En diciembre de 2014, Transparencia Internacional situaba a Chile y Uruguay como los países menos corruptos de Latinoamérica y los ubicaba entre los 21 menos corruptos del mundo. Sin duda que al conocerse los casos que se han develado en el presente año, la situación podría cambiar.

En el debate acerca del grado de corrupción que se da en el país suele predominar la convicción de que tales situaciones son excepcionales. Sin embargo, resulta preocupante que los estudios y las últimas revelaciones sobre el tema van mostrando cómo este problema parece estar más instalado de lo que se cree en el país, lo cual carcome la legitimidad de las instituciones y la confianza de la gente.

Tal vez estos casos no son nuevos, sino que estuvieron escondidos y cuando algo afloró no se le dio la verdadera importancia. De hecho, hace algunos años el ex Presidente Ricardo Lagos lanzó una desafortunada frase sobre los casos ocurridos durante su gobierno (MOP-Gate, MOP-Ciade, Corfo-Inverlink, EFE, sobresueldos), al decir que fueron situaciones puntuales, "dos pesos por aquí y cuatro pesos por allá". Ese punto de vista tiene un problema grave de fondo y es que pareciera significar que hay que acostumbrarse a ello. El fiscal nacional Sabas Chahuán señalaba que ya entre 2007 y 2008 se produjo un importante incremento en el número de causas de corrupción ingresadas al sistema penal, cuando la figura más recurrente era el fraude al Fisco.

La corrupción es un fenómeno complejo que atenta contra la institucionalidad, erosiona la confianza de los ciudadanos en los organismos públicos y puede llegar a desestabilizar el Estado de Derecho. Los casos que se han develado últimamente se refieren a enriquecimiento ilícito, uso de información privilegiada y al uso fraudulento de boletas de honorarios para financiar campañas electorales.

Hasta ahora la corrupción tiene baja penalidad en relación al daño social que produce, lo que limita sus efectos a multas irrisorias, que no alcanzan a los mandos superiores, ya que queda la sensación de que las sanciones "no llegan más arriba". El acostumbramiento y la indiferencia han sido siempre malos síntomas.

L a política chilena parece encontrarse en una suerte de callejón sin salida. Cada nueva boleta encontrada o contrato investigado suponen una palada más de tierra a su ya desmejorada imagen. El resultado obvio es que la opinión pública continúa distanciándose cada vez más de ella.

La Presidenta, cuya popularidad y carisma habían permitido -hasta ahora- disimular esa profunda desconexión entre los políticos y el ciudadano de a pie, ha resultado también profundamente tocada al conocerse el caso Caval. Incluso se hizo cargo del rumor sobre una eventual renuncia suya. No fue la mejor idea: contribuyó a incrementar aún más esa sensación de arena movediza que hoy en día parece inundar al espectro político completo.

Por otro lado, es indiscutible que para buena parte de los chilenos, ha resultado extraña la vinculación económica de partidos de izquierda con financistas ligados a la dictadura. Claramente hay un problema estético; pero hay, sobre todo, un inconveniente ético: solicitar recursos a quienes públicamente se ha denostado antes, no sólo implica renunciar a la coherencia; significa además desprenderse de la dignidad. Y, de paso, de toda capacidad para fiscalizar a ese grupo económico "benefactor". Por eso ahora, habida cuenta de la colonización transversal de los poderes económicos sobre el funcionamiento del legislativo, algunos han llegado a hablar, irónicamente, de "la bancada Soquimich" como la más numerosa al interior del Congreso.

Así las cosas, no son pocas las voces que anticipan que al paso que vamos, la sociedad chilena está extendiendo un cheque en blanco para la llegada de un proyecto populista de imprevisibles consecuencias. Pero hay también otras voces, provenientes de la academia, que han planteado realizar elecciones parlamentarias anticipadas el año 2016, lo cual implicaría que todos los congresistas en actual ejercicio pongan a disposición de la ciudadanía sus cargos de diputados y senadores. Sería una manera de relegitimar la actividad política. Y también de instalar en el Congreso a representantes más cercanos a eso que podemos llamar "estándar Mujica", en referencia al ex presidente uruguayo: servidores públicos sobrios y austeros. Y es que cuando se siente culpa por el pasado no hay más que dos caminos: sentir el deseo de reparar la transgresión o relativizar poco a poco la falta hasta el extremo de negarla.

Xavier Echiburú