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El haber almorzado con uno de los proveedores fue la causa por la cual el intendente Nofal Abud desvinculó a su jefe de gabinete Carlos Andrade y la seremi de Agricultura, Pamela Bertín, hiciera lo propio con el suyo Mauricio Valenzuela.

Tanto en Intendencia, como en la Seremía de Agricultura, concluyeron las investigaciones sumarias en el denominado "Caso Fardos" (pago de sobreprecios de alimentos para animales evacuados tras la erupción del volcán Calbuco).

Si bien ambos documentos concluyen que no se encontraron irregularidades, fue el almuerzo denunciado por el diputado PS Fidel Espinoza el que le costó el puesto a ambos personeros.

Ambas decisiones fueron dadas a conocer ayer. Primero fue el intendente Nofal Abud y luego la seremi de Agricultura, Pamela Bertín, quienes informaron respecto a las conclusiones de ambas investigaciones sumarias.

En ambos casos se subraya el principio de probidad que debe imperar entre los funcionarios de Gobierno.

Además, tanto Abud como Bertín se comprometieron a colaborar en la investigación que realiza la Fiscalía.

En el caso de Andrade, Abud explicó que la investigación sumaria que fue realizada por el ex fiscal y actual jefe jurídico de la Intendencia, Rodrigo Tejos, no se detectaron irregularidades en los procesos que se realizan al interior de la Intendencia Regional, toda vez que las adquisiciones de alimentos e insumos agrícolas no fueron realizados por la Intendencia.

En cuanto al almuerzo, cuya participación fue reconocida por Andrade en la investigación, pero que no fue informado a Abud, el intendente sostuvo que se trató de un hecho en el que se "expuso de forma imprudente al Gobierno Regional a cuestionamientos que afectan la imagen de probidad y transparencia que debe acompañar a todo funcionario público en todo momento y lugar".

Abud coloca el acento en que el término de contrato tiene por objetivo despejar cualquier duda en torno al estándar de probidad y transparencia que "caracteriza la gestión regional que encabezo".

En la misma línea, Pamela Bertín, consideró como un acto cuestionable la reunión que sostuvo Valenzuela con proveedores de fardos y que le fue informado por el diputado Espinoza.

"Es un acto cuestionable dado que no se informó ni antes ni después, lo que se aleja de los estándares de probidad con los cuales trabajamos y por lo mismo decidí pedirle la renuncia", subrayó.

La solicitud la hizo efectiva una vez que su ex jefe de gabinete declarase en esta investigación. "Con este comportamiento se expuso al Gobierno y al ministerio y por eso faltó a mi confianza", puntualizó.

Además, recalca que la indagación arrojó que se cumplió con la formalidad que se exige este tipo de adquisiciones en una situación de emergencia.

Indica también la resolución que les permitía realizar un trato directo en caso de emergencia agrícola o catástrofe, lo que faculta a esta cartera -acorde a decretos 505-506- a comprar a proveedores que se encuentren en el Mercado Público y cumplan con la reglamentación vigente.

Esto les permite comprar de forma directa y sin hacer cotizaciones.

A pesar de ello, cuentan con cotizaciones y según señala Bertín se adjudicó a quienes ofrecieron los precios más bajos. Con esto se descarta que se compraran fardos a un precio mayor.