El empresariado espera poder "conversar e introducir cambios" una vez que la reforma laboral -aprobada el miércoles en primer trámite en la Cámara de Diputados- pase al Senado, mientras la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, dijo que la Cámara Baja le dio "una señal potente" a la Cámara Alta.

El vicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Segismundo Schulin-Zeuthen, dijo ayer que espera que en el Senado "se pueda conversar e introducir cambios" a la propuesta.

"Espero que en el Senado se pueda conversar y se puedan introducir cambios que, en definitiva, faciliten la relación laboral entre empresas y trabajadores", dijo el dirigente gremial, quien agregó que las modificaciones debieran orientarse a no producir discriminaciones entre trabajadores de una misma empresa.

El también presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF) destacó que para la industria bancaria "es fundamental que se establezcan servicios mínimos para que el sistema de pagos de la economía funcione".

Si el sistema de pagos se interrumpe, aseguró, generaría un problema mucho mayor para la industria y la economía.

más apoyo

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Bárbara Figueroa, destacó el alto grado de apoyo que logró en la víspera en el Congreso el proyecto de reforma laboral.

"Lo que uno ve es que hay un respaldo bastante transversal, incluso de algunos sectores independientes de centroderecha, que respaldan la necesidad de poder hacer estos cambios. Creo que es una señal potente para el Senado", dijo Figueroa.

El proyecto que moderniza el sistema de relaciones laborales fue aprobado el miércoles en la Sala de la Cámara de Diputados con 67 votos a favor, 42 en contra y una abstención. Ahora pasará al Senado para cumplir su segundo trámite constitucional.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, destacó que "es muy importante mantener el equilibrio en este proyecto".

"Expliqué que veía tres patas acá. Una era equilibrar la capacidad negociadora de trabajadores y empleadores, también tratar de tener reglas y formas de negociación que permitan más cooperación, y el tercero, avanzar hacia la adaptabilidad", dijo el ministro.

La Cámara Baja ratificó todo el articulado propuesto por las Comisiones de Trabajo y Hacienda, salvo el artículo 361. Se refiere a la determinación de las empresas en las que no se podrá ejercer el derecho a huelga. La norma requería 67 votos, ya que modifica una Ley Orgánica Constitucional, pero recibió 66 favorables. El artículo dispone que "no podrán declarar la huelga empresas (...) que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía, al abastecimiento de la población o la seguridad nacional".

La propuesta indica que la negociación colectiva sindical se sujetará a las normas habituales, aunque también podrá iniciarse en cualquier tiempo procesos de negociación directa con el empleador, las que no deberán estar sujetas necesariamente a normas procedimentales especiales (negociación no reglada). El articulado expresa que los beneficios negociados por el sindicato se aplicarán a sus afiliados futuros. El empleador no podrá extender unilateralmente los beneficios a trabajadores sin afiliación sindical, sin acuerdo del sindicato.

El proyecto define como materia de negociación colectiva temas de interés común "que afecten las relaciones de trabajadores y empleadores, especialmente las que se refieran a remuneraciones u otros beneficios en especie o en dinero y, en general, a las condiciones comunes de trabajo". También se podrán incluir acuerdos para la conciliación del trabajo con las responsabilidades familiares, planes de igualdad de oportunidades y equidad de género, capacitación, bienestar y solución de controversias, entre otros.

Otro de los elementos aprobados regula la votación de huelga sin el requisito de conformación del quórum de aprobación y que exigía posteriormente otro para hacerla efectiva. Además, el articulado establece la obligación del empleador de facilitar la concurrencia de los trabajadores a votar la huelga y el derecho a realizar asambleas el día de la votación. El proyecto también elimina la facultad del empleador de reemplazar a trabajadores en huelga y el reintegrado individual (descuelgue).

Mauricio Mondaca

La Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) aseguró ayer que aún mantiene vigente el contrato de arriendo con la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) para explotar 28.054 pertenencias mineras en el Salar de Atacama, saliendo al paso de informaciones sobre el supuesto término anticipado de un acuerdo entre ambas partes que finaliza en 2030.

Según un artículo publicado ayer por La Tercera, la Corfo habría rechazado una propuesta de conciliación con SQM, que consideraba el pago de unos US$ 17 millones a la estatal y la modificación y no la finalización del contrato.

La Bolsa de Comercio de Santiago suspendió ayer momentáneamente la transacción de las acciones de la minera no metálica debido al descenso del 13,52% a $ 10.374 por título. La compañía envió un documento al gerente de operaciones de la Bolsa, Juan Carlos Ponce, y explicó que tanto la firma como sus filiales mantienen un contrato vigente con la estatal.

"Dentro de las peticiones de Corfo en el juicio, se encuentra el cobro de diferencias de pago y el término anticipado del contrato. En la actualidad el proceso arbitral está en etapa de conciliación ante el juez arbitro y SQM no ha sido informada sobre de una eventual decisión de Corfo", notificó el texto.

El informe indica que en 2014 los ingresos provenientes de productos originados en el Salar de Atacama representaron cerca del 39% de los ingresos consolidados de SQM.

Según publicó ayer El Mercurio, la decisión tendría graves consecuencias para SQM, ya que entre el 60% y 75% de las ventas de la minera -que en 2014 totalizaron US$ 2.014 millones- dependen de productos extraídos en esa zona, como potasio, litio o ácido bórico.