Luego de declarar por más de dos horas ante el fiscal Luis Toledo en el marco de la investigación del caso Caval, el presidente del directorio del Banco de Chile, Pablo Granifo Lavín, aseguró ayer que la entrega del crédito por parte de la entidad bancaria a la empresa de la que la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet es socia fue "un negocio totalmente lícito".

El testimonio de Granifo fue solicitado con el objetivo de aclarar las circunstancias del millonario préstamo de $ 6.500 millones que el Banco de Chile le otorgó a la empresa de propiedad de Mauricio Valero y Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta.

La declaración de Granifo también tenía el objetivo de conocer su versión sobre la reunión entre los representantes de Caval y el vicepresidente del banco, Andrónico Luksic .

El presidente del directorio de la entidad bancaria dijo estar "tranquilo", tras salir de la Fiscalía de Rancagua.

Comisión investigadora

Ayer sesionó por segunda vez la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por el caso Caval. La sesión tenía el objetivo de definir la lista de invitados que asistirán a la instancia parlamentaria.

El diputado que preside la comisión, Gabriel Silber (DC), presentó una "hoja de ruta" del trabajo que seguirán. Así, se acordó que cada parlamentario le entregará a la secretaria una lista con los nombres de las personas que se quiere citar a la instancia, y que luego se irán seleccionando según la cronología de los sucesos que se investigan.

Durante la sesión se destinó gran parte del tiempo a la discusión sobre la posibilidad de enviar un cuestionario a la Presidenta Bachelet, lo que había sido anunciado por la UDI luego de que en marzo pasado enviaran siete preguntas que no fueron respondidas por la Mandataria.

Sin embargo, esa moción fue rechazada en bloque por los diputados oficialistas que integran la comisión, quedando descartada la opción en enviar las preguntas a Bachelet por siete votos en contra y cuatro a favor.

El diputado de la UDI, Felipe Ward, había explicado horas antes que decidieron enviar las preguntas desde esta instancia parlamentaria porque "tiene más fuerza enviarlo desde la comisión investigadora", aprobada por la Cámara.

Los equipos jurídicos de Chile y Bolivia presentaron ayer ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) documentación para responder a la pregunta hecha el viernes pasado por el juez japonés del tribunal, Hisahi Owada, respecto del significado de la expresión "acceso soberano al mar".

Así, ambos países cumplieron con el plazo impuesto por la CIJ, que caducaba a las 13.00 de ayer. La consulta fue realizada por el juez nipón el viernes durante los alegatos orales ante la corte.

La embajadora de Chile en Holanda, María Teresa Infante, fue la encargada de hacer llegar el documento con la respuesta chilena a la pregunta de la corte. Según consignó Emol, la diplomática realizó la diligencia a eso de las 6.00 de Chile.

Infante explicó a la agencia Efe que la respuesta de Chile señala que "lo que Bolivia pide es un acceso soberano al mar con territorio". Y agregó que eso es algo que Chile no está dispuesto a aceptar "al menos de manera obligada", como ha pedido La Paz en su demanda ante el tribunal de Naciones Unidas.

Infante explicó que "Chile presentó la documentación al secretario de la corte" y que ahora ésta "tiene que remitir la respuesta de Bolivia", la cual, según le consta, "también ha sido entregada".

Luego, una vez que el Gobierno de Chile reciba de parte de la CIJ la documentación de Bolivia -porque el tribunal actúa como un intermediario en esa comunicación- tendrá que contestar, precisó Infante.

Desde la delegación boliviana informaron que también hicieron entrega en la mañana de ayer su respuesta, la que solamente podía ser entregada por el agente Eduardo Rodríguez Veltzé.

El presidente del Senado altiplánico, José Alberto González, confirmó la diligencia: "Bolivia respondió por escrito lo que entiende por acceso soberano al mar. Ahora necesitamos ocho votos para que prosiga la demanda en La Haya".

El vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera, dijo el martes en rueda de prensa en La Paz que el documento "es una propuesta de consenso" entre el equipo jurídico que representa al país andino ante la CIJ y el grupo de exautoridades que asesoran al Gobierno en la demanda marítima.

La definición por escrito por parte de ambos países del término "acceso soberano al mar" responde a la pregunta que el juez japonés de la CIJ realizó al finalizar los alegatos orales el pasado viernes, pues consideró que se trata de un concepto que no se contempla dentro del derecho internacional.

Autoridades bolivianas aseguraron ayer que el futuro del litigio será definido con ocho votos de los 15 miembros de la CIJ. "Bolivia respondió por escrito lo que entiende por acceso soberano al mar. Ahora necesitamos ocho votos para que prosiga la demanda en La Haya", señaló el presidente del Senado boliviano, José Alberto Gonzales. El ex embajador de Bolivia en Francia, Carlos Antonio Carrasco, afirmó que el tribunal podría ahora reconocer su incompetencia, afirmarla o alegar que, por la complejidad del tema, posterga su decisión.

Según el último Índice de Transparencia 2015 que fue presentado ayer por Chile Transparente, los partidos políticos siguen teniendo nota roja en materia de financiamiento y línea programática, tal como mostró la evaluación el año pasado.

Según el informe, las 12 organizaciones políticas que fueron evaluadas promediaron un 2,5 (en una escala que iba del 0 al 7) en el ítem "actualidad país", mientras que en la materia "activos y pasivos", obtuvieron un 2,9, en "ingresos" un 3,9, y en "gastos" un 3,1.

El presidente de Chile Transparente, José Antonio Viera-Gallo, reconoció "el esfuerzo desarrollado por los partidos políticos para mejorar sus estándares de transparencia", pese a que destacó que "les queda mucho trabajo por hacer al respecto".

El estudio mide 23 indicadores relacionados con la transparencia y busca medir las acciones que realizan los partidos políticos para promover ese objetivo sin que haya un requerimiento por parte de los ciudadanos. En general, todas las colectividades promediaron un 4,3 en la evaluación.

El informe reveló que el PRO (6,89), PS (6,87) y RN junto al Partido Humanista (6,24) fueron las colectividades mejor evaluadas.

Mientras, el Partido Comunista (PC) es el peor evaluado, con un 0,85, seguido por la democracia Cristiana, que obtuvo un 1,39.

Entre las materias generales que evaluó el índice están la transparencia en estructuras y procedimientos internos, en ideología y posición programáticas y en financiamiento y vínculos con terceros.

Los resultados de esta evaluación llegan en medio de la crisis política que han generado los casos de supuesto financiamiento irregular de la política.

En ese sentido, el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, planteó que "actualmente el marco regulatorio de los partidos políticos chilenos es insuficiente y frágil en materia de transparencia y fortalecimiento de los partidos políticos".

"Aparte de introducir estándares de transparencia activa y pasiva para los partidos, será importante precisar y profundizar las competencias de distintas instituciones públicas en su relación a los partidos políticos, considerando en especial el rol del Servel, de los tribunales electorales, del Consejo para la Transparencia y del Servicio de Impuestos Internos", enfatizó.