En su mensaje el pasado 21 de mayo, la Presidenta Bachelet anunció medidas para avanzar en garantizar el acceso de estudiantes a la educación superior y alcanzar gratuidad para el 60% de los estudiantes más vulnerables. Entre otros aspectos, se mencionó la aprobación de la Ley de Inclusión, la puesta en marcha del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo (PACE), y un incremento de 16% este año en fondos disponibles para becas. También se comunicó que el Ejecutivo presentará un proyecto de ley que genere un nuevo marco de regulación, financiamiento y gratuidad de la educación superior durante el segundo semestre.
Es indispensable hacer precisiones sobre la atención a estudiantes vulnerables si, en efecto, lo que se busca es instaurar un nuevo modelo educativo gratuito, de calidad, inclusivo y con énfasis en lo público que permita borrar discriminaciones y marginaciones.
Los estudiantes vulnerables socialmente no sólo presentan dificultades en el tránsito de la educación secundaria a terciaria. Por su historial académico y antecedentes familiares, también enfrentan mayores obstáculos durante su formación universitaria, situación que se refleja en los indicadores de progresión (retención/deserción, aprobación/reprobación, titulación y empleabilidad). La vulnerabilidad reviste una serie de condiciones socioeconómicas y socioafectivas ampliamente estudiadas, y que indica que los alumnos requieren de un mayor nivel de apoyo en lo económico y en el desarrollo de competencias de entrada en cuanto a conocimientos y hábitos de estudio.
Es por ello que las universidades que atienden preferentemente a alumnos vulnerables deben realizar esfuerzos mayores en mantener aranceles más bajos, generar programas de nivelación de competencias básicas y mantener un sistema de becas y beneficios estudiantiles con recursos propios.
Algunos indicadores claves para observar la vulnerabilidad socioeconómica de los estudiantes de educación superior son: cobertura, aranceles de referencia, procedencia de establecimientos secundarios y escolaridad de los padres. En un análisis comparativo, son las universidades estatales en regiones las que mantienen aranceles más bajos y reciben mayor cantidad de alumnos provenientes de colegios municipalizados, de familias con menores ingresos y de padres con menor grado de escolaridad. Es fundamental que cualquier fórmula de cálculo para determinar aranceles de referencia rompa con indicadores históricos y centralistas, y se incluyan en el análisis factores determinantes como la variable regional, la procedencia de los alumnos, el ingreso familiar y la escolaridad de los padres.
Óscar Garrido Álvarez