Víctor García Ossa

El Mensaje Presidencial del 21 de mayo de 2015 sobre Educación Superior anunció la meta de: "… alcanzar la gratuidad para el 70% de los estudiantes más vulnerables de Chile al fin de mi período. A partir de 2016, aseguraremos que el 60% más vulnerable que asista a Centros de Formación Técnica, a Institutos Profesionales acreditados y sin fines de lucro o a Universidades del Consejo de Rectores, accedan a la gratuidad completa y efectiva, sin beca, ni crédito. Esto beneficiará a casi 264 mil jóvenes".

Este anuncio despierta múltiples incertidumbres. El 60% de gratuidad en 2016 -a la luz de las condiciones actuales- no permite asegurar que esta medida beneficiará efectivamente al 60% de la población "más vulnerable" ya que una gran proporción de esa población estudia en instituciones acreditadas, con fines de lucro. Entonces es posible augurar que sectores "no tan vulnerables" capturarán parte importante de esos recursos.

Los alumnos del IP y CFT Santo Tomás, por ejemplo, no podrán acceder a la gratuidad, pese a que nuestras instituciones están acreditadas, por el solo hecho de que éstas se constituyeron en su origen como "Sociedades Comerciales", de acuerdo con la legislación vigente en ese momento y que aún no ha sido modificada. Lo mismo, con los alumnos de la Universidad Santo Tomás que, al haber sido creada con posterioridad a 1981, no pertenece al CRUCH. Queda claro que esta medida beneficiará a universidades del Estado que actualmente presentan una muy deteriorada matrícula en pregrado.

¿Cómo se va a clarificar si los estudiantes beneficiados están o estarán matriculados en carreras técnicas (3 años), profesionales (4 años) o universitarias (5 años) y si son estudiantes antiguos o nuevos? ¿Convivirán alumnos con gratuidad con alumnos con crédito? ¿Qué pasará con los 5 CFT y 1 IP vinculados a Universidades Estatales, establecidos como "Sociedad Anónima", sólo uno de los cuales está acreditado? En Santo Tomás creemos en el principio de igualdad ante la ley y esperamos que este anuncio no genere una odiosa situación de inequidad entre jóvenes de la misma condición socioeconómica por el solo hecho de elegir instituciones de educación superior distintas, muchas de las cuales poseen reconocido prestigio y trayectoria. A modo de reflexión podemos plantear que la cuestionada reforma educacional dejó la certeza de que el Gobierno presenta una fuerte animadversión al rol de los privados; y ahora además muestra una clara discriminación, no hacia la calidad, sino a la propiedad.

Nabor Carrillo Estefa

Hace algunos años Chile ingresó a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una organización que reúne a las economías consideradas como más desarrolladas del planeta. Durante este tiempo, nuestros estándares para la evaluación de la actividad pública han sido modificados sustancialmente.

En esa lógica, varios indicadores muestran una situación que inquieta. Por ejemplo, que somos el país con mayor desigualdad salarial de los 18 Estados de la OCDE. El mismo informe precisa a la pobreza infantil, los empleos informales y la desigualdad de género entre los problemas más acuciantes del país.

Aunque desde la mitad de inicios del milenio, la desigualdad ha descendido un punto porcentual en Chile, es claramente insuficiente para sacar a Chile del grupo de países más desiguales, apuntó la organización.

La diferencia de ingresos entre el 10% más rico y el 10% más pobre en 2013 era de 27 contra 1, situación que es un problema por resolver.

El tema es conocido hace rato y se ha puesto de manera permanente en la agenda pública como uno de los fenómenos a resolver -lamentablemente con más voluntarismo que ideas claras-, pero al menos está allí. Por otro lado, es curioso que un país pequeño como el nuestro tenga tales diferencias en los ingresos y la posesión de la riqueza.

En todo caso, el informe destaca que la mejoría en Chile desde mitad de los 90 hasta inicios del siglo XXI ha sido menor que en Perú, México, Brasil o Argentina.

Pero no son los únicos temas. La pobreza relativa de Chile se sitúa en el 18%, frente al 11,5% de media de la OCDE y los niños son el grupo de edad con mayor índice de pobreza, del 23,5% frente a la media del 13,3% de los países desarrollados.

Otros de los puntos que Chile debe vigilar, de acuerdo al estudio del organismo multilateral, es la gran proporción de trabajadores con empleos "informales", que afecta al 20% de la población.

Es bueno que Chile se compare con los grandes, no con el objetivo de lacerarnos públicamente, sino con el ánimo de mejorar todo lo necesario.