El intendente Nofal Abud -a través de una declaración pública- confirmó la decisión de suspender de sus funciones a su jefe de gabinete, Carlos Andrade, en el marco del denominado caso "Fardos", por pago de sobreprecios para la adquisición de alimentos para los animales que fueron evacuados producto de la erupción del volcán Calbuco.

En siete puntos, el jefe regional explicó su postura ante los hechos denunciados por el diputado Fidel Espinoza en el Ministerio Público, donde deja en claro que la probidad y la transparencia en materia de recursos públicos, "ha sido un sello característico de mi gestión".

En los tres primeros puntos se refiere al accionar del diputado Espinoza.

Es así como en el primer punto señala que "se trata de los mismos hechos que viene denunciando el diputado Fidel Espinoza hace dos semanas por los medios de comunicación, redes sociales y llamados telefónicos".

Luego, agrega que "es consecuente con su posición de rechazo a toda investigación interna de los servicios públicos en torno a sus denuncias y por lo mismo no resulta sorprendente que el diputado utilice esta vía de acción, ya que no ha ingresado denuncia formal alguna ni a la Intendencia ni al Ministerio de Agricultura a la fecha".

Más abajo, señala que "asiste al diputado, así como a cualquier persona, el derecho de realizar denuncias ante el Ministerio Público, la cual esperamos se investigue y aclare en profundidad, y para lo cual prestaremos toda la colaboración que se requiera, siendo lo central el resultado de esa labor investigativa".

Recordó que hace 13 días dispuso la realización de un sumario administrativo a cargo del ex fiscal y actual jefe jurídico de la Intendencia, Rodrigo Tejos.

Esta acción tuvo por finalidad esclarecer los hechos denunciados y que en la actualidad se encuentran en desarrollo.

Espera que esta semana estén los resultados y así pueda tomar las medidas que este caso amerite y que serán informados a la opinión pública.

En una emotiva ceremonia militar realizada ayer en el patio de honor del Regimiento Sangra, el Ejército despidió a los últimos 68 soldados que durante su Servicio Militar prestaron apoyo a la comunidad tras la erupción del volcán Calbuco.

Con la tradicional entrega de la libreta roja de licenciamiento, 58 varones y 10 mujeres pertenecientes al último tercio del contingente 2014, dejaron el cuartel de la unidad militar emplazada en la comuna de Puerto Varas. Estos soldados el 22 de abril se encontraban en instrucción en terreno en el predio de Río Pescado, a escasos cinco kilómetros del cráter, justo cuando el macizo inició su actividad eruptiva.

En el acto, en el que participaron los familiares de los efectivos licenciados, el soldado Ramón Beroíza hizo uso de la palabra en nombre de su promoción.

"Agradezco a los oficiales e instructores su enseñanza. Destacamos al Ejército y la Patria por entregarnos herramientas para hacer de nosotros hombres y mujeres de bien. Los soldados que hoy emprendemos el regreso a casa jamás olvidaremos que somos sangrinos y estaremos siempre dispuestos a volver si el clarín nos llama", dijo visiblemente emocionado antes de su partida del cuartel.

En su discurso el comandante del regimiento, coronel Claudio Weber, recordó que "hace más de un año recibimos a estos jóvenes, sus padres y madres que mostraban cierto nerviosismo por esta nueva etapa. Hoy queremos agradecer a estos soldados por su comportamiento excepcional, en especial por el apoyo brindado a la comunidad tras le erupción del volcán Calbuco".

El oficial también destacó que el Ejército cumplió con los jóvenes al permitirles nivelar sus estudios, recibir instrucción militar, mejorar sus capacidades física y recibir capacitación laboral.

"Hoy pueden enfrentar su futuro de una manera más vigorosa. Les quiero pedir a cada uno de ustedes que, tras su paso por este cuartel, sean embajadores de la labor que realiza el Ejército", dijo el coronel Weber.

No todos se van

Pero no todos los jóvenes licenciados ayer dejarán de vestir el uniforme del Ejército de Chile. Una veintena de ellos continuará formando parte del Regimiento Sangra, extendiendo su Servicio Militar por un año más de forma voluntaria.

"Van a seguir acá como soldados antiguos, período en el que aprovechan de seguir nivelando sus estudios, y al mismo tiempo pueden proyectarse en seguir una carrera militar", explicó a Diario El Llanquihue el comandante del Regimiento Sangra.

vpereira@diariollanquihue.cl

El fiscal jefe de Puerto Montt, Marcello Sambuceti, y la fiscal Miriam Pérez, fueron designados por el Ministerio Público para encabezar la investigación del denominado caso "Fardos", y de otros delitos que involucrarían a funcionarios públicos.

La causa se relaciona con la compra de ayuda para animales desplazados por la erupción del Calbuco. Según la denuncia, habría sobreprecios en la adquisición de fardos de pasto y alfalfa para el ganado.

Sambuceti explicó que se inició una investigación penal de los hechos denunciados por el diputado Fidel Espinoza, quien apuntó sus dardos en contra de Carlos Andrade (jefe de gabinete del intendente Nofal Abud ) y Mauricio Valenzuela (jefe de gabinete de la seremi de Agricultura, Pamela Bertín).

Esta acusación llevó al intendente Nofal Abud a tomar la determinación de suspender de sus funciones a Carlos Andrade, hasta tener los resultados finales de la investigación (ver nota secundaria).

De forma paralela a la indagación judicial, tanto en la Intendencia como en la seremía de Agricultura, se desarrollan sumarios que buscan esclarecer estos hechos.

Según acusó Espinoza, tanto Andrade como Valenzuela fueron vistos en un céntrico local de Puerto Montt almorzando con los proveedores, cita que tuvo lugar a las 14.30 horas del 7 de mayo.

diligencias

El fiscal jefe de Puerto Montt apunta a que realizarán todas las diligencias que permitan esclarecer los hechos denunciados, y no descarta citar a declarar a los funcionarios públicos aludidos.

La denuncia, además, dice relación con hechos relativos a adjudicaciones de empresas, que estarían relacionadas con funcionarios públicos.

Y que esta "relación" pudiera haber significado "una influencia" en la directrices adoptadas por trabajadores fiscales en la adjudicación de contratos.

Esto, en el marco de la sequía que azotó la región y en el de la erupción del volcán Calbuco. Explica que de acuerdo al mérito de la denuncia, esta daría cuenta de hechos que podrían ser constitutivos de delitos.

De forma preliminar, el fiscal sostuvo que se trataría de una calificación jurídica de negociación incompatible de funcionarios públicos o eventualmente "lo que se conoce como tráfico de influencias".

Sin perjuicio de ello, dice que no se descartan aplicar "otras calificaciones jurídicas, que durante la investigación se estructuren a base de los antecedentes que comencemos a reunir". Tampoco se cierran a solicitar la entrega voluntaria o incautación de documentación o de otros antecedentes que sean necesarios para esclarecer este tema.

causa

Sobre esta situación, el senador UDI, Iván Moreira, expresó que es la Fiscalía la que tiene que determinar si es que existió o no una irregularidad.

Para eso -según Moreira- están las instituciones que deben funcionar. "Y no debemos sacar conclusiones por anticipado y que independiente de la labor de la Fiscalía, es muy importante que el Gobierno transparente esta situación porque se van a generar muchas desconfianzas", dijo.

Agrega que sería muy grave, de comprobarse esta situación, dado que se trata de recursos para personas damnificadas por la erupción del volcán Calbuco. "Que la Fiscalía investigue y determine si es que hubo o no una irregularidad", apuntó.