Luego que el Consejo Asesor contra los Conflictos de Interés, Tráfico de Influencias y la Corrupción, creado por la Presidenta Bachelet entregara en La Moneda sus propuestas al gobierno, con el fin de que el Ejecutivo elabore los proyectos de ley destinados a resolver los temas en cuestión, queda la interrogante de si todo ello será suficiente.

La propuesta fue elaborada por un grupo mayoritario de académicos y técnicos, y varios parlamentarios extrañaron la ausencia de personalidades del mundo político, lo que podría significar una falta de representatividad en esa mesa.

Sin embargo, el origen de esta comisión radica precisamente en casos que tienen directa relación con los políticos, como lo es el financiamiento irregular de campañas. En momentos en que la desconfianza hacia las instituciones y el desprestigio de la actividad política avanzan en la sociedad, puede sostenerse que si hubiesen incluido políticos podría haberse dado un conflicto de interés.

Aún así, debe reconocerse que parte de los reparos provenidos desde el mundo parlamentario dicen que es el Congreso el lugar donde se debe corregir la legislación actual.

En cualquier caso, y atendiendo que hay críticas a los anuncios realizados por la Presidenta tras recibir el informe -de más está decir, que no han sido tomadas todas las iniciativas-, queda en deuda algo relacionado con la mayor educación que debiera existir respecto de estos puntos.

Es sorprendente que casi toda la discusión esté concentrada en las sanciones y castigos que deberían recibir quienes incumplan las leyes.

Extrañamos algo más de educación al respecto -como el regreso de las clases de educación cívica- y una mejor entrega a los menores y jóvenes, de los valores humanos y republicanos.

Queda en entredicho que buena parte de los ilícitos sean cometidos precisamente por parte de la élite más educada, situación que debe hacernos reflexionar respecto del aparente deterioro de la ética en el país... Casi de manera transversal.

Educando, demoramos más en resolver los problemas, pero tendremos mejores resultados.

En los últimos años Chile ha avanzado de gran manera en relación a la inclusión e integración en términos de acceso a la educación. En los años 90 era casi impensado imaginar estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) terminando una carrera técnica o profesional, hoy ya es parte de una realidad y que no tiene nada de novedoso ni especial.

El poder dar educación a un estudiante NEE es una puerta gigantesca no sólo a su desarrollo profesional y personal, sino que también es un aporte inmenso a la lucha contra la desigualdad de Chile.

Las instituciones que se han atrevido a ofrecer una admisión universal e inclusiva cumplen este rol de formadores de oportunidades, lo que no significa que debamos confundirlos con fundaciones de beneficencia, muy por el contrario, son entidades que asumen una responsabilidad con su comunidad y sus integrantes, ya que se comprometen a entregar las herramientas y mismos conocimiento de manera transversal a un grupo de estudiantes sin hacer mayores diferencias para que éstos el día de mañana posean exactamente las mismas capacidades profesionales que cualquier otro alumno.

Antes tener un estudiantes con NEE presentaba casi un problema para las instituciones o, peor aún, muchas veces simplemente no tenían cabida y se dificultaba mucho su acceso al mundo educacional, tanto secundario como superior, y ni hablar de las dificultades para ingresar al mundo laboral, una vergüenza total. Sin embargo, hemos ido madurando en este tipo de temas y aportando a construir lo que incasablemente espero y por lo que trabajamos día a día: ese Chile más justo.

La invitación es a las instituciones de educación (CFT-IP-UES), a continuar aportando en el desarrollo permanente y responsable de nuestro país a través de las oportunidades y de la formación que estos puedan entregar. No es un llamado a ser una fundación o ente de caridad, no confundir, ya que, además, quienes se comprometan en cursar por estas instituciones deben tener claro que ellos también asumen un compromiso, de aceptar la formación que ésta entrega para sus estudiantes, sin discriminar ni hacer diferencias.

La integración en Educación Superior hoy es una realidad de la cual cada vez más instituciones se atreven a desarrollar y donde el mayor beneficiado es nuestro país, el cual aporta a nuevas oportunidad y crecimiento mientras le da un duro golpe a la discriminación y desigualdad.

Eduardo Quinteros Rodríguez