Le tengo mucho respeto y aprecio al rector de la Universidad de Los Lagos, Oscar Garrido, sin embargo estoy en desacuerdo con su última columna, donde sostiene que la Reforma Educativa pone de "relieve la importancia de la educación a través de dos propuestas específicas, creando las universidades estatales de Aysén y O'Higgins y la creación de CFT's estatales a lo largo del país".

Me gustaría que el rector nos ilustrara sobre lo que pasó en el anterior gobierno de la Presidenta Bachelet con la universidad de Rengo y las opiniones del rector de la Universidad de Valparaíso al respecto. ¿Qué garantía hay de que será distinta la experiencia? ¿Por qué la Universidad Austral que ya tiene operaciones en Aysén no ha ampliado su oferta en esa región y por qué a pesar de pertenecer al Consejo de Rectores, no es la garante de la nueva institución? ¿Tiene peor acreditación que la estatal que la apadrinará? ¿Por qué en Los Ríos se optó por la Austral? Parece que por opinión de Consejo Nacional de Acreditación debería ser al contrario.

Entonces nos dicen que a nivel de CFTs el Estado tiene un rol fundamental y para guiar la formación de "calidad" se establecerán 15 instituciones (CFTs), uno por región. ¿El sólo hecho de ser Estatal asegura la calidad? Miremos la evidencia. Hoy hay más de 700 carreras técnico-profesionales ofrecidas por Universidades del CRUCH, ninguna acreditada. ¿Cuál es la acreditación del Instituto Profesional de Los Lagos? ¿Cuáles de sus carreras del Tecnológico están acreditas como carreras? ¿Cuáles del IP de Los Lagos? ¿Qué justificaría entonces que por ley nacieran licenciados y autónomos los CFTs Estatales, sólo porque tienen esas características? ¿Serán además acreditados por secretaria? La gente no es tonta, por algo en 30 años la matrícula en establecimientos públicos perdió 1 millón de estudiantes.

Por todo lo anterior, concuerdo con el rector Garrido en que la mirada debe ser hacia un mayor compromiso con la educación regional, pero no sólo a la universitaria, también a la profesional y técnica, así como apoyar la manutención en estudiantes rurales, para que la movilidad social sea una realidad y no privilegiar la gratuidad que atenta con ese objetivo. Cómo dice JJ Bruner, hay que poner los mayores esfuerzos en la educación pre-escolar, base de todo el sistema.

Víctor García Ossa

El gobierno ha dado a conocer hace algunos días los resultados del trabajo que entregó el Consejo Asesor Anticorrupción, organismo que elaboró durante 45 días varias propuestas. Se trata de un documento que en cinco capítulos aborda 21 temas relacionados con una agenda que apunta a la probidad en el desempeño de la actividad política de nuestro país.

El hecho se da luego de los duros momentos que ha debido enfrentar Chile, y particularmente el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, con casos como Penta, Caval y SQM, que han establecido vínculos discutidos entre los políticos y los negocios. Los casos se encuentran incluso, bajo el ojo de la justicia.

El economista Eduardo Engel encabezó el grupo de 16 integrantes que tuvo esta comisión asesora, cuyos resultados fueron dados a conocer por la mandataria, quien comentó que entre los temas que se presentaron en las propuestas están el financiamiento a la política, como también la necesidad de contar con un Servicio Electoral capaz de fiscalizar "con eficiencia y prontitud".

En la misma línea, se ahondó en problemas de probidad en instituciones como los municipios, la regulación del sector privado, el funcionamiento y reforma a la Alta Dirección Pública, el sistema de compras públicas, y la asignación de cargos públicos y los relacionados con las empresas.

En la ceremonia realizada en el Palacio de La Moneda, donde se entregó el documento, la Presidenta Bachelet hizo un mea culpa sentido, al reconocer que quienes están y hacen política en nuestro país están en deuda, al dejar que la fe pública se debilite.

Puede ser controvertido, pero fue necesario que los casos salieran a la luz pública para que nuestro país actuara de una forma distinta pero a la vez preocupante, teniendo que llevar al papel y a debatir en el mismo terreno, la manera como se puede enfrentar la corrupción e impulsar la probidad.

La Mandataria también ha comunicado al país los próximos pasos que seguirá, en la dirección por cumplir el sello que buscará dejar con su administración "una democracia más transparente, ética y legítima". Necesario es dejar por escrito esas normativas, pero más importante aún es que la clase política y empresarial entienda que es la ética la que debe regir sus actividades.