En una columna anterior comenté la gran inequidad de que los quintiles más ricos de la población recibieran gratis educación. La gratuidad tiene además un gran efecto negativo en la distribución del ingreso, lo que es claramente observable en la evidencia internacional.

¿Ha escuchado a grandes próceres, entre ellos muchos parlamentarios, decir "yo soy producto de la educación gratuita" como prueba del gran mérito de esa política?. Sin embargo, como los recursos no son infinitos, hay varios que quedarían fuera por no haber presupuesto. Por eso, cuando la educación era gratuita sólo se educaban las élites y una proporción muy menor de los quintiles más desfavorecidos. A partir de 1990, cuando comienza el Crédito con Aval del Estado (CAE), se produce el gran crecimiento de la cobertura en educación, crecimiento hacia los sectores de clase media o de menores recursos, así como a las regiones. Esto permitió pasar de alrededor de 250.000 estudiantes en educación superior a más de un millón, en 25 años.

No sería más justo que esos exitosos profesionales y parlamentarios dedicaran parte de sus ingresos o dietas a devolver al país lo que éste les permitió ser y tener muchos mejores ingresos. Nadie está pensando en hacer prohibitivo estudiar, ni generar endeudamientos imposibles de pagar. El CAE, modificado recientemente, da cuenta de aquello, al fijar una tasa subsidiada, un máximo del 10% de la renta que el egresado deberá pagar a partir del tercer año de egreso y por un máximo número de años, después de los cuales la deuda se extingue. Por cierto, el sistema también contempla un sistema de becas, perfectibles, para los tres primeros quintiles.

El hecho de que la educación sea gratuita para esos exitosos profesionales, con la limitación de recursos, deja fuera del sistema a muchos jóvenes que quisieran estudiar.

Dado que esta política tiene efecto de presupuesto fiscal, el proyecto contempla fijar además los cupos que podrán ofrecer las Instituciones de Educación Superior, definiendo una demanda "oficial". Este esquema tendrá grandes efectos que analizaré en mis próximas columnas. Sin embargo, para enunciar algunas: fijará la oferta futura de profesionales de acuerdo a condiciones presupuestarias actuales, dejará estancado el sistema tal como está hoy, creará una gran discriminación a favor de las universidades estatales, sólo por serlo, no por su calidad. La fijación de los cupos y aranceles (techos presupuestarios) rigidiza y estanca al sistema.

Víctor García Ossa

La muerte de dos jóvenes universitarios a manos de un particular, tras finalizar la marcha de protesta realizada hace unos días por estudiantes y profesores en Valparaíso, conmocionó a todo el país, debido a la dolorosa situación y el contexto en que ocurrió.

Los dos alumnos murieron en condiciones que la justicia deberá aclarar, mientras participaban en la movilización destinada a expresar su disconformidad por los proyectos de reforma educacional presentado por el gobierno, que se encuentran en trámite en el Congreso. Además, fue la oportunidad para reflejar el descontento que existe entre los profesores por la tramitación de la llamada carrera docente.

La ciudadanía ha lamentado y condenado la desproporcionada reacción de otro joven que los enfrentó debido a que su propiedad estaba siendo dañada con grafitis o rayados. Esta irracional respuesta debe hacernos meditar acerca de la sociedad violenta que estamos construyendo y de la facilidad con que las personas echan mano a las armas para resolver sus diferencias.

Este desgraciado episodio también genera inquietud porque ocurrió a pocos días de que la Presidenta de la República deba rendir su cuenta ante el Congreso Nacional, en Valparaíso, acontecimiento republicano que, lamentablemente, también cada año genera asimismo violentas protestas en esa ciudad donde está instalado el Poder Legislativo.

Es el momento de analizar con calma las proyecciones de este hecho que nos pone a prueba como sociedad, y que no debe servir para exacerbar los ánimos, sino que al contrario, para sumirnos en una profunda meditación con el propósito de entregar aportes para que no se vuelvan a producir situaciones similares.

Hay que esperar y confiar en que las posiciones divergentes sean respetadas y que el derecho a manifestarse en forma pacífica y respetando los derechos de los demás sea aceptado y, a la vez, erradicar la tendencia de hacer justicia por la propia mano, como ya se está haciendo cada vez más frecuente.