pero también en el mediano y el largo plazo", concluyó.

Las palabras de Bachelet llegan un día después de que el ministro del Interior, Jorge Burgos, afirmara a TVN que existe un problema "bastante jodido" con la seguridad pública.