Un grupo de más 400 familias de tres poblaciones de Francke solicitan la visita de la Presidenta Michelle Bachelet a la comuna para reunirse con ellos y les brinde una solución para erradicarlos de donde han vivido durante 25 años, ya que el lugar es una zona identificada como inundable por las aguas del río Rahue.

La solicitud fue entregada en el palacio de La Moneda el lunes 22 de junio por la abogada Orietta Llauca Huala, representante del grupo de vecinos. En el documento se especifica que es necesario que el Estado se haga responsable de las autorizaciones que fueron entregadas por diferentes servicios públicos para levantar viviendas sociales en una zona no apta para edificación.

De no recibir una respuesta favorable de la Mandataria en un plazo de 20 días hábiles, es decir, antes del 24 de julio, la abogada interpondrá una demanda judicial contra el Estado de Chile por la responsabilidad que tiene en lo que ellos denominan como un error cometido por el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu), el Ministerio de Vivienda (Minvu), el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el municipio local, entre otras entidades.

El principal objetivo de la demanda es lograr la erradicación de los vecinos que tienen sus viviendas emplazadas dentro de la línea de inundación en caso de desbordes del río Rahue (entre las calles Los Damascos y las Higueras y avenida Costanera y Los Abedules).

Las poblaciones con vecinos afectados son la actual Pablo Neruda (ex Münzenmayer) construida en 1983; Carlos Follert, cuyas primeras etapas comenzaron a ser edificadas en el año 1988; y la población Bosque Parque Norte, construida en la década del '90.

Según un estudio realizado por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), estos sectores se encuentran bajo las líneas de inundación asociadas a las crecidas del Rahue y por lo tanto sugirieron que las familias que viven en esa zona deben ser erradicadas.

A este problema se suma que desde 1998 se construyó una defensa fluvial (pretil), lo que cambió un poco el escenario de las inundaciones (por crecidas del río y llegada del agua a las viviendas). Sin embargo, ahora sufren anegamientos por causa de las aguas lluvias.

El estado es responsable

La abogada Orietta Llauca Huala explicó que la solicitud ingresada a la Presidenta fue acompañada de documentos que acreditan todo lo vivido por los afectados y que justifican la necesidad de recibir respuestas y compensaciones.

"Estimamos que por la gravedad del problema que tiene su origen en una negligencia de las autoridades de antaño, creemos que Michelle Bachelet como actual Presidenta, en virtud de un mandato constitucional, debe responder por el problema y concurrir a Osorno y entrevistarse con ellos", explicó la abogada.

Precisó que la petición básica de las familias es que los erradiquen del lugar por la seguridad de sus vidas, además de recibir compensaciones económicas por los daños sicológicos, económicos y de salud que han sufrido los afectados.

La profesional agregó que el plazo que se darán es de 20 días hábiles para que se resuelva el problema definitivamente, tal como lo contempla la ley 9880, "si no se recibe una respuesta en ese plazo o es una respuesta evasiva y que es estimada por nosotros como poco seria, procederemos a poner de inmediato la demanda contra el Estado. No esperaremos nada más, la gente ya ha esperado mucho tiempo", dijo.

Explicó que la demanda está fundada en documentos, fotos, certificados y estudios que acreditan que la responsabilidad es sin duda de los servicios públicos.

La demanda será presentada colectiva aunque los daños económicos y morales serán medidos de forma individual en cada hogar afectado.

La acción judicial también incluye al municipio local y aparece como denunciado dentro de la solicitud, "el municipio tiene una gran es uno de los grandes responsables de lo que ocurre pero no excluye al Estado", dijo.

A las primeras viviendas construidas hace más de 30 años se suman las autorizaciones entregadas en 1996 de al menos tres proyectos habitacionales de expansión de las poblaciones ya construidas.

En esa época, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) notificó al Serviu que los proyectos sociales que estaban construyendo se realizaban en una zona inundable, pero las obras no se detuvieron.

A esto se suma que el Plan Maestro de Aguas Lluvias de la comuna desarrollado por la DOH en 2002 ya indicaba que era necesario construir un sistema de bombas de evacuación de aguas para evitar las inundaciones en el sector. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por el MOP debido a su alto costo y que resulta más sencillo reubicar las viviendas.

Inviernos de terror

Manuel Mancilla, de 82 años, y María Elena Fuentes, de 83, llegaron hace 22 años a la población Müzenmayer para cumplir con el sueño de vida de la casa propia. Sin embargo, Manuel explicó que todo cambió luego de años de estar con el agua hasta la cintura al interior de su hogar en invierno.

"Lo único que quiero es salir de acá y dormir tranquilo durante los inviernos, porque actualmente siento la lluvia y el miedo se apodera de mí", dijo el adulto mayor que además padece una grave enfermedad al corazón.

Una situación similar vive Milady Villarroel, que desde hace 19 años vive en el sector junto a sus tres hijos y su marido. Todos están cansados de enfrentar la incertidumbre cada invierno.

"En los veranos no se alcanzan a secar las casas porque la humedad del terreno es mucha y claro, si por años nos hemos inundado. Quiero pasar mis últimos años en un lugar tranquila, no creo que la gente pueda imaginar lo que es vivir sometida a inviernos de terror", dijo la vecina.

Mery Fuentealba, dirigenta que ha liderado la molestia y preocupación de los vecinos, explicó que las acciones actuales son concretas y sólo buscan la seguridad de los vecinos.

"Estas personas han sufrido mucho por décadas, el Estado tiene el deber de cuidar y proteger a la ciudadanía tal como lo dice la Constitución y en este caso no fue así. Tenemos quien nos represente y contamos con documentación que nos respalda", explicó la dirigenta de Francke.

Es su derecho

Gustavo Salvo, gobernador de la provincia, indicó que hasta las oficinas de la Gobernación no ha llegado ningún requerimiento de los vecinos afectados. Precisó que no pueden intervenir en la decisión de los habitantes de recurrir a las instancias que deseen para ser escuchados.

"Ellos tienen todo el derecho de hacer una demanda contra el Estado si la situación les complica la vida, no podemos detenerlos. El Estado se defenderá siguiendo todos los conductos regulares. Esperamos que la Presidenta visite la zona en algún momento, pero eso lo decide ella, nadie más", dijo la autoridad provincial.

Agregó que no conoce detalles del caso, pero espera tener la posibilidad de conocer el problema que afecta a las familias. "Me imagino que el Ministerio instruirá los pasos a tomar en este caso", dijo.

Informe de la DOH además señaló que existen otras tres áreas para erradicar familias en la comuna.

Datos el consejo vecinal del sector trabaja en recopilar datos como fotos, documentos, etcétera, para sumar a la demanda.

400 familias

ya han firmado los mandatos para autorizar a la abogada que los representa en todas las acciones legales que deba realizar para lograr ser erradicados de la zona inundable.

1983 fueron levantadas

las primeras viviendas en la zona, las que corresponden a la población Pablo Neruda (ex Müzenmayer). Hasta la fecha son tres poblaciones ubicadas en zonas inundables.

20 días hábiles

esperarán los vecinos para recibir respuesta a la solicitud ingresada por su abogada en el palacio de La Moneda el pasado 22 de junio solicitando la visita de la Presidenta Bachelet a Osorno.