El canciller Heraldo Muñoz confirmó ayer que Chile presentó observaciones a la respuesta que Bolivia entregó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, sobre la pregunta realizada por el juez japonés Hisashi Owada por el concepto de "acceso soberano" durante los alegatos del juicio entre ambos países.

Tras participar en la inauguración del 7° Encuentro Binacional de ministros de Argentina y Chile en el ex Congreso Nacional, el ministro de Relaciones Exteriores se refirió al tema y recordó que "nosotros (el miércoles) entregamos la respuesta a la pregunta que hizo el juez Owada respecto del concepto de acceso soberano".

"Lo respondimos de manera clara y también nos referimos al impacto que esto tiene en el tema de la jurisdicción de la Corte", añadió.

Muñoz señaló que "recibimos la respuesta boliviana y nosotros hemos decidido hacer comentarios a la Corte sobre esa respuesta boliviana. Así que está hecho, fue entregado esta mañana (ayer) por nuestra coagente en La Haya (María Teresa Infante), y el lunes la Corte ha decidido dar a conocer tanto las respuestas como los comentarios".

Consultado sobre el contenido de los textos enviados por nuestro país, el secretario de Estado señaló que "lo verán en su momento, hoy día la respuesta y los comentarios están bajo reserva de la Corte" y aseguró que en el equipo jurídico están "absoluta y totalmente serenos".

Santiago y La Paz presentaron la semana pasada sus alegatos orales en la CIJ sobre la objeción preliminar presentada por Chile en julio de 2014 para impugnar la competencia del tribunal internacional en la revisión de la demanda marítima boliviana.

La diputada Karla Rubilar informó ayer que renunció a su militancia en Amplitud, luego de un año y cuatro meses de permanecer en sus filas. La parlamentaria explicó a La Segunda que su salida se debe a "diferencias políticas", argumentando que mientras su prioridad son los temas sociales, Amplitud se inclina hacia los temas políticos y "en la constitución del partido". El presidente de la tienda, Joaquín Godoy, lamentó la decisión y aseguró que "creemos que desde la política, y reivindicándola, es como vamos a poder mejorarle la calidad de vida a los chilenos".

La Fiscalía de Magallanes presentó ayer, ante la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, una solicitud de desafuero contra el senador independiente Carlos Bianchi, quien es investigado por los delitos de negociación incompatible y fraude al Fisco.

El requerimiento fue ingresado por el fiscal regional de Magallanes, Juan Agustín Meléndez, quien está a cargo de la investigación.

Según explicó el persecutor, la Fiscalía estableció que existen antecedentes para acusar al legislador y llevarlo a juicio por supuestas irregularidades en el uso de asignaciones parlamentarias.

El 10 de marzo pasado, Bianchi conoció los cargos por los que es indagado, quedando sin medidas cautelares debido a que el Ministerio Público no puede solicitar medidas precautorias mientras el senador goce de la protección con la que cuenta por ley.

En esa ocasión se establecieron 60 días de investigación y se decretó arraigo nacional para la cuñada de Bianchi, Victoria. Según la indagatoria, el parlamentario junto a su cuñada habría defraudado al Fisco en más de $ 45 millones por la vía del arriendo de una sede parlamentaria.

Origen del caso

La denuncia fue realizada en 2006 por el ex diputado por Magallanes Miodrag Marinovic, quien acusó supuestas irregularidades en el arriendo de una sede parlamentaria por parte de Bianchi en la ciudad de Punta Arenas.

Dicha propiedad pertenecía a la suegra del legislador, quien habría pagado un sobreprecio por el uso del inmueble.

Posteriormente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se sumó como querellante.

Bianchi es el primer parlamentario que enfrenta cargos durante el Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

También es investigado por los mismos delitos el senador del PPD Eugenio Tuma. Sin embargo, la indagatoria de la Fiscalía de La Araucanía aún no está formalizada.

A Tuma se le investigan presuntas irregularidades en época de campaña electoral denunciadas por Claudia López, en ese entonces jefa de gabinete del legislador.

El próximo 22 de junio, en tanto, será formalizado por delitos tributarios vinculados al financiamiento irregular de campañas políticas el senador de la UDI Iván Moreira, como parte del caso Penta. En esa oportunidad también será imputado Felipe De Mussy, diputado del mismo partido.

El vicepresidente y controlador del Banco de Chile, Andrónico Luksic, acudió ayer a la Fiscalía de Rancagua para declarar en calidad de testigo ante los persecutores que investigan el caso Caval, relacionado con la compra y posterior venta de tres terrenos en Machalí por parte de la empresa de la que es socia la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, Natalia Compagnon.

El empresario llegó pasadas las 15 horas a las oficinas del Ministerio Público para responder las consultas del fiscal jefe de O'Higgins, Luis Toledo, sobre la polémica reunión sostenida con Compagnon y el marido de esta e hijo de la Mandataria, Sebastián Dávalos.

Tras declarar por poco más de tres horas, Luksic manifestó a la prensa que el interrogatorio fue "bastante exhaustivo" y que espera que su declaración sirva para "esclarecer" los hechos.

Además, el ejecutivo descartó que haya existido irregularidades en la entrega del crédito de $ 6.500 millones a la sociedad Caval para la adquisición de terrenos en Machalí.

"Tengo la absoluta tranquilidad y puedo asegurarle que el banco actuó correctamente en todo este proceso", aseveró el presidente de Quiñenco.

Al ser consultado sobre si tuvo alguna conversación con la Presidenta Bachelet, Luksic recalcó que "lo he dicho muchas veces: jamás", y descartó haber pedido la presencia de Dávalos en la reunión.

El empresario declinó entregar mayores detalles de su declaración al fiscal.

La diligencia era una de las más esperadas del caso, luego de la comparecencia del hijo de la Presidenta Bachelet y su nuera, quienes ya explicaron al persecutor su versión sobre la cita.

La declaración de Luksic se sumó a la del presidente del directorio de la entidad bancaria, Pablo Granifo Lavín, quien acudió el miércoles ante el fiscal Toledo, ante quien estuvo por más de una hora.

El lunes pasado, en tanto, acudieron el subgerente de Grandes Empresas del banco, José Manuel Carvallo, y el gerente zonal de Grandes Empresas Metropolitana, Marcelo González, durante la semana pasada.

La cita sostenida entre Luksic, Compagnon y Dávalos se realizó en diciembre de 2013 y habría buscado gestionar la solicitud de $ 6.500 millones por un crédito para la adquisición, por parte de la sociedad Caval, de tres predios rurales cuyo valor aumentaría con una modificación al plano regulador de la comuna de Machalí.

Ayer, los abogados de Caval y Silca llegaron también llegaron a la Fiscalía de Rancagua para notificar acerca del acuerdo entre ambas entidades, con el fin de que este ponga fin a las diligencias por estafa que se iniciaron tras la querella presentada por la segunda de las empresas. Al respecto, el fiscal Toledo señaló que aún no toma la decisión de terminar con la arista, pues debe desarrollar "un par de diligencias más para estar en condiciones de tomar esa decisión". Respecto de los cheques incautados, sostuvo que el Tribunal de Garantía será el que determinará el destino de éstos.