La necesidad de recuperar la confianza, la inversión y el crecimiento fueron los tópicos entre los cuales se movió la reunión del lunes en la noche entre el comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), y los ministros del Interior, Jorge Burgos, y de Hacienda, Rodrigo Valdés.

Desde la CPC dijeron que es necesario "ponerle bordes" a las reformas para "tener más certidumbre"

"Fue una gentil invitación al comité ejecutivo (de la CPC) para conversar los temas que nos preocupan, que nos preocupan a los empresarios, al Gobierno, y tener un intercambio de reflexiones y una mirada de cómo podemos mejorar el clima de confianza del país, para recuperar la inversión y con ello el crecimiento", dijo Alberto Salas, presidente de la CPC.

Según El Mercurio, la cita habría sido gestionada por el ministro Burgos y acordada la semana pasada con el empresariado -aunque con el compromiso de mantenerla en secreto- y es la primera entre la cúpula empresarial y el jefe del gabinete desde la llegada de este al Gobierno, el 11 de mayo.

colaboración

El líder empresarial reiteró el compromiso de la CPC "de colaborar desde nuestra perspectiva a un (mejor) clima de confianza".

"Cada uno de nosotros tenemos que actuar con transparencia, de cara a la ciudadanía, e ir acotando en lo posible, poniéndole bordes, a las reformas, irlas terminando para tener más certidumbre respecto al escenario en que se mueve la inversión".

Según Salas, en la cena los invitados -entre quienes también estuvo el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy- también conversaron de las reformas que lleva adelante el Gobierno, "en las cuales podemos tener algunas coincidencias, y en otras tenemos diferencias". "Lo importante es que esas diferencias no sean obstáculos para poder seguir conversando y buscando acuerdos y consenso", aseguró el titular de la CPC.

Otro de los temas tratados en la cita fue la seguridad como variable que incide en la confianza.

La Fiscalía Centro Norte solicitó ayer penas de hasta 12 años de cárcel en contra de siete ex ejecutivos de tiendas La Polar vinculados a el escándalo financiero de las repactaciones unilaterales que realizó la empresa de retail entre 2006 y 2011. El caso afectó a cerca de un millón de clientes de todo el país, llevó a la empresa al borde de la quiebra y provocó estragos en el sistema financiero local.

José Morales, fiscal jefe de Alta Complejidad, acusó a los imputados de diferentes ilícitos, como lavado de activos, infracción a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley General de Bancos.

La acusación va en contra de Pablo Alcalde, ex presidente de La Polar y por quien se pide 12 años de prisión; Julián Moreno, ex gerente de Productos Financieros (10 años) y María Isabel Farah, ex gerenta de Administración (10 años).

También se pidió cárcel para Martín González, ex gerente general interino; Santiago Grage, ex gerente de Finanzas; Marta Bahamondes, ex gerenta de Créditos, e Ismael Tapia, ex jefe de Proyectos y Análisis.

Según un comunicado de la Fiscalía, la acusación contra los siete ex ejecutivos a punta a diferentes ilícitos en distinto grado de participación, por lo que solicita penas privativas de libertad diferenciadas, multas y el comiso de dinero y bienes de los acusados.

Contra Alcalde se persiguen cuatro ilícitos y el comiso de $ 375.901.169. A Farah se solicita confiscar $ 560 millones, mientras que a Julián Moreno se le solicitó la devolución de más de $ 600 millones.

lo que viene

La justicia deberá notificar ahora a los intervinientes de esta causa, para revisar la acusación y fijar las pruebas que se presentarán en el juicio oral.

Morales afirmó que en su investigación "hay miles de correos electrónicos, centenares de testigos, decenas de informes periciales, algunos muy contundentes. Tenemos antecedentes de toda naturaleza para acreditar la participación de estas personas en los delitos que hemos acusado".

Respecto a un posible juicio abreviado, el fiscal aclaró que "jamás podría descartar una solución como esa".

El persecutor agregó que "hay dineros que nos interesa que caigan en comicio del Fisco y también dineros que caigan eventualmente en beneficio de alguna de las víctimas de estos hechos".

La Polar, la cuarta cadena de tiendas por departamentos más grande del país, con operaciones también en Colombia, admitió en 2011 que durante varios años había recurrido a la renegociación unilateral de deudas a cerca de un millón de clientes. De esta forma, la firma buscaba mejorar de forma fraudulenta sus resultados.

La crisis arrastró a varias de las empresas minoristas en la Bolsa de Santiago y también salpicó al banco BCI, que tenía un poco más del 40% de la deuda de La Polar (US$ 120 millones), al Banco de Chile, que era acreedor de 14% de los pasivos y a las aseguradoras de fondos de pensiones (AFP), que mantenían el 24% de los recursos de los afiliados en propiedad de esa tienda.

Investigación

La Polar admitió en 2011 que renegoció deudas de un millón de clientes.

Alcance Los siete ex ejecutivos operaron de esa forma entre los años 2006 y 2011.

Acusación La Fiscalía cuenta con una acusación que tiene 986 páginas.

Plazo El fiscal Morales cree en un mes se podría fijar la audiencia de preparación del juicio.

Camino La Fiscalía no descartó la posibilidad de pedir un juicio abreviado en la causa.

Mauricio Mondaca

12 años

de pena pidió la Fiscalía de Alta Complejidad contra Pablo Alcalde, ex presidente de La Polar.

1 millón

de clientes fueron afectados por las repactaciones unilaterales entre 2006 y 2011.