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El ambiente que viven los pescadores y habitantes de Caleta Manzano (ubicada a 11 kilómetros de Pucatrihue, a un costado del río Quihue en San Juan de la Costa) desde hace 3 meses no es precisamente de tranquilidad.

Ello, porque parte de la comunidad indígena Choroy-Traiguén está dividida en una disputa que ni siquiera la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) o las autoridades zonales han podido solucionar hasta ahora, pese a que ha existido mediación en el conflicto.

Por una parte se encuentra la asociación de pescadores "Costa Brava" de Caleta Manzano (integrado por 15 miembros) y por otra Adriana Elgueta Aucapán, dueña actual del terreno donde están asentados los pescadores desde hace varias décadas, quienes alegan que se les ha relegado a un pequeño espacio -que por títulos entregados a través de la Conadi- reconocen que no les pertenece como asociación.

terreno cercado

Marys Ancapán tiene 43 años y es nacida en el lugar donde por varias generaciones han vivido sus padres y abuelos, quienes se dedicaron a la pesca. Según sus palabras y desde que tiene memoria "desde hace al menos 50 años", dice, los pescadores de la caleta se han asentado a orillas del río Quihue, a pocos metros de la desembocadura de dicho cauce en el Océano Pacífico, para realizar trabajos de pesca y recolección de algas.

El problema, según Ancapán, se presentó en diciembre pasado cuando Adriana Elgueta Aucapán -también parte de la comunidad huilliche Choroy-Traiguén- compró el terreno que le pertenecía a otro integrante de la comunidad y donde siempre se había mantenido la caleta de pescadores. Tras ello, comenzó a cercar su terreno y así quedaron encerradas la bodega y los locales donde la asociación de pescadores vende sus productos y guarda sus botes e implementos de trabajo.

"Esto nos generó una baja en las ventas este año y en el acceso que los turistas tienen a nuestros locales", dice Marys Ancapán, quien indica que uno de los caminos por los que se accede en auto a la caleta quedó "cortado" con el cerco.

Eso sí, Ancapán señala que aunque cuentan con otro camino que rodea el terreno donde están ubicados (pasando por el borde del mar y luego del río) éste se inunda durante los meses cuando sube la marea, con el consecuente bloqueo del acceso a sus locales.

Entre sus alegatos, Marys señala que "es imposible vender el terreno de una caleta donde siempre se ha trabajado. Por lo mismo, hemos conversado con distintas autoridades, entre ellas el gobernador Gustavo Salvo y la Conadi, para ver la solución. El problema es que el gobernador nos señaló que esta señora estaba en todo su derecho, ya que poseía un título entregado por la Conadi y que todo depende de la voluntad de la actual propietaria del terreno".

Quien también se encuentra en contra de lo que está sucediendo es Hadys Ancapán, presidente de la Asociación de Pescadores.

Eso sí, para el dirigente el problema de fondo no se centra en la resolución que ha tomado Adriana Elgueta de cercar un sitio que legalmente le pertenece, sino más bien de Bienes Nacionales que entregó títulos mal medidos, que llegaban hasta la orilla misma del río y del mar, desprotegiendo un espacio que debería estar destinado al uso público o de las caletas en sí.

"Tal vez estas mediciones se hicieron hace años, cuando todavía no existían leyes que protegían estos espacios, por eso se produjo este error", manifiesta el lugareño.

Ancapán indica que estos son asentamientos que se han utilizado por largo tiempo para recolectar algas y pescando.

"La persona que era dueña antes que la señora Adriana, nunca nos hizo problemas para estar ahí, pero esta persona vendió y ahí comenzaron los conflictos cuando se comenzó a cercar", indicó Ancapán.

Dueña del terreno

Adriana Elgueta, desde la altura de un cerro, tiene acceso a una vista privilegiada: desde allí se aprecia la caleta, la playa, el océano y los mismos pescadores con quienes no ha podido llegar a un real acuerdo.

Según la contraparte del conflicto, el problema surgió hace tres meses cuando se fue a vivir al terreno que adquirió y donde el espacio en el que se encuentra la caleta estaba incluido.

"Mi intención no es estar en pugna con los pescadores, sólo quiero vivir tranquila, pero tienen que reconocer que este terreno me pertenece y si deseo cercar, es porque tengo temor de que poco a poco la asociación de pescadores vaya tomando con el tiempo más espacio", dice Adriana visiblemente asustada luego de, según sus palabras, haber recibido amenazas y agresiones por parte de algunos pescadores.

"Tuvimos una reunión como comunidad, donde asistió el gobernador de Osorno, la Conadi y otras autoridades", admite Elgueta, quien afirma que en la oportunidad se llegó a un acuerdo, donde se había generado un contrato entre ambas partes en el cual ella, como dueña del terreno, había accedido a entregarles en una concesión de 10 años dos hectáreas a los pescadores y algueros, para que se quedasen a trabajar. Ella se quedaba así con otra hectárea para manejarla en el tema de la recolección de algas junto a una sociedad que formó recientemente.

Uno de los mayores argumentos para cercar la caleta, según Adriana Elgueta, es que en primera instancia el terreno le pertenece, por lo tanto ella misma se pregunta "¿es que nunca voy a poder delimitar mi terreno entonces?".

Otro de los argumentos es que los pescadores efectivamente tienen una entrada al lugar y que ésta no se inunda durante la crecida del río, como ellos mencionan.

"Mire, yo accedí a la petición de ellos para dejarlos trabajar en la caleta que se encuentra en mi terreno, pero eso no significa que no puedo cercar el resto de mis tierras", concluyó.

mediación

Para Gustavo Salvo el tema de terrenos que se suscita en Caleta Manzano es más recurrente en la provincia de lo que se piensa.

"Este tipo de conflictos entre las comunidades es muy común y nosotros como gobernación estamos constantemente participando en la resolución de estos problemas", indicó Salvo.

En el caso específico de Caleta Manzano, la gobernación, mediante una serie de mediaciones, logró que finalmente se llegara a un acuerdo entre ambas partes en el conflicto, donde la dueña del terreno accedió a entregarles una parte para que trabajasen, pero todo finalmente volvió a cero con la instalación del cerco que volvió a reinstalar el conflicto entre ambas posiciones.

Por lo mismo, ya está agendada una próxima reunión en la que se volverán a discutir estos temas con el fin de resolverlos. Y si bien la Gobernación reconoce que Adriana Elgueta tiene la libertad de hacer lo que desee en su terreno, también admite que en este tipo de conflictos se debería tener en consideración que la caleta de pescadores ha existido desde hace varias décadas, por lo que habría que tomar en consideración este punto a la hora de solucionarse el tema.

"Durante el verano se llegó a un acuerdo cuando nos reunimos con Conadi, la Armada y la misma comunidad. Pensamos que se había llegado a un buen acuerdo, pero lamentablemente el cerco reactivó nuevamente el tema", concluyó.